Son células criminales que existen desde hace más de una década en Sonora y Chihuahua, algunas de ellas surgieron como brazos armados u operativos de los cárteles de Juárez y Sinaloa, pero con los años, y tras diversas guerras, fracturas y tempestades, lograron escindirse al grado de mantener cierta autonomía. Caídos los jefes principales, como Vicente Carrillo Fuentes, Joaquín Guzmán Loera y Adán Salazar Zamorano, estos grupos se reorganizaron y han mantenido por largos años fieras disputas territoriales que han hecho de la región fronteriza esos dos estados en una tierra sin ley. En medio de estas reyertas, ocho integrantes de la familia LeBarón fueron brutalmente masacrados el 4 de noviembre pasado, lo que desató la presión al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para actuar enseguida. De manera suspicaz, justo al cumplirse un año de su administración, el Gabinete de Seguridad anunció la captura de cuatro sujetos vinculados a La Línea, mientras en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, la familia LeBarón clamaba justicia.

Por Redacción De Primera Noticias

En el momento en que Adrián y Julián, integrantes de la familia LeBarón, víctimas de una brutal matanza indiscriminada de niños y mujeres en Bavispe, Sonora, el pasado 4 de noviembre, se pararon en el templete de la Plaza de la Revolución para protestar por la inseguridad en México y la falta de estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, elementos de la Armada de México capturaban en Janos, Chihuahua, a Héctor Mario Hernández Herrera, alias El Mayo, líder de plaza del grupo criminal de La Línea.

Junto con El Mayo, un criminal de poca monta del que su familia aseguró es inocente, también arrestaron a otros tres sujetos a los que el Gabinete de Seguridad vinculó con el asesinato de los ocho miembros de los LeBarón, uno de los ataques contra víctimas inocentes que ha desatado la discusión por parte del gobierno de Donald Trump de colocar a los cárteles mexicanos en el estatus de terroristas. Si alcanzaran esta denominación, las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían intervenir en México sin autorización del gobierno mexicano.

Pero ese domingo 1 de diciembre, López Obrador pudo saborear una aparente victoria en materia de seguridad con este “golpe” al brazo de La Línea, célula escindida del antiguo Cártel de Juárez que surgió cuando lideraba el navolatense Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy. De todas las masacres registradas en sus primeros doce meses al frente del Gobierno, es la primera en que detienen a presuntos involucrados en el momento crítico en que se pone en duda la actuación del Estado para combatir la violencia.

No sólo las inconformidades de muchos sectores en el país cuestionan la estrategia de “abrazos, no balazos”, sino que también desde el vecino del norte se ajustan los discursos para orillar al presidente a una actuación más precisa.

Contrariando siempre a su negativa de recibir a víctimas y críticos de su administración, López Obrador recibió al día siguiente de la marcha “anti-AMLO” (en donde participaron los LeBarón), a Adrián y a Julián, con quienes sostuvo un encuentro privado para informarles los avances del caso de esta familia de ciudadanos estadounidenses radicados en la frontera por cuestiones religiosas.

Mientras que, en la Plaza de la Revolución, Adrián LeBarón sentenció: “Quiero que me escuche el mundo entero. Esto es un grito desesperado que busca unirnos. Matar a mujeres y niños y bebés es un acto despiadado, es la peor pesadilla para un padre, para una madre, para una familia y para un país, pero seguir viviendo nuestras vidas como si nada sucediera es un acto de cobardía infinita".

Al salir de Palacio Nacional se dijo contento y consideró “que no le dieron atole con el dedo”. En una breve entrevista con los medios, LeBarón comentó que el presidente les dio avances del crimen y que por seguridad no podía revelarlos. En definitiva, se vio confiado en asegurar la justicia para las madres y niños de este clan familiar.

Un arresto sospechoso

La madrugada del 1 de diciembre, los elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México llegaron a la población de Janos, Chihuahua, un municipio cercano a la frontera con Sonora, y detuvo a El Mayo y a otros tres sujetos no identificados.

El Gabinete de Seguridad señaló que los infantes de Marina llevaban una orden de aprehensión otorgada por un juez de control. La Fiscalía General de la República informó en un escueto comunicado que “estos avances se lograron con la intervención de llamadas e investigaciones que surgieron a partir de la detención de un presunto participante en los hechos, el cual fue arrestado a principios de noviembre por elementos del Ejército y la Policía Federal Ministerial”.

