Caso Colchones: Funcionarios se acusan entre ellos
Publicado el: 05/11/2018 02:24:32 p.m. en
Caso Colchones: Funcionarios se acusan entre ellos
 

 

El caso de los colchones podridos entregados a los afectados por las inundaciones dejó al descubierto una red de funcionarios en dependencias del gobierno estatal que lucraron con el dolor ajeno. Ahora, en los juzgados, estos servidores públicos se tiran la bolita unos a otros para intentar salir bien librados de acusaciones graves de fraude y peculado por cerca de 3 millones de pesos del presupuesto público.

 

 

 

 

Por Redacción  / De Primera Noticias. 

 

 

 

La noche del lunes 15 de octubre vecinos de la colonia Jardines del Pedregal, en el sector norte de Culiacán, empezaron a subir a redes sociales fotos y videos de los colchones podridos que el Gobierno del Estado les había entregado tras el paso de la depresión tropical 19-E.

 

 

Días antes personal del gobierno estatal había llegado en camionetas a entregar dichos colchones a varias colonias y sindicaturas de Culiacán, aparentemente nuevos y cubiertos con plástico, con la consigna de que se los mandaba el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

 

 

Tras el paso de la tormenta que ocasionó que drenes y arroyos se desbordaran e inundaran decenas de colonias, una de las principales demandas de la población era que les entregaran colchones pues en las inundaciones habían perdido todos sus muebles.

 

 

Sin embargo, pronto se percataron de que estaban en malas condiciones: debido a que emanaban malos olores los abrieron y descubrieron que estaban rellenos con colchonetas viejas, ropa sucia y apestosa, tierra, borra y colchas manchadas con sangre, además de que los resortes estaban oxidados y que entre todos esos desperdicios salían cucarachas y otros insectos.

 

 

Algunos vecinos reportaron que tras dormir en dichos colchones se enfermaron de gripe y temperatura, les empezó a dar comezón en todo el cuerpo y les salieron ronchas. Una de las afectadas señaló a un medio local que al quitarle el plástico manó un olor a carne putrefacta y que su cuarto se empezó a llenar de moscas.

 

 


La misma noche del 15 de septiembre, una vez que los videos circularon en redes, la subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento, Morayma Yaseen Campomane, arribó a la colonia para hablar con los vecinos y aseguró que dichos colchones habían sido “donados”, no comprados, por el Gobierno del Estado.

 

 

“Estamos recibiendo colchones donados de diferentes empresas y organismos. Toda la donación que llega es bienvenida y se está repartiendo. Tendremos que investigar de qué lote son estos colchones y quién nos los donó y por lo que veo, también a esa persona la fraudaron con que eran nuevos”, aseguró Yaseen Campomane.

 

 

Al día siguiente fue el propio secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, quien visitó la colonia Jardines de Pedregal para entregar colchones nuevos a los 42 vecinos afectados. Ante los medios de comunicación señaló que ya se había iniciado una investigación y que detectaron a un proveedor al que le habían comprado 2 mil de los 17 mil colchones adquiridos por el gobierno para los damnificados. De esos 2 mil, indicó, ya se habían entregado 1,197 en distintas colonias y sindicaturas.

 

 

Fue entonces que vecinos de otras colonias en Culiacán como la Seis de Enero, Ignacio Allende, Los Alamitos, Mezcales y Cucas empezaron a denunciar que a ellos también les habían entregado colchones en mal estado y los sacaron a la calle para demostrarlo.

 

 

Algunos vecinos de la Seis de Enero y Mezcales se organizaron para llevar los colchones podridos al Ayuntamiento de Culiacán y abandonarlos en la explanada en señal de protesta. Funcionarios del gobierno municipal se defendieron con el argumento de que ellos solo habían sido un conducto para repartir los colchones pero que no habían sido adquiridos por el Ayuntamiento.

 

 


Pronto empezó a circular el nombre del funcionario que presuntamente había comprado esos colchones a un proveedor de Guadalajara, Jalisco. Se trataba de Carlos Baltazar Castro Olivas, coordinador administrativo de la Sedesol Sinaloa, quien dejó de ser localizable a partir del martes, cuando incluso su esposa perdió contacto con él y tampoco le contestaba las llamadas a los empleados de la dependencia.

 

 

El jueves 18 de octubre, el padre de Castro Olivas, el empresario Baltazar Castro Blanco, ofreció una rueda de prensa para defender a su hijo y dar a conocer que los colchones fueron adquiridos por indicaciones de sus jefes y que, en todo caso, había sido el proveedor quien había cometido fraude contra el Gobierno del Estado porque nadie sabía en qué condiciones estaban. Agregó que su hijo no se había “fugado”, como se señaló en redes, sino que se encontraba en Guadalajara interponiendo una denuncia penal contra la empresa proveedora y que al día siguiente, viernes, regresaría a Culiacán para ofrecer una rueda de prensa y dar su versión de los hechos.

