Luego de la fuga masiva de reos que se presentó durante el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, más de una docena de internos del Centro Penitenciario de la sindicatura de Aguaruto, considerados de alta peligrosidad, presentaron una serie de amparo ante los jueces federales para impedir ser trasladados a penales del interior del país o a centros de reclusión federales. Y es que bajo el argumento de que la peni de la capital no cuenta con suficiente capacidad para mantener a ciertos perfiles de reos federales, vinculados al narcotráfico, también requiere que éstos sean enviados a sitios con mayor infraestructura carcelaria. Por lo pronto, los reos albergados en Aguaruto han logrado frenar posibles cambios.

Por Santiago Rentería.

Cuando las autoridades de Sinaloa empezaron a reforzar la seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto, después de la espectacular fuga de reos del 17 de octubre pasado, durante el operativo de rescate de Ovidio Guzmán López, más de una docena de internos empezaron a interponer amparos ante los juzgados federales para evitar ser trasladados a centros penitenciarios federales como medida de seguridad ante la “coladera” que representa la bomba de tiempo llamada penal de Culiacán.

Entre los personajes recluidos en esta penitenciaria estatal, en la cual hace más de un año la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado mandó construir un “módulo de máxima seguridad” motivada por la otra fuga masiva de marzo de 2017, están Juan Guadalupe Jacobo Regalado, alias El J-3, supuesto líder de la célula de Los Demonios, Rito Javier Torres Félix, hermano del exlugarteniente de Ismael Zambada García, El Mayo, Jesús Krissam Espinoza, alias El 300, presunto pistolero del Cártel y Juan Carlos  López Alanís, alias El Kali Ántrax, uno de los líderes de esta célula de sicarios que opera en la entidad.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todavía se encuentran 45 de los 49 reos fugados aquella tarde del “jueves negro”, los cuales ya han sido boletinados a otras entidades para su posible recaptura. La dependencia indicó que entre los evadidos están homicidas, secuestradores y procesados por delitos federales.

Uno de ellos es el joven Bladimir N, de 22 años, quien es el responsable de asesinar a una jovencita embarazada en Bacurimí, y quien tenía una orden de protección que nunca cumplió la Policía Municipal de Culiacán.

Aunque en un principio se informó que para perpetrar esta fuga masiva los reos tuvieron apoyo de grupos armados que asediaron el penal de Aguaruto, lo cierto es que el secretario de Seguridad Pública, teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, descartó esta especie y aseguró que se trató de un motín al interior cuando los fugados lograron arrebatar las armas a los custodios para tomar el control y salir de las instalaciones.

En total, ese día funesto se evadieron 55 reos, de los cuales seis lograron ser recapturados a las pocas horas, y otros dos al día siguiente. En cambio, dos días después de que Culiacán se envolviera en la “nube negra” de la incertidumbre, la SSPE informó que cuatro reos más se entregaron de manera voluntaria a las autoridades para terminar de cumplir con sus sentencias, quedando solamente 45 actualmente que permanecen sin localizar.

Los amparos

Fue así que, como estrategia de seguridad, el gobierno sinaloense empezó a analizar los traslados a otros centros de reclusión de reos de alto perfil, además de reforzar tanto la seguridad exterior como interna del centro penitenciario ubicado a un lado de la carretera Culiacán-Navolato, poco antes de llegar a la sindicatura de Aguaruto.

Ante esto, comenzaron a “llover” los amparos. Por ejemplo, el hermano de Javier Torres, junto con los otros cuatro arrestados el 1 de noviembre de 2017, indicaron al juez de control de enjuiciamiento no ser enviados al Centro Federal de Readaptación Número 8 de Guasave, del cual nunca se ha registrado una fuga debido a que fue construido con características de “máxima seguridad” y es administrado por la federación.

En el caso de El Kali Ántrax, el amparo interpuesto ante el Juez Segundo de Distrito señala de manera textual como acto reclamado:

La orden de traslado del Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en esta ciudad a cualquier otro centro de internamiento en el interior de la república, incomunicación, malos tratos y demás actos prohibidos en el artículo 22 constitucional del directamente agraviado.

López Alanís, debido a que es señalado como supuesto jefe de Los Ántrax, ya había sido trasladado en una ocasión a un penal del estado de Morelos, pero debido a que se amparó fue regresado a Culiacán. También luego de la fuga de Juan José Esparragoza Monzón, Alfonso Limón Sánchez y de Rafael Núñez, El Changuito Ántrax, en marzo de 2017, el gobierno intentó enviarlo al penal de Los Mochis, pero los jueces no apoyaron la medida.

El resto de los internos amparados para evitar sus cambios de reclusorios expusieron los mismos motivos legales, basándose en el Sistema Penal Acusatorio, que señala que un imputado tiene derecho a llevar su proceso y sentencia en la ciudad en donde fue arrestado.

Una “fortaleza” porosa

Luego de la fuga de integrantes de primera fila del Cártel de Sinaloa en marzo de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública promovió ante Obras Públicas la licitación de un nuevo módulo con medidas especiales de seguridad, justamente para tener un control automatizado de puertas y un nivel mayor de impenetrabilidad.

La “almoloyita” de Culiacán tuvo un costo para el erario de 71.6 millones de pesos, divididos en la obra del módulo especial y de la adaptación de otras medidas carcelarias mejoradas. Nada más la infraestructura del módulo costó 41 millones de pesos.

Toda esta inversión resultó ser una burla de parte de la delincuencia organizada, puesto que la fuga de Julián Grimaldi Paredes y Carlos Salmón Higuera, alias El Macaco, ocurrida el 31 de agosto de 2018, provocó de nuevo el escándalo nacional, sobre todo al saberse la complicidad de guardias de seguridad que sacaron vestidos de policías a los dos reos.

Incluso ambos fugados se burlaron de las autoridades del penal dejando mensajes escritos en las paredes, amenazando también a estas personas. Y es que para llevar a cabo esta fuga que alcanzó los noticieros nacionales, ambos internos tuvieron el apoyo de dos elementos de seguridad del centro penitenciario, los cuales proveyeron a ambos sujetos de uniformes para salir del módulo de seguridad vestidos de policías y alcanzar la salida de la calle sin ninguna dificultad.

Todo esto volvió a abrir el debate de si los centros de reclusión estatales son suficientes para albergar a reos de alta peligrosidad, que cuentan con recursos técnicos, económicos y coactivos para poder evadirse de la acción de la justicia.

De manera histórica, del penal de Culiacán se han fugado desde compadres de Joaquín El Chapo Guzmán, hasta operadores del Mayo Zambada, pasando por jefes de sicarios del Cártel de Sinaloa, como Orso Iván Gastélum Cruz, El Cholo.

Dentro de las evaluaciones que cada año hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos se detecta al interior el autogobierno por parte de los clanes vinculados al crimen organizado. En reiteradas ocasiones los gobiernos estatales se han deslindado en el sentido que no cuentan con la capacidad para contener el nivel de criminalidad de este tipo de personajes.