Los concesionarios de estadios no pagan el impuesto del ocho por ciento por boleto o reportan cantidades muy bajas de boletos vendidos. No hay inspectores que vigilen cuántos aficionados ingresan a los partidos para determinar el monto a pagar a los ayuntamientos. El Gobierno del Estado asegura que la inversión en los estadios con dinero público contribuye a bajar el costo de los boletos, pero la realidad es que los estadios remodelados son más caros para la población que es la que construye dichos estadios.

Por Santiago Rentería.

Los concesionarios de los estadios de futbol y beisbol en Culiacán se resisten a pagar el ocho por ciento de impuestos al Ayuntamiento por concepto de venta de boletos o entregan datos falsos del número de aficionados que ingresan a los recintos en cada evento deportivo.

En diciembre pasado, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro dio a conocer que esta evasión contribuye a que el ayuntamiento no cuente con recursos suficientes para obras y servicios públicos y que los empresarios, en lugar de cubrir el impuesto correspondiente, solo entregan boletos de cortesía que no sirven de nada para las arcas públicas.

Estrada Ferreiro indicó que cuando Aarón Rivas Loaiza era alcalde de Culiacán (2012-2013), la comuna firmó un convenio con el equipo de Los Tomateros para evitar este impuesto a cambio de boletos gratis, situación en la que se encuentran muchos otros empresarios del municipio que cuentan con exenciones y apoyos fiscales.

Los activistas sociales Ernesto Saldaña y Gabriel Campos denunciaron en 2018 que la familia De Nicolás y el Grupo Caliente no cumplieron con lo acordado para obtener la concesión del estadio Banorte de Los Dorados, de invertir al menos 40 millones de pesos para obras de infraestructura y ampliación del recinto, mantener el estadio en buenas condiciones y ayudar al gobierno en campañas de promoción al deporte entre la juventud, entre otras medidas.

Saldaña comentó para De Primera Noticias que hay muchas irregularidades en cuanto al cumplimiento de la Ley de Hacienda de Sinaloa que marca cuáles son las obligaciones que tienen todos los eventos masivos (no solo deportivos sino de espectáculos o entretenimiento como conciertos, ferias, circos, etc.) que recauden más de 20 mil pesos diarios para con los ayuntamientos, pero lo más grave es que el Ayuntamiento no cuenta con interventor que fiscalice el número de boletos o aficionados en cada partido o evento, esto lo realizan los empresarios.

“El gobierno no ha renovado la concesión al estadio de Los Dorados, pero ha seguido permitiendo que ahí se hagan partidos de futbol sin que la contraparte pague lo correspondiente. La Ley de Hacienda del estado de Sinaloa marca en los artículos del ocho al catorce las obligaciones que tienen todos los espectáculos. Los que recauden mas de 20 mil pesos diarios están obligados a pagar el ocho por ciento del impuesto sobre el costo total del boleto”, señaló.

Agregó que entre 2014 y 2019 el Club Dorados ha entregado montos bastante bajos con respecto a las entradas que supuestamente han tenido en sus partidos. Señala que están reportando un promedio de 2,500 espectadores por evento cuando en un partido normal la cifra de aficionados oscila entre ocho mil y diez mil espectadores, que puede llegar hasta los 18 mil espectadores en los partidos de las finales.

“Estoy tomando el promedio de un boleto de 200 pesos, porque sabes que hay boletos de 125, 150, otros de 250, hasta boletos de 400 pesos. Estoy hablando de que cada aficionado que entra al estadio estaría aportando 16 pesos a las arcas del municipio. Lo que encontré fue que por los partidos, los concesionarios reportan cantidades de 16 mil, 20 mil, 25 mil pesos, que están muy por debajo de lo que tendrían que reportar al ayuntamiento”, comentó.

“Vamos a suponer si a un partido entran ocho mil aficionados, a 16 pesos de impuesto por boleto, estaríamos hablando de 120 mil, 130 mil pesos por partido lo que se recaudaría por el impuesto de ocho por ciento. En un lleno, en una final de futbol, estamos hablando de 350 mil pesos lo que se esperaría, y si son tres, cuatro llenos, nos vamos a más de un millón de pesos. Entonces a lo largo de estos años no se ha estado recaudando lo que se esperaría”, señala.

Saldaña agrega que solicitó a la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Culiacán información con respecto a quiénes eran los interventores que por ley se deben encargar de comprobar el número real de aficionados que ingresan a los estadios para determinar el monto a pagar al municipio.

“El ayuntamiento de Culiacán me dijo que no hay interventores. Y la Dirección de Ingresos me indicó que la información era inexistente. Entonces, ¿quién verifica el número real de espectadores en los eventos deportivos? Deberían de ser ellos. La ley obliga a los ayuntamientos a tener inspectores. Sin duda, ha habido complicidad entre municipios y empresarios de los estadios para no aplicar la ley”, asegura.

En esta tarea también podrían intervenir los síndicos procuradores, que tienen la obligación de vigilar el comportamiento de los alcaldes y que no sucedan actos de corrupción en las administraciones locales. En Culiacán los últimos síndicos han sido Irma Moreno Ovalles (durante el gobierno de Sergio Torres Félix), Sandra Lara Díaz (en la administración de Jesús Valdez Palazuelos) y Sandra Martos Lara (durante el presente gobierno de Estrada Ferreiro).

El cinismo de Carricarte

El secretario de Administración y Finanzas de la administración de Quirino Ordaz Coppel, Carlos Ortega Carricarte, aseguró en reciente entrevista con Noroeste que la inversión del Gobierno estatal en los estadios de beisbol en Mazatlán y Los Mochis, así como en los de futbol en Culiacán y Mazatlán, sirven para que: “los boletos de entrada no cuesten tan caros”.

“Si se quiere un estadio en la localidad se requiere un subsidio, como sucede todo el país, en todas partes del mundo, se requiere subsidio de parte del Estado, porque si no tendrían que subir las tarifas a un precio que no sería suficiente para que ingresara la gente, no tendría acceso la gente a esa tarifa, probablemente tendría que duplicarla”, expresó.

Al respecto, Saldaña señala que ocurre precisamente lo contrario y el antecedente más inmediato que se tiene es el estadio de Los Tomateros de Culiacán, donde el costo del boleto se incrementó en un 50% con el pretexto de la inversión que se hizo en remodelación y por la cual los empresarios no pagaron ni el diez por ciento.

“Y también lo vamos a ver en Mazatlán con el nuevo estadio donde el precio del boletaje se va a incrementar. Ha sido cínica esa declaración de Carricarte porque se ha subido el precio del boletaje abusando del aficionado y deje usted, con dinero público que han invertido en el estadio: negocio redondo para el espectáculo porque el deporte profesional no está fomentando el deporte amateur”, indica.

El activista agrega que se interpuso una denuncia ante la actual síndico procuradora, quien turnó la investigación al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, del cual recibió respuesta el pasado 4 de junio en donde le expresan que tienen conocimiento de dicha denuncia.

“Esperemos que el Órgano de Control no actúe facciosamente porque si los anteriores alcaldes ante las omisiones fomentaron este tipo de delitos, esperemos que no haya aquí un sesgo político, un sesgo de interés y se hagan las investigaciones en forma imparcial, objetiva y profunda. Yo como ciudadano ya hice lo que me corresponde y dejo la mano a la parte legal”, concluye.