Nada más se dijo. El martes los noticieros nacionales anunciaron que los familiares de los detenidos, incluyendo a los de El Mayo, salieron a protestar en las calles de Janos y a afirmar que ellos no participaron en la masacre de los LeBarón, por lo que se trata de inocentes.

“Si los LeBarón quieren justicia nosotros también, ellos son inocentes”, comentó una familiar de El Mayo. Al cierre de esta edición todavía no se determinaba el estatus legal de los cuatro detenidos, aunque del primero se dijo que la FGR obtuvo una orden de arraigo para obtener suficientes pruebas y elementos para solicitar la vinculación a proceso.

Cuando se inicie el juicio contra los imputados, entonces se sabrá si la FGR y el gobierno de AMLO actuaron de manera correcta contra estos personajes que, por el momento, son la “joya de la corona” ante el número de fracasos en materia de seguridad en todo el país.

No fue gratuito: ese domingo el diario El Universal, citando cifras oficiales, calificó este día como el más violento del año, con 127 homicidios registrados en el país. También los medios se adelantaron a señalar que ya 2019 se ha convertido en el más violento de los últimos sexenios.

Según los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de octubre pasado se habían registrado cerca de 29 mil homicidios dolosos, de los cuales 833 eran feminicidios. Esto supera los 28 mil asesinatos del último año de Enrique Peña Nieto.

Los datos confirman un aumento del 2.2 por ciento en los asesinatos durante los primeros diez meses de este año respecto al mismo periodo del 2018, también revelan un incremento del doce por ciento en los feminicidios, un repunte del 35.2 por ciento en las extorsiones (7358), un crecimiento del 15 por ciento en los delitos de trata de personas (555) y un alza de 9.3 puntos porcentuales en los secuestros (1392).

Frontera: las cabezas de la hidra

Desde hace más de una década, en la zona limítrofe de Sonora y Chihuahua con Estados Unidos existe un conglomerado de células que antes pertenecían a los Cárteles de Sinaloa y de Juárez, y que una vez escindidas tomaron una violencia incontenible que, hasta la fecha, por más operativos y gobiernos que lleguen, continúa agazapada.

Ahí en esa complicada geografía, punto de intersección del trasiego de droga trasnacional, estaba y está el grupo de Los Salazar, comandado en la primera década del siglo 21 por Adán Salazar Zamorano, Don Adán, y ahora en manos de uno de sus hermanos, Crispín. 

Hace años que a este clan criminal lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, tener tratos con la gente de El Chapo. Incluso se dice que Don Adán era compadre de Guzmán Loera y mantenía el control del corredor Sonora-Arizona. El capo fue detenido en 2011 y al año siguiente fue extraditado a Estados Unidos, ya que contaba con una orden de presentación ante una Corte Federal.

Del lado de Juárez, emergió para combatir a la Gente Nueva de la organización sinaloense, La Línea, un brazo armado que en 2008 era comandado por Juan Pablo Ledezma, El JL, de quien se dice terminó siendo calcinado y sepultado en una fosa clandestina en Culiacán. Lo cierto es que hasta la fecha El JL permanece en calidad de desaparecido.

Es en Ciudad Juárez y sus municipios adyacentes donde se fraguó durante años, a partir del 2008, una conflagración de consecuencias todavía incalculables. No sólo estaba La Línea y la Gente Nueva disputándose palmo a palmo la frontera y el poder criminal, también surgieron Los Aztecas y Los Artistas Asesinos.

Siempre en guerra, al final tras la captura de varios jefes y el asesinato de otros, la Línea sobrevivió para guerrear ahora contra Los Salazar del lado sonorense y Los Jaguares. Es dentro del contexto de esta disputa sangrienta en que el gobierno federal enmarcó el ataque criminal contra los niños y mujeres de la familia mormona LeBarón.

Y es que, desde el 4 de noviembre a la fecha, las declaraciones ha sido contradictorias por parte tanto de los gobiernos estatales de Sonora y Chihuahua como del Gabinete de Seguridad. En un principio, el fiscal chihuahuense César Augusto Peniche, declaró que todo “apuntaba a un grupo en ciernes, Los Jaguares”, versión cambiada desde la esfera federal, que apuntó a La Línea y Los Salazar.

