De nada le sirvió a Diana Giselle haber interpuesto una denuncia contra su pareja por golpes y amenazas. A pesar de la orden de alejamiento girada por la Fiscalía General del Estado y de que se solicitó a la SSPyTM que le diera protección policial, la joven embarazada fue asesinada el pasado 22 de septiembre afuera de su domicilio. Los familiares señalan que nunca vieron una patrulla De nueva cuenta, como en el caso de la joven que cayó a una alcantarilla en mal estado que ya había sido reportada ante las autoridades, la negligencia, desidia y omisiones cometidas por servidores públicos se volvieron cómplices en la muerte de una ciudadana inocente.
Por David Fuentes M.
Diana Giselle Piña Padilla, de 19 años, y Édgar Vladimir, de 23 años, vivían juntos en una casa de la colonia Valle Alto. Eran pareja y ella estaba embarazada de 16 semanas. En ese tiempo Diana comprobó que el padre de su futura hija era un hombre violento. En una ocasión Édgar vio una foto de ella en Facebook que no le gustó. La golpeó y la despojó de su celular. En otra ocasión la amenazó de muerte con una pistola. Tras varios episodios de violencia en los que Diana era golpeada, decidió escapar de su pareja para buscar refugio en casa de sus padres, en la comisaría de Bacurimí, sindicatura de Culiacancito.
La noche del martes 17 de septiembre, acompañada por su familia, Diana interpuso una denuncia por violencia y amenazas de muerte en contra de Édgar Vladimir ante la Unidad Especializada en Violencia Contra la Mujer de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). El miércoles 18, la Fiscalía impuso algunas medidas de protección para Diana que incluían una orden de alejamiento para su pareja y otra orden a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán para que realizara patrullajes de vigilancia en el domicilio de la joven.
Asimismo, policías de Investigación de la Fiscalía le entregaron al agresor una orden de alejamiento y un citatorio para que se presentara el 23 de septiembre, junto con su abogado, para que rindiera su primera declaración por la denuncia interpuesta por Diana. No obedeció las restricciones que se le impusieron. Entre el 17 y el 22 de septiembre acudió al domicilio de Diana por lo menos en dos ocasiones.
“Según iba a tener protección, iban a dar rondines con patrullas, pero nunca tuvo nada. De todos modos, él venía y se paraba en la moto, o en un carro”, declaró la abuela de Diana a medios locales. En esto coincide el padre de la joven, José Alberto Piña Soto, quien dio a conocer que las dos veces que vieron al agresor afuera de la casa, armado, esperando a que Diana saliera a la calle, llamaron al número de emergencia 911, pero las patrullas nunca llegaron. Incluso, señala que en una ocasión él tuvo que salir para ordenarle a la expareja de su hija que se retirara del lugar.
Horas antes del feminicidio, Édgar y Diana se estuvieron intercambiando mensajes por WhatsApp. Él le pidió perdón. Le decía “Amor, te quiero ver”. Le dijo que le quería regresar el celular que le había quitado en un arrebato de celos. Ella se negaba a verlo y le contestaba que ya era muy tarde. La madrugada del domingo 22 de septiembre, poco después de las tres horas, Édgar llegó a la casa de Diana en una camioneta negra, Chevrolet S 10, propiedad de su padre. Gritó su nombre desde la calle un par de veces. En el interior de la casa, la abuela, el padre y el hermano de Diana se despertaron. El padre se opuso a que su hija saliera. Pero cuando vio que Diana se preparaba para salir, solo alcanzó a decirle: “Mucho cuidado, hija…” Y quedó al pendiente de ella, junto a la ventana, al igual que la abuela y el hermano.
Diana y Édgar platicaron en la calle unos diez minutos. En un momento determinado, ella decidió cortar la discusión y regresar al interior de la casa. Es entonces que, presuntamente, Édgar sacó un arma calibre 9mm y disparó contra su pareja y futura madre de su hija. Ocho balazos. Siete balas penetraron en el cuerpo de Diana, en la cabeza, en el estómago, en el corazón. La familia de la joven salió inmediatamente a la calle al escuchar las detonaciones. Al mismo tiempo, Édgar corría hacia la camioneta estacionada al otro lado de la acera para emprender la huida.
Los balazos despertaron a los vecinos. Llamadas al 911 se reportaron desde varios domicilios. José Alberto abrazó a su hija, tirada en medio de un charco de sangre, le dijo que la amaba y que todo iba a salir bien, que la ambulancia ya iba en camino. Pero Diana murió casi al instante. Y el feto que llevaba consigo de 16 semanas de gestación tampoco sobrevivió. Cuando llegaron las autoridades encontraron el cuerpo de la joven cubierto con una sábana que los familiares le habían colocado. Peritos de la FGE recogieron ocho casquillos percutidos y dos balas calibre 9mm.
Mientras tanto, Édgar se dirige a la casa de un amigo en Valle Alto, a quien le entrega la pistola con la que ha matado a Diana. Al respecto se cuentan dos versiones: una que señala que el agresor le pide a su amigo que esconda la pistola y otra que asegura que el dueño del arma homicida es ese amigo y que se la había prestado. Sobre los siguientes pasos de Édgar también corren distintas versiones. Se dice que tras entregar el arma, se dirigió a la Central de Autobuses donde compró un boleto para viajar a Hermosillo, Sonora, donde pensaba esconderse. Sin embargo, fue detenido en Sinaloa la madrugada del lunes 30 de septiembre, 8 días después del feminicidio, algunas versiones señalan que en la ciudad de Guamúchil, otras que en el municipio de Mocorito.
Tras la aprehensión, fue trasladado al Penal de Aguaruto. Al día siguiente, martes 1 de octubre, fue presentado ante el juez de control en la audiencia inicial que se llevó a cabo en la sala A de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro, donde el Ministerio Público dio lectura a los cargos y lo acusó formalmente de los delitos de feminicidio agravado en razón de hecho y aborto en agravio del producto de la concepción.
El viernes 4 de octubre, en la continuación de la audiencia en el Juzgado, Édgar Vladimir fue vinculado a proceso penal con la medida cautelar de prisión preventiva, tanto por el delito de feminicidio agravado por relación de hecho y aborto, como por el de lesiones dolosas y amenazas. Esta segunda vinculado se deriva de la denuncia que Diana interpuso el 17 de septiembre por agresiones. Esta denuncia derivó en el inicio de una carpeta de investigación y en que se girara la medida de protección bajo el oficio 3443/2019 dirigido al Policía Municipal de Culiacán.
El Ministerio Público insistió en que se habían girado medidas de protección para Diana, dirigidas al director de la Policía Municipal de Culiacán, y que dichas medidas habían sido ratificadas por el juez de Primera Instancia de Control. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes, o no se cumplieron a cabalidad, y el resultado dejó a una familia enlutada y a una sociedad indignada por la negligencia de sus autoridades.