El pasado 9 de julio, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y se reformó el Código Penal del Estado de Sinaloa para tipificar este delito hasta por doce años de prisión a los responsables de desplazar a civiles de sus lugares de origen. Sin embargo, a pesar de que la legislación es muy garantista, lo cierto es que los diputados sólo aprobaron “en el papel”, sin crear mecanismos para su cumplimiento y mucho menos asignar presupuesto que saque adelante a miles de familia que peregrinan por Sinaloa en busca de un asidero donde descansar después de incontables tribulaciones. Actuar así, como este Congreso, también es revictimizar a las víctimas.?

Por Santiago Rentería.

Don Cristiano se preparó esta mañana dos huevos estrellados con ajo y cebolla dorada. Armado con una tortilla, devora el platillo cocinado en un anafre elaborado con un tambo de lámina. Está bajo un cobertizo improvisado con una lona de una campaña política de años pasados.?

“Hay que comer huevitos con mucha cebolla y ajo, ahí dicen en las noticias que el ajo y la cebolla son buenos contra el coronavirus”, dice mientras recibe a los visitantes.?

Su pequeña choza, que no alcanza a ser nombrada casa, está levantada en la etapa II de la invasión conocida como Cuatro de Marzo, pero esta parte se encuentra en realidad a espaldas del abandonado Parque Temático, a la derecha del bulevar Rolando Arjona y a unos metros de la vía del ferrocarril.?

“Yo soy de La Noria, Mazatlán, me vine hace años por la violencia, había mucha delincuencia y no había trabajo”, cuenta mientras mastica los alimentos.?

Ahora vive en una choza construida con pedacería de lo imaginable: pedazos de lámina que fue recogiendo en la basura, troncos de árboles que él mismo taló en la ribera del río Culiacán, lonas de campañas políticas, trozos de polines regalados en talleres: aquí la imaginación le dio todo para fincar esto que llama casa, pero que al final, es algo que pugna por ser suyo.

“Nunca tuve una casa propia, siempre vivía de renta, y ahora esto pues ya puede ser mío si es que no nos sacan”, dice.

Para estar aquí, “batallando” contra los elementos y sobrevivir, cuenta Cristiano, es necesario contar con un documento que acredite que no tiene ninguna otra propiedad en otra parte, es decir, que confirme que él y su familia, su hijo en este caso, realmente requieran de un terrenito para vivir.

“Hay gente que a lo mejor viene y pone una casita nomás para disimular, pero en realidad no necesita casa; mi hermana es viuda y ella sí necesita de una casita en la que vivir, por eso le estoy ayudando a construirla”, relata un hombre que esta mañana descansa bajo un techo de lámina galvanizada, en la etapa 3 de la colonia improvisada.

A don Cristiano, con sus serios más de 70 años, se le pregunta cómo es dormir en una choza como la suya.

“Pues a' i tengo un abanico, y cuando llueve no hay goteras, hasta eso que está maciza la construcción; yo soy albañil y ojalá el gobierno nos ayudara para hacer un cuartito de material”, refiere.

Así como Cristiano, esta franja que se despliega a través de cientos de metros paralela a las vías del tren, entre la Cuatro de Marzo y Juntas de Humaya, alrededor de otras 150 familias luchan por tener un trozo de patrimonio en Culiacán, una ciudad que se ha convertido con el paso de los años en una especie de “ciudad refugio” para las personas que llegan desplazadas de distintas partes de Sinaloa.

En esta zona hay familias enteras de Badiraguato, de Mazatlán, de Sinaloa de Leyva, de Cosalá y de otros puntos de la geografía serrana que a veces es imposible abarcar. Todos tienen el común denominador que son desplazados por la violencia del crimen organizado, por la falta de trabajo, por la incertidumbre de que vivir allá, la vida se podría escapar en cualquier momento.

“Pues haber cuándo se aplica esa ley que dice usted que aprobaron los diputados, porque aquí no ha venido nadie a ayudarnos”, apunta de manera amarga don Cristiano, al momento en que se levanta para atizar el fuego de la hornilla donde cose unos frijoles.