 

 

Sin embargo, eso ya no fue posible porque Castro Olivas fue detenido esa misma tarde, cuando regresaba de Guadalajara, en la carretera México 15, a la altura de la Cruz de Elota, por elementos de la Policía Investigadora y de la Unidad Especializada Antisecuestros, por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, por lo que fue trasladado en medio de un operativo de seguridad al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, con sede en Culiacán, bajo la causa penal 990/2018.

 

 

“Con fecha del 16 de octubre de 2018 se inició una carpeta de investigación derivada de una serie de publicaciones periodísticas, en las que se señaló un estado irregular en los colchones entregado como apoyo a las víctimas del fenómeno que impactó a la entidad”, señaló la Fiscalía General del Estado en un comunicado. “Por estos mismos hechos la Fiscalía recibió denuncia de parte de Sedesol, por lo que mediante acciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se recabaron los datos de prueba para acreditar la probable comisión de un delito, logrando además identificar a la persona posiblemente responsable.”

 

 

Pero quién es Carlos Balzatar Castro Olivas. Se trata de uno de los cuadros jóvenes del PRI que empezó a ocupar cargos públicos dentro del gobierno de Jesús Vizcarra Calderón como director del Instituto Municipal de la Juventud. De acuerdo con el expediente de Servidores Públicos Municipales Sancionados, ha recibido tres apercibimientos (corrección disciplinaria, llamada de atención o advertencia para que un servidor público haga o deje de hacer determinadas cosa en el entendido de que si persiste en su conducta indebida, sufrirá una sanción mayor), dos privados y uno público, por incumplimiento de la normatividad en base al artículo 48, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Eso no fue impedimento para que fuera rescatado durante la administración de Quirino Ordaz Coppel en el Área de Atención Ciudadana y más tarde, cuando su jefe Raúl Castillo Castaños fue enviado a la Sedesol, como coordinador administrativo de esta dependencia.

 

 

 

Durante la primera audiencia realizada ante el juez de control, la Fiscalía proporcionó al juez varias pruebas de la presunta responsabilidad del imputado en la adquisición con dolo de dos mil colchones en mal estado que fueron entregados a la población.

 

 

La fiscalía señaló que Castro Olivas realizó varios depósitos bancarios a la empresa El Mariachi, con sede en Jalisco, y a un amigo de nombre Francisco Benjamín Langrave Buelna, por la cantidad de dos millones 970 mil pesos, siendo que ni la empresa ni su amigo se dedican a la venta de colchones.

 

 

Se indicó que estos fueron adquiridos con sobreprecio, que la empresa beneficiada no está en la lista de proveedores del gobierno del Estado y que la mercancía fue embodegada y trasladada en Culiacán en autos de la compañía Serdi S.A. de C.V., propiedad del padre del acusado.

 

 

Presentaron, además, declaraciones de los empleados subordinados a Castro Olivas que aseguraron que él era la única persona con acceso a las cuentas bancarias y a los recursos de la dependencia.

 

 


La Fiscalía solicitó al juez Juan Luis Quiñonez Beltrán la prisión preventiva pues se temía la huida del acusado. Sin embargo, el juez desestimó la petición y le otorgó la libertad provisional aunque no podrá abandonar el estado.

 

 

Durante la continuación de la audiencia, el martes 23 de octubre, los abogados de la defensa contaron su versión de los hechos y desestimaron las acusaciones de la Fiscalía. En primer lugar, señalaron a otra funcionaria de ser la responsable de seleccionar a los proveedores y de la compra de los colchones: Morayma Yaseen Campomantes, la subsecretaria de Fondos y Financiamientos que se presentó ante los vecinos de Jardines del Pedregal la noche en que empezaron a difundirse los videos para pedirles una disculpa a nombre del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

 

 

En una reunión antes de la compra de los colchones, esta funcionaria presentó una lista de 10 empresas a las que les comprarían el producto, entre las cuales estaban El Mariachi y Francisco Benjamín Landgrave Buelna, quienes sí eran proveedores de Sedesol pues hay facturas con estos proveedores en julio, agosto y septiembre, señalaron los abogados.

 

 

El acusado declaró que el ahora ex secretario de Desarrollo Social era el titular de la cuenta bancaria que se abrió para administrar los recursos, que él no tenía la contraseña bancaria y que, para hacer transferencias y compras, se necesitaba forzosamente la firma del ex secretario.

 

 

Aseguraron que no hubo un sobreprecio en la compra de los colchones pues el Gobierno del Estado había establecido un tope de 1,350 pesos para la adquisición de cada colchón. Sin embargo, la Fiscalía dio a conocer que los colchones comprados en Guadalajara habían costado, en realidad, 350 pesos, con lo que el funcionario se benefició con mil pesos por cada colchón, que, multiplicados por las dos mil piezas adquiridas, da un margen de ganancia de 2 millones de pesos.

 

 

Es por ello que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva pues había riesgo de fuga, medida que fue rechazada por el juez y solo le ordenó que no salga de Sinaloa y que se presente a firmar mensualmente. La Fiscalía también pedía como garantía económica el pago de 2 millones 970 mil pesos pero el juez también lo negó. Fijó un plazo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria y estableció como fecha para la siguiente audiencia febrero de 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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