Al mismo ritmo que crecen los contagios y las muertes por la enfermedad COVID-19, sube como la espuma la inconformidad de los sectores económico y social porque los gobiernos federal y estatal han dejado solos a pequeños empresarios y ciudadanos ante la emergencia sanitaria que no está domada, ni aplanada en la curva, ni cede frente a políticos que ofrecen la saliva de sus discursos como única cura. Entonces todos desobedecen, retan a las autoridades y hacen lo que pueden, anticipando el caos generalizado.
Por Redacción De Primera Noticias
Los comerciantes en Culiacán, los hoteleros en Mazatlán y la industria en Ahome entraron en la fase de desesperación ya que todos juntos advierten del cierre de empresas con la pérdida de más de cien mil empleos y daños económicos que están por encima de los 20 mil millones de pesos. Por esa razón se han unido, desde el propietario de un changarro hasta el poderoso empresario, para mandar al diablo a las instituciones y planear la reactivación por cuenta propia.
La crisis económica se situó de pronto por encima de la preocupación por los contagios y decesos que deja el coronavirus. Los integrantes de la economía informal reinstalaron sus vendimias en la vía pública, la búsqueda del sustento incurre en la mendicidad al implorar en los cruceros unos pesos para sobrevivir y otro gran segmento, los ciudadanos, dieron por terminado el aislamiento y tomaron las calles y centros de reunión.
La situación de alarma en la economía no es menor que la alerta que persiste por COVID-19. De acuerdo a datos del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, el cierre de empresas y el desempleo que deriva se reflejarán en las próximas semanas con rasgos que nunca antes se habían visto, ni siquiera a consecuencia de los huracanes que han azotado al estado.
El 4 de junio la Cámara de Comercio de Culiacán y la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación lanzaron un ultimátum: sus negocios no pueden permanecer cerrados ni un día más porque están entrando en quiebra irreversible y ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el gobernador Quirino Ordaz Coppel implementan programas de rescate.
“Tenemos más de 60 días con un sector productivo paralizado en gran parte de sus áreas y sin recibir apoyos por parte de un gobierno irresponsable, ocasionando que la tolerancia de la sociedad esté llegando a su límite. No tenemos opción, el hambre y el caos están a la vuelta de la esquina”, alertó Edna Fong Payán, dirigente de la iniciativa privada en Culiacán.
Fue una queja en cadena. La planta productiva en general entró en rebeldía contra las disposiciones sanitarias mientras el gobierno en sus esferas federal y estatal dejó de dar respuesta, de hablar del caos que inicia. Quirino Ordaz Coppel abandonó de pronto sus tareas relacionadas a la pandemia y colocó en el centro de la actividad oficial el tema del nuevo estadio de futbol que tuvo un costo de 700 millones de pesos y el cambio de sede del Atlético Morelia para convertirse en Mazatlán FC.
“Si no han resuelto es porque son ineficientes y no tienen la preparación que deben de tener para atender la salud de la población, los tiempos ya se los dimos y ya no podemos seguir más tiempo con los negocios cerrados. ¿Cómo le vamos a hacer si no hay apoyos financieros, si no hay apoyos fiscales, si no nos dejan trabajar?, ¿qué es lo que quieren?, ¿que la gente se salga a delinquir, a robar, a asaltar, a saquear negocios?, ¿qué pretenden?”, emplazó Diego Castro Blanco, presidente de la Canaco en Culiacán.
El virus del coraje
El 2 de junio asomó el primer brote de violencia en comerciantes del centro de Culiacán. El choque con grupos policiacos que les evitaban entrar a sus establecimientos hizo que la tensión subiera al máximo y marcó el inicio de la cuenta regresiva de la impaciencia mientras ocurría lo mismos en las principales ciudades sinaloenses. La pérdida de credibilidad en los datos gubernamentales y el apego a la nueva realidad sacaron de quicio a los sectores productivos.
Los gritos de “¿quién nos va a mantener?”, ¡nos estamos muriendo de hambre!”, “¡déjenos trabajar!” se mesclaron con acusaciones del abandono en que las autoridades federales, estatales y municipales que “ni un peso nos han aventado siquiera mientras nosotros hacemos lo imposible por seguirles pagando a nuestros empleados”.
De la reunión que sostuvieron con el secretario del presidente municipal de Culiacán, ya que ni el alcalde Jesús Estrada Ferreiro los atendió, salieron con más indignaciones que soluciones ya que en lugar de ofrecerles opciones para soportar la crisis del sector comercio les hicieron el llamado a resistir mientras pasa la etapa de mayor daño del coronavirus.
