Contrario a los cientos, miles de policías, que resultaron no aptos en su examen de control de confianza, y que ahora enfrentan su baja para que el Gobierno del Estado cumpla con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que especifica que todos los integrantes de las instituciones de seguridad deben estar acreditados, el director de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, recibió una ayuda extra: ha presentado el examen tres veces, pues las primeras dos oportunidades salió simplemente tronado.

Por Redacción De Primera Noticias.

De acuerdo con documentos obtenidos vía acceso a la información, la primera vez que el comandante Jesús Antonio Aguilar Iñiguez “Chuy Toño” se presentó ante el polígrafo fue el 7 de enero de 2011, una semana después de que Malova tomara el cargo constitucional de gobernador.

Esta primera vez, Aguilar Íñiguez acudió al Centro de Evaluación de la Policía Federal, en la Ciudad de México, para practicar la evaluación, necesaria para ocupar el cargo de alto mando estatal.

Sin embargo, el resultado fue “No recomendable”, como señala la Policía Federal en un documento enviado debido a que el IFAI resolvió que es información pública.

Así, el gobierno estatal decidió mantener a Chuy Toño de bajo perfil, pues fue hasta marzo de 2011 cuando se hizo público que daba órdenes a los policías ministeriales, al ser visto dando instrucciones a patrulleros, con una pistola fajada a su cintura.

Desatado el escándalo, Malova optó por defenderlo sin tregua, soltando una frase que quedó para la historia: “No con blancas palomas combatiremos el crimen”.

De modo que el 14 de abril, Chuy Toño fue enviado de nueva cuenta a realizar el control de confianza, ahora en el Centro de Evaluación de la Procuraduría General de la República.

Pese a que esta nueva evaluación arrojó que el mando policiaco era “no recomendable” el gobernador Mario López Valdez y su equipo decidieron mantenerlo, pues meses más tarde le dieron formalmente la dirección de la Ministerial, que asumió en medio del hermetismo.

Fue dos años después, en abril de 2013, cuando se hizo público que Chuy Toño había tronado el control de confianza, y no solo eso. Genaro García Castro, en su calidad de secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dio a conocer que debido a ello, el estado había perdido alrededor de cinco millones de pesos en participaciones federales, que estipulan que todos los altos mandos deben estar acreditados.

De nueva cuenta, Malova salió a la defensa de su jefe policiaco y le atribuyó poderes especiales, como el hecho de que los índices delictivos en Sinaloa habían disminuido gracias a él. Un mes después, en mayo de 2013, envió de nuevo a Chuy Toño a realizar la evaluación, esta vez cambiando al centro de evaluación del CISEN.

Aunque no hay ningún documento oficial que lo corrobore, por increíble que parezca, Chuy Toño en esta tercera oportunidad pasó el examen, sin embargo, cuando se solicitó vía acceso a la información el oficio, el CISEN reservó por 12 años los datos.

Ahora, mientras la mayoría de los policías tuvo sola una vez para presentar el examen, el mando policiaco se le dieron las tres oportunidades.

¿Pasaron el resto de los altos mandos?

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos mandó al centro de evaluación de la Policía Federal informar sobre los resultados de algunos de los jefes de seguridad y procuración de justicia.

El procurador Marco Antonio Higuera Gómez, por ejemplo, según el oficio entregado a  Deprimera, y cuyo documento formal fue dirigido al gobernador, presentó su control de confianza a fines de 2010, el cual resultó “Recomendable con reserva”.

A Francisco Córdova Celaya, como secretario de Seguridad Pública, también se le dio este resultado “Recomendable con reserva”.

El subsecretario de Seguridad, Héctor Manuel Castillo Medina, en su examen de 2013, salió con el resultado similar: “Recomendable con reservas”.

El mismo resultado obtuvo Genaro García Castro, en la evaluación que presentó el 26 de junio de 2013 pasado: “Recomendable con reservas”.

A otros funcionarios de alto nivel que que han sido sometidos a las pruebas también pasaron, pero a ellos no se les puso ese “con reservas”.

Tal es el caso del subprocurador de Justicia, Martín Robles Armenta, cuya evaluación la llevó a cabo en la PGR. Resultó Apto.

Lo mismo Julio César Romanillo Montoya, subprocurador zona centro, Jesús Antonio Sánchez Solís, subprocurador zona sur, y José Francisco Leal López, en 2011 subprocurador zona norte.

También se entregó resultado del entonces secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alfonso Carlos Ontiveros Salas, quien resultó apto. Por su parte, José Antonio Figueroa Lee, subprocurador zona centro en 2011, reprobó al igual que Chuy Toño, dos veces el control de confianza.

Figueroa Lee a diferencia de Chuy Toño, sí fue removido de su cargo.

En Sinaloa prevalece la extraña “confidencialidad”

Un acuerdo de reserva de información del 8 de diciembre del 2010, promovido por el Sistema Estatal de Seguridad Pública ha llevado a convertir los controles de confianza en un secreto máximo, pero a cuya opacidad ahora que comenzó la depuración en las corporaciones policiacas es la punta de lanza para desvirtuarlo.

Y es que con el tumulto de despidos, una vez vencida la prórroga que otorgó el Senado de la República para que se cumpliera con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los agentes que se quedaron sin trabajo apenas se van enterando que resultaron “no aptos” para el puesto, algunos tres años después de haberlo practicado.

A otra parte de elementos le informaron a regañadientes los motivos por los cuales reprobaron los exámenes, que van desde sobre peso, supuestos nexos con el crimen organizado, posible drogadicción, entre otros.

Sin embargo, la constante que ha prevalecido es informar a los elementos que resultaron No Aptos al momento de ser notificados mediante oficio sobre su baja, una vez que se les ordena pasar a entregar el arma.

Hermetismo, la fisura del rigor

Contra todo, el punto clave que ha esgrimido la defensa legal de los agentes despedidos es precisamente la incertidumbre jurídica que causan los controles de confianza.

“El personal que realiza estos exámenes no está capacitado, el control de confianza que se aplica en Sinaloa no es confiable, es una prueba que deben quitar”, sentencia Ricardo Arnulfo Meza Sauceda, representante legal de los policías.

Y da ejemplos: un policía que confesó que a los 11 años probó la mariguana le resultó en su examen “una posible inclinación a las drogas”. Otro que recibió tierras ejidales por herencia le informaron una vez despedido que no era confiable porque tenía tierras, y no tenía capacidad financiera para adquirirlas.

Ese alto grado de subjetividad, refiere el abogado, permitirá llevar a cabo una defensa jurídica del agente dado de baja.

“Porque si sale que tiene nexos con el crimen organizado, entonces ¿por qué lo mantuvieron tres años en el puesto? ¿O por qué la PGR no le abre un proceso, nada más lo corren y ya? Si es así los condenan a no conseguir trabajo, los marcan”, cuestiona Meza Sauceda.

Señala que el control de confianza acusa prácticamente a un policía de ser apto para cometer delitos, pero toda acusación debe ofrecer pruebas, comprobarse, y también todo acusado tiene derecho a la defensa.



Reportaje publicado en noviembre de 2014.