Los números son escalofriantes: cada año unas 200 mil armas de fuego ingresan al país de forma ilegal a través de la frontera con Estados Unidos debido a una industria militar incesante que requiere, ante un mercado internacional competitivo y la falta de guerras en el mundo, de más conflictos domésticos. De este número de armas que nos llegan, el 70 por ciento provienen de las armerías estadounidenses. Así, cada día cruzan las fronteras mexicanas y llegan a manos de los cárteles al menos 567 armas. El “Jueves Negro” en Culiacán fue una muestra de la capacidad de fuego del Cártel de Sinaloa y la confirmación de que Estados Unidos continúa armando a los grupos criminales mexicanos en una loca carrera armamentista alentada por el mercado.

Por Redacción De Primera Noticias.

En la batalla de Culiacán del jueves 17 de octubre salieron a relucir por lo menos dos ametralladoras M2 Browning calibre .50, de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), armas de venta restringida incluso del otro lado de la frontera que terminaron en poder del Cártel de Sinaloa, y que sirvieron de ariete para la liberación de Ovidio Guzmán López por parte de la Guardia Nacional y la Policía Ministerial Militar.

Los fusiles pesados fueron detectados empotrados en dos camionetas tipo estaquitas, una color azul marino y otra blanca, las cuales tenían las cajas reforzadas con placas de metal y blindaje frontal: todo un tanque de guerra al servicio del narco.

Varios videos documentan el momento en que estas dos unidades con alto poder de fuego transitan las calles del Desarrollo Urbano Tres Ríos, enfrentándose con las fuerzas federales en su violento plan para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador soltara a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos menores de Joaquín El Chapo Guzmán, y quien junto con sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín, controlan la facción del Cártel de Sinaloa que pertenecía al capo sentenciado en Estados Unidos.

En una de las escenas más fuertes de la guerra desatada, se observa cómo el tirador de la ametralladora M2, también conocida como “Ma Deuce”, embiste a un vehículo Rino del Ejército por una de las calles del Tres Ríos. Ante el poder de fuego de los sicarios, los militares desbloquean la vialidad y permiten el paso de la estaquitas que acelera a toda velocidad.

Según la descripción del fabricante, esta arma mortal “es efectiva contra infantería, vehículos y embarcaciones sin blindaje o ligeramente blindados, fortificaciones ligeras y aviones a baja altitud.” Con estos fusiles pesados les dispararon a los helicópteros que sobrevolaron la ciudad, sin que dieran en el blanco.

Y es que este fusil de guerra tiene un alcance de 7.4 a 1.8 kilómetros, utiliza un cartucho de 12,7x99 (.50 mm), y pesa máximo 58 kilogramos. Por eso es de los favoritos de los ejércitos mencionados, su gran precisión ha sido elogiada por propios y extraños. Y en Culiacán resonó más que nunca el jueves en que el operativo de liberación de Ovidio Guzmán dio buenos resultados para el crimen organizado. Pero ¿cómo llegaron estas ametralladoras y las cientos de armas que portaba el ejército de sicarios de los Guzmán?

Creciente industria militar gringa

Después del petróleo, a nivel mundial la segunda actividad que más deja dividendos a los gobiernos —sobre todo al de Estados Unidos— es la industria militar. En tercer sitio está la economía flotante del narcotráfico, nunca registrado oficialmente su impacto, pero con una presencia real en los mercados nacionales e internacionales.

En cambio, la industria armamentista no genera ventas si en el mundo no hay conflictos. Gracias a que las leyes estadounidenses permiten la libre venta de artefactos bélicos en armerías, así como hacer subastas o los denominados “gun shows”, los cárteles aprovechan para agenciarse lo más selecto del mercado.

Según un estudio del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas, el modus operandis de las organizaciones criminales es conseguir todo tipo de armas a través de intermediarios que adquieren la mercancía de forma legal, sobre todo en estos “gun shows”, que son exposiciones de grandes cantidades de armas en espacios públicos, y donde se venden como si fuera “pan caliente”.

Incluso estos “festivales bélicos” se realizan con bastante regularidad en los estados americanos que colindan con México, como Texas, Nuevo México, Arizona y California. En un año se pueden llegar a registrar hasta 180 de estas subastas.

Pero eso no es todo. De este lado de la frontera, los datos recopilados tanto por organismos como por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EU (ATF, por sus siglas en inglés) muestran un panorama poco alentador y por demás demoledor: hasta el primer semestre de 2019 el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados calculó que en México podría haber alrededor de 15 millones de armas ilegales.

A eso se suma la declaración de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quien aseguró que en la última década (2009-2019) entraron al país unos dos millones de artefactos bélicos. En este mismo lapso las autoridades de todos los niveles confiscaron 193 mil armas.

