Colectivos logran 36 amparos contra la FGE por no buscar a los desaparecidos
Publicado el: 07/10/2019 01:11:37 p.m. en
Colectivos logran 36 amparos contra la FGE por no buscar a los desaparecidos
 

 

“Hay en Culiacán cinco investigadores en la Fiscalía. Entre tantos casos de desaparecidos es ilógico que cinco investigadores se estén encargando de todos los expedientes. Queremos poner en evidencia la falta de investigación, o que de verdad contraten personal, o que se haga un tipo jurisprudencia para que, así como estamos en alerta de género, que también haya una alerta para el tema de los desaparecidos.”

 

 

Por Sergio Ramos.

 

 

Familiares de personas desaparecidas en Culiacán han interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación 36 amparos para que la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda lleven a cabo investigaciones “creíbles y eficaces” para la localización de las personas desaparecidas en la entidad.

 

 

Yesenia Rojo Carrizoza, abogada y activista de Sinaloa, ha tramitado en los cuatro juzgados de distrito de Culiacán los amparos a favor de los familiares de las víctimas, quienes tras la denuncia interpuesta por la desaparición, no vieron ningún avance en las investigaciones que tendrían que llevar a cabo los agentes de la FGE.

 

 

Para estas personas, la única esperanza ha sido integrarse a alguno de los colectivos que operan en Sinaloa y que, en la mayoría de los casos con recursos propios, buscan incansablemente a sus familiares, vivos o muertos, labor que suple por completo la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia a toda la ciudadanía. 

 

 

 

De Primera Noticias (DPN): ¿Cómo se dio el proceso para empezar a tramitar estos recursos de amparo ante el Poder Judicial de la Federación por los casos no investigados por las autoridades estatales?

 

 

Yesenia Rojo Carrizoza: A mí me llamaba la atención como abogada que cuando había un desaparecido los familiares ponían la denuncia, pero pasaban los días y no sucedía nada. Yo incluso les preguntaba a los familiares si ya habían rastreado el teléfono del desaparecido o si había alguna cámara de seguridad en el lugar donde se lo llevaron. Situaciones que por lógica se tienen que revisar. Recuerdo que les dije a las del colectivo Sabuesos Guerreras que necesitábamos presionar de alguna manera a las autoridades. Y se logró poner una mesa de trabajo con la Fiscalía General del Estado luego de que tomamos algunos eventos. Se implementó una revisión de los casos, lo que quiere decir que el colectivo le dio una lista a la Fiscalía de los expedientes que tiene para que se revisaran las carpetas de investigación. Pero el Ministerio Púbico al empezar a leer la carpeta siempre empezaba diciendo lo mismo: quiero aclararle que esta carpeta yo la acabo de tomar, o sea, al otro MP lo cambiaron. Y empezar a revisar carpetas y ver que no había investigación, nunca, nunca, en ninguna carpeta había investigación, era muy frustrante.

 

 


Nada más quedaba legalmente asentada la desaparición de la persona y ya.

 

 

Así es. Quedaba la denuncia pero ni siquiera una línea de investigación. Desde que empezaron los colectivos los MP han querido justificar su trabajo yéndose con los colectivos de búsqueda, y eso es lo que presentan como trabajo, pero ninguno tiene una línea de investigación ni para encontrar a la persona desaparecida ni mucho menos para dar con el responsable. Para mí como abogada eso fue muy fuerte. Las investigaciones no se hacen. Yo empecé a imaginarme una opción jurídica para presionar a la Fiscalía. Entonces empecé a investigar el tema de los amparos. En Sinaloa no había antecedente de que alguien se hubiera metido por ahí. Y pues yo no quería presentar un amparo y que me lo rechazaran. Quería ir a lo seguro. Comencé a acompañar a María Isabel a eventos para ver si alguien lo había hecho ya, y sí, en Jalisco hay una abogada que, por cierto, está amenazada de muerte, que había logrado muchas cosas por medio de amparos. También encontré apoyo en Ciudad de México con el representante del colectivo AEQUUS, Víctor Caballero Sierra, y con la ayuda de él y de la abogada de Jalisco armamos un amparo y lo presentamos en los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación en Culiacán. Fue un amparo por el delito de desaparición forzada pero el acto reclamado es la omisión de la Fiscalía de Sinaloa en la investigación.

 

 

Este primer amparo es por la desaparición forzada de quién.

