Fugas, homicidios, armas de fuego, autogobierno: los penales de Sinaloa rebosan de todo menos del control de las autoridades estatales. En el Estudio sobre Seguridad y Justicia realizado por la Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pueden apuntalarse los tópicos que han llevado al Gobierno del Estado al irremisible fracaso en la gestión de las cárceles, y sobre todo, ver que ha sido durante la administración de Quirino Ordaz Coppel cuando el sistema penitenciario ha sufrido más fugas, eso en un comparativo de los últimos 20 años. El Cártel de Sinaloa sigue con el control de los penales en el estado.

Por Santiago Rentería.

En los últimos 20 años, que abarcan cuatro administraciones estatales, desde Juan S. Millán Lizárraga hasta el actual Quirino Ordaz Coppel, se han fugado de las tres cárceles estatales de Sinaloa un total de 164 reos, la mayoría de ellos del Centro Penitenciario de Aguaruto, el cual también tiene el récord de más evadidos en un solo evento, cuando durante el jueves 17 de octubre de 2019, 47 convictos lograron escabullirse como parte del caos que ordenó el Cártel de Sinaloa para la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.

Lo anterior lo dio a conocer el Consejo Estatal de Seguridad Pública en un estudio sobre la seguridad pública y la impartición de justicia, que arroja números preocupantes en el estado. En los centros penitenciarios que gestiona la Secretaría de Seguridad Pública, hoy a cargo del teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, (Mazatlán, Culiacán y Ahome), desde hace años concurre el autogobierno de los presos, quienes a su vez obedecen órdenes de parte de los jefes de los grupos criminales que controlan la plaza.

De estas tres penitenciarías, es en el de la capital donde más prisioneros se han escapado desde 1999 a 2019, con un número de 111, siendo el actual gobernador y su administración la que más reporta, con un total de 55 personas fugadas de 2017 al 2019. En el primer año de Ordaz Coppel se fugaron en un evento poco aclarado cinco internos de alto perfil, líderes de grupo del Cártel de Sinaloa.

La noticia de la evasión fue dada el 16 de marzo de 2017, mientras en Culiacán se debatía una guerra total entre las huestes de los hijos del Chapo Guzmán y de Dámaso López Núñez. Los reos evadidos fueron: Juan José Esparragoza Monzón, Rafael Guadalupe Félix Núñez (Changuito Ántrax), Francisco Javier Zazueta Rosales (Pancho Chimal, muerto), Jesús Peña González y Alfonso Limón, El Poncho.

De los cinco fugados, tres de ellos contaban con un proceso de extradición a Estados Unidos. Un año después, otros dos reos federales de alto perfil se evadieron para burla del gobierno de Quirino Ordaz, pues prácticamente uno de ellos, Julián Grimaldi Paredes, compró a los jefes y custodios del centro penitenciario para que le abrieran la puerta junto con su compañero de celda, el Macaco Salmón.

De hecho, ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República concluyeron las investigaciones de estas fugas y hasta la fecha permanecen en la impunidad, sin que los reos hayan sido recapturados.

Después de Quirino Ordaz, al gobernador que más presos se le han escapado ha sido Juan Millán Lizárraga, ya que durante su gobierno se fugaron un total de 43 de los tres penales del estado. Con Jesús Aguilar Padilla, se evadieron de las cárceles 40 reos y con Mario López Valdez, solamente fueron 24.

Una de las mayores inversiones que ha recibido un penal estatal fue cuando en el de Aguaruto mandaron construir durante el 2018 un módulo especial para albergar a los reos de alta peligrosidad, con un gasto de más de 76 millones de pesos.

Sin embargo, toda esa inversión millonaria resultó ser una burla puesto que la fuga de Grimaldi Paredes y El Macaco provocaron un nuevo escándalo nacional, sobre todo al saberse la complicidad de guardias de seguridad que sacaron vestidos de policías a los dos reos.

HOMICIDIOS

Pero el estudio del CESP no sólo quedó en las fugas, también los homicidios y el hallazgo de armas dan la pauta para medir un poco la criminalidad que se registra al interior de las cárceles sinaloenses.

Así, en los tres penales, en los últimos 20 años, se cometieron un total de 133 homicidios, sin contar aquellos decesos en los que sólo quedó la sospecha, ya que en ocasiones los reos, para simular que no se trató de un crimen, cuelgan a las personas o en su defecto, entre varios, le inyectan sustancias en la sangre, así pueden simular un suicido o una sobredosis.

En el penal de donde más crímenes se han perpetrado en sus barracas y patios, es el de Culiacán, con total de 69 homicidios dolosos. El año que más asesinatos registró Aguaruto fue en el 2010, cuando se libraba todavía la guerra entre los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa. En ese año, las balaceras en la penitenciaria eran algo habitual.

Luego sigue la cárcel de Mazatlán, conocida como El Castillo, en la cual murieron de forma violenta 62 personas, de las cuales 34 fueron en un mismo episodio en 2010 también, cuando el Chapo ordenó masacrar a todos los internos vinculados con Los Mazatlecos.

Fue el 13 de junio de ese año cuando un grupo de reos tomó por asalto el módulo 21 en donde estaban confinados 29 presuntos integrantes del cártel rival, y con “puyas” y cuchillos masacraron a los internos. Sin embargo, después se sabría que las víctimas eran personas pobres que habían sido enganchadas por el crimen organizado.

Ese año, el último del gobierno de Aguilar Padilla, en Culiacán se cometió el 35 por ciento de todos los asesinatos de los 20 años que abarca el diagnóstico del CESP. Asimismo, en Mazatlán con la masacre de julio de 2010, también sumó el 55 por ciento de todo el histórico acumulado.

Cada año en su informe a nivel país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da a conocer que en los penales de Sinaloa se dan las condiciones de autogobierno de los reos, y que las autoridades establecidas mantienen altos niveles de corrupción. De ahí que estos “pequeños infiernos floridos” sean verdaderas coladeras por donde se suele filtrar desde drogas, armas prostitutas, etcétera.

ARMAS DE FUEGO

Pero para cometerse los homicidios son necesarias armas, objetivos bélicos que también sirven para ostentar poder y mando al interior de las cárceles. En el Centro Penitenciario de Aguaruto, curiosamente sólo fueron aseguradas por las autoridades estatales un total de 66 armas de fuego, y nunca se abrieron investigaciones de cómo entraban hasta las alcobas de las barracas.

En cambio, en el penal de Los Mochis solamente tres armas de fuego fueron incautadas en los 20 años que se han mencionado, lo que representa apenas un cuatro por ciento del total y en el penal de El Castillo en Mazatlán, contra todo que es el sitio donde se han cometido decenas de crímenes, sólo siete armas de fuego fueron recogidas por las autoridades.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que los centros penitenciarios en Sinaloa promediaron un seis.05 de calificación, lo que ubica a la entidad en el lugar número 28 del panorama nacional.

Los estados con peor índice de calificación fueron Tamaulipas (5.42), Guerrero (5.92), y Veracruz (5.94), también los estados con más alta incidencia delictiva y de control de territorio por parte de los grupos del narcotráfico.

Por el contrario, los centros penales mejor calificados fueron Querétaro (8.22), Tlaxcala (8.07), Coahuila (8.03) y Guanajuato (8.01), aunque este último estado ha sido el más violento de los últimos dos años.