Al impacto económico de la pandemia se suma la falta de pago a proveedores
Publicado el: 30/04/2020 05:53:31 p.m. en
Al impacto económico de la pandemia se suma la falta de pago a proveedores
 
Todos los sectores productivos se preparan para el golpe que sufrirán sus empresas debido a la parálisis en los negocios derivada de las medidas para contener los contagios por Covid-19. Sin embargo, otro demoledor martillazo se ve venir por el incumplimiento del pago a quienes tienen contratos con el Gobierno de Sinaloa, cuya vulnerabilidad los pone en doble peligro.

 

 

Por Redacción De Primera Noticias. 

 

 

Cuando apenas asoma la fuerza con la que el coronavirus ataca a Sinaloa, otra crisis se cierne sobre el estado con efectos devastadores para sectores importantes. Es el aprieto en el cual el gobernador Quirino Ordaz Coppel mete a los proveedores de bienes y servicios al acumular deudas con estos para privilegiar obras públicas que para él son prioritarias tales como estadios que se concesionan a poderosos empresarios o remodelación de la zona turística de Mazatlán donde se ubican los hoteles del mandatario.

 

Es más: la insolvencia financiera que alega la administración pública estatal, atribuyéndole la culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador por no hacer llegar los presupuestos federales aprobados para Sinaloa, dificultará la recuperación económica una vez que sea superada la actual contingencia sanitaria. Quirino Ordaz dice que no hay dinero.

 

El 20 de marzo, el gobernador dio a conocer que analiza la posibilidad de solicitarle al Congreso del Estado que le apruebe una línea de crédito, sin precisar la suma que necesita, para hacerle frente a la situación financiera que se complicará por el coronavirus. Había presumido, hasta esa fecha, que su gobierno, que empezó el primero de enero de 2017, había transcurrido sin solicitar deuda pública.

 

“Estamos planteando diferentes esquemas y alternativas, hemos platicado con la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, quizás la posibilidad de buscar, valorar y analizar, no es una decisión, pero estamos viendo todas las alternativas de pedir una línea de financiamiento de crédito para ayudar también a fortalecer la actividad económica”, declaró.

 

Precisó que lo más importante sería atender “a los pequeños negocios, comercios que lo requieran, que lo necesiten, como el sector restaurantero, turismo y de la construcción, que es precisamente quien ahorita está buscando que se den los créditos, que se generen mejores tasas de interés y más facilidades”.

 

De acuerdo a estimaciones preliminares, por los retrasos e incumplimiento de pagos la deuda del Gobierno de Sinaloa con diferentes rubros que le son facturados supera los mil 500 millones de pesos que debieron pagarse, en caso de liquidaciones puntuales, antes del 31 de diciembre de 2019, lo que significa demoras que repercuten sobre todo en pequeñas empresas.

 

Se trata de compañías constructoras, proveedores de insumos, farmacéuticas, maquiladoras de uniformes escolares, medios de comunicación, fabricantes de equipos para la seguridad pública, recursos presupuestados no asignados a las secretarías del Ejecutivo Estatal, dinero etiquetado para el funcionamiento de organismos autónomos y ciudadanos, fondos que debieron ser entregados a los municipios y una larga lista de pendientes de pago.

 

Tapar el endeudamiento

 

El 19 de noviembre de 2019, al rendir su tercer informe de labores, el gobernador Ordaz Coppel presumió que en su administración ha impulsado obras de infraestructura con la inversión de 16 mil millones de pesos, sin generar deuda pública. Ese fue el logro mayor destacado después de casi tres años de ocupar el cargo.

 

Pero mostró lo que ha sido el signo de su período de gobierno, que al mismo tiempo no es la prioridad para los sinaloenses. Sinaloa hoy tiene tres nuevos estadios de beisbol de clase mundial, con los remodelados “Teodoro Mariscal” en Mazatlán, “Emilio Ibarra Almada” en Los Mochis, y “Francisco Carranza Limón” en Guasave, este último para el retorno a la Liga Mexicana del Pacífico del equipo Algodoneros de Guasave.

 

Ahí dio a conocer que también se está remodelando el estadio de futbol de Los Dorados de Sinaloa en la capital, y construyendo un nuevo estadio de futbol profesional en Mazatlán, con capacidad para 25 mil espectadores, que será el más grande de todo el noroeste de México. Sólo en inversión a estadios se estima un gasto cercano a los mil millones de pesos.

 

Detrás de ese “logro” del que hace gala el gobernador, hay otra realidad. Los que realizan las obras, los que aportan los materiales, los que pagan a los obreros de la construcción son sacrificados por el retraso de los recursos comprometidos por parte del Gobierno del Estado, poniendo al borde de la quiebra a las empresas que “ganan” los contratos de adjudicación.

 

Las compañías constructoras se han quejado una y otra vez de los pasivos acumulados, algunos desde el gobierno de Mario López Valdez cuando fue remodelado el estadio de beisbol de Culiacán. Para mediados de 2018 la deuda ascendía a más de 500 millones de pesos, 200 de éstos correspondientes al sexenio de Malova.

 

En una reunión sostenida con el entonces secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, alrededor de 50 contratistas reclamaron al unísono que el gobierno estatal los está llevando a la quiebra. “A mí se me debe una obra que el gobernador ya fue a inaugurarla y todo. Queremos que haya reciprocidad. Nosotros si empezamos una obra o hacemos un contrato pues nos agarramos de nuestros empleados, pero si no nos pagan ¿qué hacemos?, ¿los despedimos?, no podemos despedirlos”, expusieron.   