Es decir, el Estado mexicano solo ha arrancado en esta última década cerca del diez por ciento de la capacidad bélica a las organizaciones criminales. Y en Culiacán quedó evidenciado al verse superado el Gobierno federal.

Cuando la SEDENA remitió los números de serie de éstas, la ATF confirmó que el 70 por ciento son de manufactura estadounidense, y la mayoría se compró en California, Arizona, Nuevo México y Texas, vendidos a intermediarios que luego se la revenden a los contactos de los cárteles, quienes son los que finalmente cruzan la frontera para entregarlas. Nada más en esos estados fronterizos, existe el registro de 22 mil 689 armerías. Un negocio creciente que difícilmente las grandes corporaciones de industria militar querrán dejar.

Del terror de las armas a la falacia del combate

Ante el terror implantado de las armas, que dejó un saldo oficial de 13 personas asesinadas, entre ellas tres militares, tres civiles y por lo menos 5 sicarios, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General del Estado dieron a conocer el dato a ciencia cierta.

En las decenas de videos, se observa al ejército de los Guzmán, presuntamente apoyados por personal de Ismael Zambada García, con fusiles como AK-47, AR-15 con aditamentos lanzagranadas .40 milímetros, armas cortas y equipo táctico.

De acuerdo con información obtenida por DeprimeraNoticias, la logística para el despliegue de cientos de hombres pertrechados montados en camionetas tipo Suv, Pick up y vehículos cerrados ya estaba planeada con antelación por Los Chapitos, desde la extradición de Joaquín Guzmán, los jóvenes liderazgos se fortalecieron como un clan unido, por lo que elaboraron una especie de “plan de contingencia” en caso de que alguien de la familia sea detenido.

El plan definido era justamente para Culiacán, en donde cuentan con una mayor capacidad de movilización, ya que en otra ciudad el número de reclutas podría complicarse. En la capital, el cártel cuenta con cientos de hombres que se pueden armar y salir a las calles en cuestión de minutos.

Informes de inteligencia del anterior gobierno federal señalan que uno de los motivos por los que la Secretaría de Marina junto con la DEA realizaban los operativos durante las madrugadas, era justamente para reducir los riesgos contra la población civil en un intento de rescate.

Pero además siempre buscaron hacer que sus objetivos, como en el caso de El Chapo, salieran de Culiacán, para evitar que sacara a sus ejércitos de sicarios. De ahí que la madrugada del 14 de febrero en que cayó la Marina en la capital, apoyado desde el aire con helicópteros artillados, la intención era hacerlo salir de la capital sinaloense, hasta que días después fue detenido sin guardia en Mazatlán. Lo mismo sucedió en Los Mochis en 2016.

Dentro de la cadena de errores del batallón de la Guardia Nacional y la Policía Ministerial Militar que cercaron la casa de Ovidio Guzmán en el Tres Ríos, estuvo no avisar de la acción al Gabinete de Seguridad ni al Alto Mando (menos al presidente López Obrador), pues se intentó hacer la captura a ciegas. De hecho, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, confirmó que se abrió una investigación para determinar responsabilidades en la cadena de mando.

Semejante gazapo que puso a prueba al Estado mexicano es, todavía semanas después, tema de discusión en el ring político: la oposición panista interpuso denuncia contra el presidente y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y desde el Senado se solicitó la comparecencia de ambos, cosa a lo que se dijeron dispuestos a hacer.

Según un recuento realizado por DeprimeraNoticias, las células de grupos armados provenían tanto del casco urbano de la ciudad, como de pueblos circunvecinos, Jesús María, Tepuche, Paredones, Costa Rica, Eldorado y Guamúchil. Pero la movilización también abarcó Badiraguato y El Fuerte, en donde balearon la sede policial y militar.

En los videos del C-4i, dados a conocer exclusivamente por Televisa, se observa que los bloqueos comenzaron en el Tres Ríos a las 2:50, todo con la finalidad de impedir que las fuerzas armadas sacaran a Ovidio Guzmán de su casa, y sucedió casi de manera simultánea de la hora en que se reportó el asedio al domicilio del hijo del Chapo. De ahí que los tiroteos se concentraron desde el puente del estadio de los Dorados pasando al Universitarios, luego avenida Álvaro Obregón y bulevar Enrique Sánchez Alonso.

Posteriormente el despliegue logístico fue cerrar la ciudad, rumbo al sur, quemando vehículos en la México-15 y Costerita, Obregón y Costerita, y tomar el control de las casetas de peaje de la autopista Benito Juárez, atrás del Aeropuerto, y la de Costa Rica, en donde un grupo de soldados del 8 Batallón venía circulando de Mazatlán al cuartel de la Novena Zona.