UNA “LEY MUERTA”

“No, oiga, no sabía que había una ley de lo que dice”, suelta don Cristiano cuando se le pregunta si sabe que el Congreso del Estado aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Sinaloa.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel la decretó en el Periódico Oficial el 21 de agosto pasado, es decir, hace apenas casi dos meses.

Sin embargo, aunque el marco legal ya en vigor es bastante garantista con las víctimas del desplazamiento forzado en el estado, y además debería obligar a las autoridades de los tres niveles de gobierno actuar en lo inmediato para apoyarlas de manera integral, lo cierto es que los desplazados parecen continuar revictimizados por una legislación que sencillamente no se aplica, es, como se dice comúnmente: “Letra muerta.”

La violencia en contra de las personas en situación de desplazo no solo comienza cuando grupos armados del crimen organizado obligan a las personas a abandonar sus pueblos, sus casas, sus animales, todo su patrimonio: también se convierte en violencia institucional cuando el Congreso legisla solamente para el papel y cuando gobierno no realiza el ejercicio de lo que la ley mandata.

Es más, para las familias desplazadas de Tepuche, sobre todo de la comunidad de Bagrecitos, debería entrar en vigor el delito tipificado en el Título Quinto, artículo 175 Bis, el cual se adicionó para que la Fiscalía General del Estado pueda castigar penalmente a los responsables del desplazamiento.

Pero al igual que el resto de los desplazados del estado, se trata de familias invisibles para la oficialidad.

“Nosotros no existimos, somos invisibles”, suelta una ama de casa que hace años tuvo que abandonar su casa en la sierra badiraguatense.

¿QUÉ DICE LA LEY?

Desde los primeros artículos de la Ley de Desplazamiento Forzada en vigor, se establece que el gobierno de Sinaloa y los ayuntamientos deben garantizar “la prevención, protección, ayuda y asistencia de las personas” que sufren este delito que ahora se tendría que castigar con hasta doce años de prisión a quien lo promueva.

También los entes públicos y de seguridad deberían “intervenir para proteger y recuperar el patrimonio de las personas desplazadas”.

“Implementar soluciones duraderas, priorizar la ayuda a mujeres embarazadas, niños (sobre todos los no acompañados)”, entre otras situaciones que la ley debería obligar.

Sobre todo, el artículo 13 de la Ley establece que el Gobierno del Estado con la concurrencia de los ayuntamientos, debe y tiene que apoyar a las víctimas de desplazado con sus necesidades más básicas, por ejemplo:

“Alimentos, agua potable, alojamiento, ropa, servicios médicos y tratamientos”. Esto nada más para empezar con el manejo de las víctimas.

Pero el punto es que, para que esto sea posible, la Ley prevé que los desplazados tendrían que ser apoyados con estas necesidades por la Comisión de Atención a Víctimas, la cual se ha convertido solamente en un cascarón vacío debido a que el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, le escamotea los recursos asignados por el Congreso del Estado.

Lo mismo la Secretaría de Desarrollo Social, a la cual se le autorizó un fondo emergente por el Congreso para 2020 de 40 millones de pesos para vivienda en beneficio de los desplazados.

“Uhhh menos sabía eso de los 40 millones de pesos, ojalá llegara una ayudita aquí con nosotros”, dice don Cristiano, cuando se le informa de este dinero presupuestado para construcción de vivienda.

Una solicitud de acceso a la información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Social, arroja por lo pronto que este fondo monetario no ha sido ejercido durante 2020, a pesar de que el titular de la SEDESO, Ricardo Madrid Pérez, ha posteado en su cuenta de Twitter que trabajan en la dispersión del recurso.

En Mazatlán, el sábado 10 de octubre, decenas de familias desplazadas salieron a protestar cansadas de mentiras de que ya pronto tendrán la gestión de la vivienda.

Uno creerá que es gente que no es víctima, pero por muchos años, eran las víctimas invisibles de las guerras del narco, las que nadie cuenta, porque el Estado mexicano simplemente le ha negado el derecho a ser reconocidas como víctimas del delito. Y ahora el Congreso junto con Gobierno, las revictimizan al negarle lo que ya “en el papel”, por derecho les corresponde.