En cambio, de Los Jaguares se indicó que es dirigido por Francisco Arvizu, El Jaguar, el cual es una célula del Cártel de Sinaloa que tiene control de la región fronteriza por donde se trafican drogas como marihuana, cristal y cocaína hacia Texas, Nuevo México y Arizona.

Los Salazar, un clan generacional

Siempre en la mira de las autoridades, de Los Salazar uno de los primeros periodistas que reveló nombres y dio detalles sobre su estructura y además dio pistas sobre la colusión gubernamental, fue Alfredo Jiménez Mota, quien fue desaparecido en abril de 2005 en Hermosillo, Sonora.

Si bien no hay ningún detenido y sus restos no han aparecido en 15 años, de manera extraoficial se ha responsabilizado al clan de Los Números de los Beltrán Leyva del caso del joven Jiménez Mota. Los Salazar tenían una reyerta sangrienta con la banda de Los Números, y el periodista documentó gran parte de estos hechos.

A Los Salazar también se les atribuye el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, en marzo de 2017.

De acuerdo con las investigaciones, a Miroslava la mandó a asesinar Juan Carlos Ochoa Moreno, alias El Larry, a quien se le vincula con este grupo criminal. El Larry habría ordenado el crimen debido a que la periodista del diario La Jornada estaba publicando una serie de notas de cómo el narco impuso a candidatos en algunos municipios de la sierra chihuahuense.

Aunque le advirtieron que ya no lo hiciera, Miroslova continuó y hasta los enfrentó. De esta manera, siguiendo la misma línea, en el caso LeBarón a los pocos días de la masacre, el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Defensa, indicó que la motivación del atroz crimen pudo haber sido una confusión, debido a la pugna entre Los Salazar y La Línea.

Y es que según mencionó el mando militar, días antes al ataque de las camionetas donde viajaban las mujeres y los niños, ocurrió una balacera en Agua Prieta, Sonora, en la que murieron tres mujeres y seis hombres.

De acuerdo con la relatoría del general Mendoza, el contexto en el que se llevó este hecho de sangre fue que, desde el secuestro en 2009 de dos integrantes de los LeBarón —que volvió activista a Julián LeBarón—, Los Salazar no molestaban a la familia mormona afincada en esa región.

Sin embargo, tras arreciar la disputa con La Línea, Los Salazar le habrían pedido a LeBarón que ya no compraran combustible del lado de Chihuahua, para no beneficiar a sus enemigos. A su vez, La Línea pudo haber tomado represalias contra la familia al convivir del lado territorial de Los Salazar.

Toda esta información que involucra a una guerra entre células altamente violentas ha sido añadida a la investigación por el caso LeBarón, junto con el asesinato de uno de los lugartenientes de Los Salazar, ocurrido doce días después del ataque a la familia de filiación mormona.

El asesinato de un jefe de plaza

El sábado 16 de noviembre, doce días después del escándalo por la masacre contra los LeBarón —en total iban 17 personas entre niños y mujeres en dos camionetas Suburban—, en San Luis Río Colorado fue acribillado a balazos en el interior de un taller de autos Guillermo Esaú Salazar.

De acuerdo con la versión oficial, El Memo o El Chester, de 32 años, se encontraba con otras personas cuando arribó un grupo armado que disparó con fusiles AR-15. En el sitio, además de Esaú, murieron otras dos personas y una más fue trasladada en calidad de grave a un hospital.

De inmediato las autoridades identificaron a El Memo como uno integrante de alto rango del clan de Los Salazar. En el interior del taller fueron encontrados vehículos y armas de fuego que fueron aseguradas por el Ejército.

Este suceso fue otro más de la escalada violenta que se vive en la región fronteriza de Sonora y Chihuahua, y donde los grupos del crimen organizado que antes mandaban como estructura sólida, se desmoronaron con el paso de los años y de las batallas que se perdieron. Sin embargo, ahí siguen, con jefes que son reemplazados, con jefes policiacos y militares que les dan apoyo, y una base social que los fortalece al igual que políticos y gobernantes.