De esta manera, el operativo de rescate también asedió a la Novena Zona y a la Unidad Habitacional 21 de Marzo, en donde familias de soldados fueron amenazadas. De hecho, por lo menos 30 soldados fueron retenidos como represalia. La facción de los Guzmán supo dónde pegar, cómo hacerlo y cómo moverse.

Pero de acuerdo con testimonios de policías, no se trató de que no pudieran salir a combatir, sino que la orden desde el principio fue no enfrentarlos. “Nosotros fuimos enviados a la Fiscalía y nos dieron la orden de replegarnos”, confió un agente consultado.

Los militares y marinos también recibieron la misma orden: plegarse y solo defenderse en caso de ser agredidos. Según insistió toda la semana el presidente, todo obedeció a que no se quería un baño de sangre como en múltiples ocasiones.

El eco en Estados Unidos

Tras estos hechos que sacudieron al gobierno de López Obrador, la reacción de Estados Unidos fue proponerle un plan a México por la vía diplomática para el combate al tráfico de armas, tráfico que deja jugosas ganancias a la industria militar del otro lado de la frontera.

Fue el lunes 21 de octubre cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció junto con Alfonso Durazo y el Embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau la llamada “Operación Fronzen” (congelado) para “sellar las fronteras” y evitar que las armas de alto poder se sigan colando en territorio mexicano.

El gobierno estadounidense se “comprometió al esfuerzo para enfrentar de manera firme el tráfico de armas que opera de manera trasnacional y reiteraron su disposición de trabajar en planes de acción conjuntos y maximizar la eficacia de los esfuerzos a través de la inteligencia”.

La SSPC dio a conocer que nada más en 2018 se aseguraron en el país mil, 294 armas, en total 807 cortas y 487 largas.

Además, también aseguró 3.353 cargadores, 156.610 cartuchos, 41 granadas, dos lanzagranadas y un aditamento para lanzagranadas, “lo que representa su neutralización para evitar hechos delictivos”, señalaron las autoridades.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros seis meses del año, del total de víctimas de homicidio doloso en el país, el 72% perdieron la vida por arma de fuego. Mientras que en 1995 el 15 por ciento de las víctimas eran mediante el uso de otro tipo de instrumento, para este año el 70 por ciento de los homicidios se realiza con un artefacto de bala.

Desmantelan inteligencia antinarco

Nunca antes como durante los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los operativos antinarcos realizados de manera quirúrgica, como lo hiciera la Marina y la Policía Federal al descabezar la hidra de los cárteles mexicanos en el sexenio anterior, se había desmantelado tanto a la inteligencia en seguridad.

El operativo fallido de captura de Ovidio Guzmán López en Culiacán fue la “joya de la corona” de las pifias de los últimos diez meses, en que la maquinaria de inteligencia de seguridad que quedado relegada. La gravedad de la 'toma de la capital sinaloense' reside, según especialistas, en que se actuó sin cadena de mando, en donde el Gobierno nunca tuvo la “sartén por el mango”.

Cuando López Obrador anunció la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) bajo el argumento de que esta dependencia se dedicaba a espiar a los adversarios políticos del régimen y a los activistas, como lo quedó demostrado con el uso faccioso del sofwere espía Pegasus, también él apostó a diezmar la capacidad de recolección operativa de datos de los grupos criminales.

El gobierno federal asumió, sin datos objetivos, que el operativo para capturar al hijo del Chapo no necesitaría refuerzo aéreo y menos anillos de seguridad previos en la zona. Mucho menos cometer el error de novato de hacer una acción militar a una hora en que toda la ciudad se encontraba en intensa actividad social.

No solo Culiacán ha sido evidencia de este desmantelamiento gradual, también las regiones convulsas de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas han exhibido a la actual administración en desventaja. Al cambiar el marco operativo de las fuerzas armadas, bajo el discurso de “no a la guerra” y “sí a la paz”, México también empezó a dejar al grupo de expertos que se había formado al interior de la Secretaría de Marina, responsable de capturas estratégicas como la del Chapo Guzmán.

De ahí, por ejemplo, que el jefe de la DEA, Uttam Dhillon, acudió directamente a Sinaloa a un encuentro insólito con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y todos sus mandos locales. Oficialmente la Agencia Antidrogas no quiso emitir una postura, pese a las suspicacias que surgieron, pero lo anterior tiene una base sólida en las declaraciones del ex director de esta dependencia estadounidense, Jack Ridley, quien prendió el debate:

“El presidente de México acaba de hacer un pacto con el diablo, él esencialmente le dice al Cártel de Sinaloa: ‘Ustedes son los que mandan’”, expuso en declaraciones a medios americanos.

Mientras tanto, la opinión pública sigue cuestionando el papel de la DEA y las agencias mexicanas de inteligencia no solo en los hechos de Culiacán, sino en la falta de estrategia general para diezmar la capacidad criminal de las organizaciones de narcotráfico en el país.