Apenas seis meses después de haber llegado a la gubernatura, la administración de Quirino Ordaz Coppel anunció la compra del edificio Homex que está a un lado del estadio de Los Dorados. La inversión inicial sería por 174 millones de pesos. La intención, de acuerdo con el Gobierno Estatal, era trasladar a varias dependencias para ahorrar en contratos de arrendamiento. Sin embargo, un dictamen estructural presentado en marzo de 2018 señala que el edificio presenta “condiciones estructurales inaceptables”, por lo que la inversión para remodelación y adecuaciones se ha disparado a más de 300 millones de pesos.

Por Redacción De Primera Noticias.

En abril de 2017, el gobierno del Estado contrató a la empresa Servicios de Ingeniería Especializada, propiedad de Filiberto Báez Montes (hermano de Carlos Báez, titular de la Dirección de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaría General de Gobierno), para que realizara un Dictamen Estructural del edificio Homex que se encuentra en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a un costado del estadio de Los Dorados.

El objetivo era conocer el estado en el que se encontraba el inmueble, que había pertenecido a Homex y que pasó a manos de Grupo Financiero Inbursa en 2013 como parte del cumplimiento de deudas que la empresa constructora tenía con el banco.

Cuatro meses después, el 4 de agosto, cuando el dictamen aún no concluía, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y el banco Inbursa firmaron un contrato de compra venta del edificio a un costo de 174 millones de pesos (154 millones más 20 millones por concepto del impuesto al valor agregado).  El 11 de agosto, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, ofreció una conferencia de prensa para anunciar públicamente la compra del edificio.

Señaló que a dicho inmueble se trasladarían más de mil burócratas de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Ganadería y Agricultura y Secretaría de Salud, a más tardar en enero de 2018, una vez que estuvieran listas las remodelaciones y adecuaciones que necesitaba.

“Con esta acción pretendemos reducir algunos gastos, como rentas de los inmuebles donde se ubican ahora esas dependencias, pago de energía eléctrica y agua potable”, señaló Ortega Carricarte. Agregó que al firmar la transacción, el gobierno estatal había dado un primer pago de 77 millones de pesos y el resto lo pagaría en dos abonos más. Con esto, señaló, el gobierno estatal se ahorraría un total de 32 millones de pesos anuales, por lo que en siete años y medio la inversión sería amortizada al dejar de pagar contratos de arrendamiento.

El Dictamen Estructural que se solicitó para revisar las condiciones del inmueble y comprobar si valía o no la pena adquirirlo y a qué precio concluyó hasta marzo de 2018, casi 8 meses después de que el gobierno estatal anunciara la compra del mismo sin saber bien a bien en qué condiciones se encontraba.

El dictamen señala que para llegar a una conclusión se realizaron inspecciones al exterior, el suelo de los alrededores de la construcción, se buscaron daños estructurales visibles exteriormente, daños geotécnicos en áreas adyacentes al edificio, se examinaron todos los elementos encargados de soportar la carga vertical y cargas horizontales, se verificaron las vigas, columnas y muros que mostraban señales de fallas y se revisó si los techos presentaban desplazamientos en relación a su soporte vertical o desprendimiento de acabados.

La conclusión del dictamen de 170 páginas, con fecha del 9 de marzo de 2018, fue la siguiente: “Después de haber realizado la inspección estructural, levantamiento y modelación numérica por computadora del edificio en estudio, que es el principal motivo del presente dictamen, es importante mencionar que, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa por pruebas y mediciones físicas realizadas en el mismo la estructura del edificio presenta daños estructurales de moderados a mayores, así como daños no estructurales y deflexiones en vigas que sobrepasan los límites establecidos por reglamento. Se concluye […] que la estructura presenta condiciones estructurales inaceptables y que es necesario que se corrijan a la brevedad, mediante la aplicación de los refuerzos que se mencionan en este documento”.

“La intención era comprar el inmueble, resultara lo que resultara en el dictamen. Si tú lees el estudio es evidente que los ingenieros tienen serias dudas de la viabilidad de la obra. Incluso si el gobierno estatal no tenía el estudio final pudo tener la oportunidad de comunicarse con el ingeniero y preguntarle por un preliminar, si la situación estaba de acuerdo a lo que se planteaba en un origen o no. Un ingeniero estructural te puede decir fácilmente si la cosa va bien o mal. Y si te dicen que existe algún problema, pues, abstenerte de la compra”, señala el activista Ernesto Saldaña García, quien cuenta con el dictamen completo gracias a una solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia.

A los 174 millones de la compra, pronto se le sumaron otros 130 millones de pesos más para adecuaciones y remodelación al edificio B, mientras que el edificio A, en el que se centra el Dictamen presentado, se encuentra inhabitable, con daños que van desde cuarteaduras en las paredes hasta problemas en las vigas y losetas. Con esto, la inversión en el inmueble ya habría superado los 304 millones de pesos, pese a que Ortega Carricarte había señalado en un inicio que la inversión para las adecuaciones sería de 70 millones de pesos para dejarlo funcional.

“Debido a los resultados de inspección de campo y análisis numéricos, podemos afirmar que el edificio deberá someterse a un proceso de reforzamiento estructural, a fin de garantizar el adecuado comportamiento del mismo ante las cargas que se le pretende aplicar con el uso de oficinas”, señala el dictamen en el apartado 13 de las Propuestas de Refuerzo.

“Aparte de esto, que no se ha remodelado, solamente en colocar las estructuras para darle soporte al edificio A, se gastaron 90 millones de pesos. Estamos hablando ya de 394 millones. Ahora, yo tengo los documentos que señalan que para retirar las estructuras antiguas del edificio, el desmantelamiento, se contrató a una empresa de Navolato que cobró 15 millones. Ya van 409 mdp. La compra fue más costosa que si el gobierno del estado hubiera construido un edificio propio con los requerimientos que se ocupaban. A final de cuentas se gastó más dinero. Fue un gasto superior de lo que hubiera sido si se construye uno nuevo”, señala Saldaña García.

El activista no duda en decir que esta compra fue una decisión tomada por cuestiones políticas debido a que la adquisición del inmueble se hizo sin licitar, sin analizar otras propuestas más viables y económicas para las arcas públicas, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel fue directo a este edificio, aparte de que su compra no aparece en el Programa de Adquisiciones de 2017.