 

 

Yo conocí a la madre de este desaparecido cuando trabajaba en el Frente Cívico. Esta señora fue a pedir ayuda. En ese entonces yo ya tenía más o menos bien armado lo del amparo. La acompañé a presentar la denuncia y le expliqué lo que podíamos hacer, sin darle ninguna garantía de nada, era a ver qué pasaba con este amparo. Alejandro Portillo Bojórquez se llama el muchacho desaparecido. Esto fue hace tres meses. Desapareció aquí en una colonia cerca de CU, trabajaba en un puesto de hamburguesas y saliendo de trabajar se fue caminando a su casa, vivía como a cinco calles, y ya no llegó a su domicilio. Al presentar este amparo nosotros pusimos como autoridad responsable a la Fiscalía y también a la Comisión Nacional de Búsqueda porque estábamos señalando como acto reclamado la omisión en la investigación, y también la omisión en la búsqueda porque tenemos autoridades responsables en investigar, pero también tenemos autoridades responsables en buscar al desaparecido. Ninguna de las dos estaba habiendo nada. Entonces pues sí nos admitieron el amparo inmediatamente, el mismo día, y le pidieron a la fiscalía un informe en 24 horas, que lo presentara en 24 horas y que dijera qué estaba haciendo para buscar al desaparecido, y también al comisionado estatal de búsqueda, Juan Carlos Saavedra. Aparte le dieron vista al MP Federal, lo cual para mí fue un gran éxito porque no nada más le estaban pidiendo informe a la fiscalía, le estaba diciendo al MP federal, oye, aquí está un delito de desaparición forzada, entonces el MP Federal tiene que iniciar una carpeta por su cuenta, lo que significa que el caso ya es federal. Y al ser el caso federal ya la investigación avanza con fuerza, avanza porque ellos sí investigan. Empiezan a mandar informes a todas las autoridades de todas partes y a presionar a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía. El caso es que nos admitieron este amparo y pues sí, estoy segura que en la fiscalía ese expediente lo tienen a la mano, y de hecho hay avances en la localización de este muchacho. Pues ya con este éxito le dije al colectivo de Sabuesos Guerreras y presentamos el amparo por el hijo de María Isabel. Esto iba siendo un éxito porque todas las personas que tenían desaparecidos me buscaban, hasta que la Fiscalía los empezó a asustar. Les dicen que si presentan un amparo ya no vamos a hacer la investigación o le pueden hacer algo a tu familiar. Los están asustando.

 

 

¿Cómo te enteraste de esto?

 

 

Yo he visto las reacciones en algunas personas a las que les he mandado mensaje cuando hay un desaparecido nuevo. Les mando mensaje y cuando les digo mi nombre se portan diferente. Y en una revisión de casos dos muchachas me contaron que en la Fiscalía les dijeron, como regañándolas, que mejor le pidieran ayuda a la abogada que les estaba haciendo el amparo, que para qué iban a la Fiscalía, que nada más estaban buscando problemas y poniendo en riesgo al desaparecido. Pero aquí el asunto es que con los amparos no solo avanzamos en lo jurídico, también con esto el asunto se vuelve federal y podemos permitir que la familia de un desaparecido tenga derecho a inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).


 

 

¿Cuántos amparos llevan hasta el momento?

 

 

Son 36. De Sabuesos Guerreras y de Policías Desaparecidos. Todos en Culiacán. Y otros que no pertenecen a ningún colectivo.

 

 

Qué efectos han tenido sobre cada uno de los casos.

 

 

Los efectos que ha habido hasta el momento es que, en primer lugar, gracias a los amparos, localizamos con vida a dos personas, un muchacho de Quilá y una muchacha en Guasave. Por eso es que cuando hay una alerta ámber yo intento contactarme con la familia, porque es bien importante que en cuanto desaparece una persona, aparte de la denuncia se interponga un amparo. Cuando nosotros presentamos el amparo, inmediatamente se inicia una búsqueda, en todas partes, y lo que hace el Juzgado Federal es ordenarle a las autoridades no me digan qué están haciendo desde el escritorio, así se los hizo saber por escrito el Juzgado Tercero. En el caso del muchacho de Quilá, quien fue encontrado en Mazatlán, la Sedena contestaba que en sus archivos no había ningún registro de que esta persona tuviera alguna orden de aprehensión. Y le contesta el Juzgado: es que no quiero que me digas lo que hay en los registros, en lo electrónico, quiero que me digas en campo qué estás haciendo para buscar porque hay una persona desaparecida. Nosotros ponemos como autoridades responsables a la Fiscalía y también a los policías investigadores. A este muchachito si no hubiéramos promovido el amparo se lo hubieran llevado, yo estoy segura que en este caso era un asunto de trata de personas.