“Él (el asistente de Estrada Ferreiro) solo nos escuchó, y la verdad nos tildó de locos, no nos dan una solución, un tiempo para solucionar este problema que estamos viviendo, porque todos los comerciantes del centro tenemos la necesidad de trabajar, esto va para largo, y lo que nos molesta es que nos digan que nuestros negocios no son esenciales”.
La chispa que prendió el fuego del descontento de los comerciantes tiene que ver con la decisión que tomó el gobernador el 18 de mayo consistente en levantar la ley seca y permitir que más de cuatro mil expendios de bebidas alcohólica retomaran la venta, a pesar de las críticas de que esa actividad no es esencial para los sinaloenses.
Los comerciantes de Culiacán traían desde entonces la espina clavada. “Por qué a nosotros sí nos cierran y abren los expendios, dejan que Coppel y Elektra sigan trabajando. Por hoy No queremos nada de golpes, esto es una manifestación pacífica para decirles que tenemos que trabajar. A la próxima ya no seremos tan comprensivos”, amenazaron.
La irritación continúa creciendo, igual o más que la enfermedad cuyo índice de letalidad y propagación no se detiene, así como tampoco cesa la actitud de desentendimiento del gobernador y los alcaldes que observan cómo la olla almacena más presión y nada hacen para desactivar los focos de inconformidad. Esto se volvió de un juego de vencidas entre la paciencia de los comerciantes y la indiferencia del gobierno.
Pandemia sin domar
En realidad, el Gobierno de Sinaloa, a través del secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, se ha cruzado de manos viendo crecer las estadísticas de contagio, nuevos casos y fallecimientos por COVID-19. Todo indica que el primero en rendirse fue el aparato gubernamental, inclusive antes que la población que de manera marginal sigue el encierro domiciliario, las medidas de prevención y mantiene la fe en que habrá programas de ayuda para soportar la contingencia.
Todo siguió igual. Quirino Ordaz Coppel no solamente dictó su propia “nueva normalidad” sino que blindó los oídos contra los reclamos de los sectores afectados, entre estos los médicos que siguen quejándose de la deficiencia de equipo para hacerle frente al virus. En algunos hospitales los doctores y las enfermeras se han declarado en rebeldía, poniéndose a tono con la insubordinación que crece en Sinaloa.
Algunos integrantes del personal de salud han procedido hasta con demandas contra los hospitales públicos que no les proporcionan equipo de seguridad y los exponen a adquirir la enfermedad. Hasta el 5 de mayo la Secretaría de Salud reportó 320 contagios de médicos, enfermeras y demás personal hospitalario de Sinaloa.
Ante esta situación, Efrén Encinas hace reiterados conocimientos a aquellos que corren riesgos al atender a los pacientes con Covid-19. En cambio poco habla de la desprotección de los trabajadores de la salud que en algunos casos ha pedido el retiro voluntario de sus puestos de trabajo en tanto bajan los niveles de propagación.
Otra realidad es la de familias cuyos enfermos son rechazados en centros de atención médica que alegan no tener cupo. Mientras la Secretaría de Salud ha mantenido la ocupación en hospitales COVID entre el 50 y 70 por ciento, es decir hasta con una tercera parte de camas disponibles, en los hechos se niega el acceso a enfermos que deambulan de un lado a otro demandando ser atendidos.
Fue hasta el lunes 8 de mayo que la Secretaría de Salud, obligada por la presión social, actualizó al día la disponibilidad de camas para contagiados por coronavirus. A ese día el estado de la infraestructura de salud era el siguiente: En Culiacán, el Hospital Civil tiene el 90 por ciento de camas ocupadas; el ISSSTE tiene el 81 por ciento de camas ocupadas; y los hospitales privados tienen el 92 por ciento de camas ocupadas, el Hospital General dispone de 102 camas libres; y los hospitales IMSS con 111 camas disponibles.
En Mazatlán, los hospitales IMSS e ISSSTE superan el 70 por ciento de su capacidad, pero tienen disponibilidad el Hospital General que tiene 58 camas disponibles; el Hospital de SEDENA con 42 camas disponibles; el de la Secretaría de Marina con cinco camas libres; y el Hospital Margarita Maza de Juárez con cinco camas disponibles. En Ahome, el Hospital IMSS se encuentra con el 95 por ciento de camas ocupadas; el Hospital ISSSTE con el 92 por ciento de camas ocupadas; y el hospital de la Secretaría de Marina con el 100 por ciento de camas ocupadas, mientras que sólo el Hospital General contaba con quince camas libres y los hospitales privados con seis camas libres.
Es decir, a la difícil situación de crisis sanitaria y económica, se la agregaban las crisis de desobediencia y del déficit de camas hospitalarias. Por esa razón algunos alcaldes, como es el caso de Aurelia Leal en Guasave, advierten que usará la fuerza pública si la población mantiene el desapego a las medidas para evitar mayores estragos por el coronavirus.