 

Aparte del no pago, los contratistas denunciaron que la constructora paraestatal denominada Precasin estaba acaparando la obra pública en Sinaloa, pero lejos de arreglar las cosas, en mayo de 2019 Quirino Ordaz les endilgó a los constructores que “están anclados a la obra pública. Yo creo que le tienen que entrar a la obra privada. Puedo publicar la lista para que se den cuenta que hay más de 300 constructores de Sinaloa que se han beneficiado en obras públicas. Se ha dispersado la inversión”.

 

Finalmente, el 20 de marzo el gobernador se vio acorralado por sectores productivos que en medio de la pandemia por Covid-19 le hicieron reclamos por estar doblemente en riesgo sus negocios debido a los retrasos en pagos del gobierno. Ahí, Ordaz Coppel les ofreció pagarles 50 millones de pesos de los pasivos existentes con constructores y proveedores.

 

Crece la cartera vencida

 

La reacción del gobernador ha sido de acuerdo a la presión que ejercen sobre él los acreedores de los distintos sectores. Aparte de que en 2020 ha procedido a firmar convenios o contratos solamente con los proveedores consentidos del gobierno, no procede a pagar las facturas ya emitidas durante 2019 contra un importante sector de prestadores de servicios que han sido relegados.

 

Por ejemplo, en diciembre de 2019 se levantaron inconformes los pequeños negocios que confeccionan los uniformes escolares que el gobierno estatal les entrega gratis a los alumnos del sistema educativo básico. Los afectados se concentraron en la explanada de palacio de gobierno en demanda del pago de 80 millones de pesos correspondientes a prendas que entregaron al iniciar el ciclo lectivo 2019-2020.

 

La consecuencia: 125 talleres se habían visto afectados por la situación sin estar en posibilidad de pagarles el aguinaldo a sus trabajadores. “Estamos por debajo del costo de producción, por lo que muchos no tienen para cubrir pagos de quincenas, y estamos reclamando nuestro trabajo, reconociendo por nuestro esfuerzo que el gobernador tiene un altísimo nivel de aprobación”, dijo el presidente de la Asociación de Confección Textil en Sinaloa, Maximiliano Valdés.

 

Otra deuda fuerte es la que tiene el sector salud de Sinaloa. En enero de 2020 el gobernador dio a conocer que esta ascendía a 300 millones de pesos, pero amenazó con no pagarla porque se generó en el gobierno de Malova al pretender construir hospitales generales mediante el esquema de inversión público-privada y ocasionó multas por incumplimiento de acuerdos.

 

Es decir, cuando el Congreso del Estado frenó a Malova en la decisión de comprometer recursos públicos que Sinaloa recibiría durante los siguientes 25 años, para pagarles a las compañías que harían los hospitales generales de Culiacán y Los Mochis, los contratistas que habían obtenido las obras se inconformaron y demandaron indemnización por 5 mil millones de pesos, de los cuales se deben pagar ya 300 millones de pesos.

 

“Nosotros nos vamos a ir a los últimos recursos legales porque no queremos pagar nada de eso. No vamos a hipotecar a Sinaloa. Lo que se hizo fue con recursos públicos federales y estatales y no hay razón para pagar lo que están pidiendo”, expuso Quirino Ordaz al determinar que tal demanda está desfasada y que por parte de su gobierno ese asunto es innegociable.

 

Así, mes tras mes, prórroga tras prórroga, se acumula la deuda del Gobierno de Sinaloa con los sectores a los cuales les ha comprado obras, servicios y diferentes bienes. Sin conocerse la cifra exacta de lo que debe a la fecha, lo que sí es cierto es que la creciente cartera vencida echa abajo la afirmación de que Quirino Ordaz no tiene pendientes por pagar. Y de paso derrumba a las pequeñas empresas que no resistirán el incumplimiento de pagos.

 

Las razones de Ortega Carricarte

 

Hace menos de dos meses, el 20 de febrero, quien era el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Ortega Carricarte, presentó la renuncia al cargo dándole al gabinete de Quirino Ordaz Coppel la peor sacudida que haya experimentado. La dimisión se dio precisamente en el momento en que las deudas con los proveedores se volvieron insostenibles.

 

Sin más explicación, el gobernador dijo en una transmisión por su cuenta en Facebbook, que Ortega Carricarte se iba “por motivos personales”, sin profundizar en las causas reales. Enseguida se corrió la versión que cuestiones familiares lo obligaban a dejar el cargo. Al final quedó la hipótesis de que no soportó la presión que ejercían sobre él los que le reclamaban al gobierno el no pago de deudas.

 

Simultáneamente, el ex secretario de Finanzas Armando Villarreal Ibarra, quien se desempeñó en tal posición durante el sexenio de Mario López Valdez, era vinculado a proceso judicial por el uso irregular de recursos públicos, lo que dio pie a la conjetura de que Ortega Carricarte abandonaba el equipo quirinista para no tener que responder a futuro ante la justicia por las mismas acusaciones de malversación de fondos gubernamentales.

 

Durante más de tres años Ortega Carricarte había dado la cara ante los inconformes proveedores del Gobierno de Sinaloa. Y fue el que pudo quejarse de la asfixia financiera a la que somete a Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador. En julio de 2019 reclamó a la federación que en los primeros seis meses de ese año el Gobierno del Estado sufrió una caída drástica en los ingresos federales. De 2 mil millones de pesos radicados en enero-junio de 2018 bajó a solamente 10 millones de pesos en el mismo lapso de 2019.

 

Ortega Carricarte tenía encima la presión de la deuda con proveedores y el reclamo de los secretarios del gabinete a los cuales no fluían los recursos para operar. Sin poder pagar ni cumplirles a sus homólogos de la administración de Quirino Ordaz, y presenciar aparte que su antecesor en el cargo fue judicializado por el desvío de fondos del erario, decidió poner distancia y sacrificar incluso la lealtad a su amigo el gobernador.

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