 

 

¿Qué reacciones esperan por parte de las autoridades?

 

 

Queremos que se forme un antecedente al grado de que la fiscalía no pueda con el trabajo de estar rindiendo informes, porque tiene que estar rindiendo informes cada tercer día, el juzgado lo está presionando para que lo haga. De hecho a mí me han mandado decir que ya no van a investigar, que se van a dedicar a rendir informes, porque no alcanzan los ministerios públicos. Es cierto, no hay personal, pero nunca ha sido una preocupación que no haya personal en la fiscalía. Hay aquí en Culiacán cinco investigadores. Entre tantos casos de desaparecidos es ilógico que cinco investigadores se estén encargando de todos los expedientes. Entonces mi idea es que evidenciemos la falta de investigación en este tema, o que de verdad contraten personal o que se haga un tipo jurisprudencia que, así como estamos en alerta de género, que haya una alerta en este tema también. Algo tiene que suceder porque ahorita la fiscalía ya está muy presionada con estos que son apenas 36 casos.

 

 


Me comentaste que están preparando un recurso jurídico para impugnar el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda en Sinaloa, Juan carlos Saavedra.

 

 

Lo que pasa es que también la CEB está en los amparos como autoridad responsable de la omisión en la búsqueda, no en la investigación. Al rendir los informes, Juan Carlos se ha limitado a decir que él no tiene ninguna responsabilidad porque el desaparecido es anterior a su nombramiento. Yo pensé que esto había sido un error del primer amparo, en el segundo yo todavía preguntaba: ¿no te has dado cuenta del error que estás cometiendo? No eres comisionado estatal de búsqueda para buscar a los que desaparezcan después de que tu llegada, tienes que buscar a los que ya están desaparecidos desde antes. Pero no. En todos los expedientes con desaparecidos anteriores a su nombramiento así rinde el informe, en una hoja tamaño carta, una hoja nada más, incluso en el primer amparo de Portillo pidió que se le negara la protección de la justicia federal. Jurídicamente es una aberración que el comisionado de búsqueda, el que debe proteger a las víctimas, le pida al juez federal que se le niegue la protección. Jurídicamente esto es una aberración. Lo dejamos pasar porque dijimos, la inexperiencia de Juan Carlos, nada más como que el estómago se me revolvió, pero ni modo, al rato va a buscar asesor. Pero no. En todos los amparos de desaparecidos anteriores ha contestado lo mismo. Y en desaparecidos que sí son después a su nombramiento se ha limitado a decir que él tiene estrategia de búsqueda, pero ni dice qué estrategia, ni fundamenta que él esté haciendo algo para buscar al desaparecido, y aquí, cuando se logró que se hiciera una Comisión Estatal de Búsqueda era para que se coordinara con todas las instancias, para que se hiciera una estrategia de búsqueda real. Y él con los informes ya es material suficiente para demostrar que sus declaraciones que están ya escritas en un informe van en contra de la ley general de víctimas.

 

 

¿Cómo es que llegó a ese puesto?

 

 

Juan Carlos tiene un hermano desaparecido. Por eso el gobernador Quirino Ordaz Coppel sustentó este nombramiento como diciendo, miren, es una víctima el comisionado, pero él no reúne los requisitos para ese puesto. Con eso como que quiso calmar a los colectivos. Pero nosotros estamos preparando un recurso jurídico para impugnar su nombramiento. El amparo se tramita ante el mismo juzgado, va a ser un amparo colectivo firmado por los familiares de las 36 víctimas con amparos bajo el argumento de que sus declaraciones van en contra de lo que dice la Ley General de Víctimas. Incluso la ley de desaparición forzada. No podemos tener un comisionado que esté declarando en contra de una víctima.

 

 

El comisionado estatal de búsqueda le ha señalado a algunos colectivos que no hay dinero, que el gobierno del estado no lo ha liberado.

 

 

Yo creo que uno de los motivos por los que pusieron a Juan Carlos en ese puesto era precisamente para eso, para que los recursos se manejaran desde Gobierno del Estado. Juan Carlos está siendo un títere del gobierno y desde que se formó la comisión se creó con recursos, sí tienen recursos pero él no ha de tener acceso a ellos, se los limitan.

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