A un año del colchongate, sigue sin haber culpables...
Publicado el: 09/09/2019 11:04:11 a.m. en
A un año del colchongate, sigue sin haber culpables...
 

 

A un año de las inundaciones en Culiacán provocadas por gobiernos que autorizaron desarrollos inmobiliarios en zonas de riesgo, sigue sin haber detenidos en el caso de los colchones en mal estado entregados a la población, los señalados continúan echándose la bolita entre ellos y el juicio contra uno de los presuntos responsables, el único que hasta el momento ha sido vinculado a proceso, acaba de empezar.

 

 

 

Por David Fuentes M.

 

 

 

El pasado 11 de julio, el juez Juan Luis Quiñónez Beltrán dictó el acto de apertura del juicio oral contra Carlos Baltazar Castro Olivas, excoordinador administrativo de la Sedesol Sinaloa, hasta ahora el único vinculado a proceso por el caso de los colchones podridos entregados a los afectados por las inundaciones de septiembre de 2018 en Culiacán.

 

 

La Fiscalía General de Sinaloa pidió para el ex funcionario una pena de 14 años de cárcel por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, además de que se le obligue a regresar los más de 4.5 millones de pesos del erario público con los que se compraron los colchones y que sea inhabilitado durante 28 años para que no desempeñe ningún cargo en la administración pública.

 

 

Durante el acto de apertura en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro, la Fiscalía pidió al juez autorización para que entre sus testigos participaran al menos cinco vecinos de distintas colonias de Culiacán afectados con la entrega de colchones en mal estado, pero la defensa de Castro Olivas se opuso a ello bajo el argumento de que el juicio era por peculado, lo que el juez aceptó.

 

  

La Fiscalía señala que Castro Olivas realizó transferencias bancarias a un particular, Francisco Benjamín Landgrave Buelna, señalado de ser su amigo, y a la empresa El Mariachi S.P.R. de R.I. con sede en Guadalajara, Jalisco, por la adquisición de colchones a sobreprecio y en malas condiciones que pusieron en riesgo la salud de los ciudadanos.

 

 

Por el delito de peculado, la Fiscalía pidió 10 años de cárcel, inhabilitación de 20 años para ejercer ningún puesto público, y el pago de 200 días de multa. Por el delito de negociaciones ilícitas pidió cuatro años de cárcel, una inhabilitación por ocho años y el pago de 240 días de multa, además de la reparación del daño por los más de 4.5 millones de pesos.

 

 

Ante las evidencias presentadas, el juez decidió dictar la apertura del juicio oral, el cual durará varios meses, tiempo en que la Fiscalía Anticorrupción presentará a varios testigos, entre ellos, representantes de la empresa El Mariachi, al exsecretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños y la subsecretaría de Gestión de Fondos y Financiamiento, Morayma Yaseen Campomanes.

 

 

Morayma será llamada a declarar

 

 

Al respecto, Yaseen Campomanes aseguró en conferencia de prensa estar dispuesta a comparecer en el juicio y aseguró que su participación en el caso fue solo de apoyo en la entrega de los colchones en los municipios de Culiacán, Mocorito y Salvador Alvarado.

 

 

“Hasta el momento no he tenido ninguna notificación pero estoy al alcance por supuesto de las autoridades que siguen este proceso, si requirieran de alguna participación de mi parte con mucho gusto lo haríamos, reitero, la participación que nosotros tuvimos fue más de entregar los colchones”, dijo en dicha conferencia.

 

 

Sin embargo, la defensa de Castro Olivas sostiene que Morayma Yaseen fue quien eligió a los proveedores para la adquisición de los colchones y que el ex secretario de Desarrollo Social fue quien autorizó los pagos y firmó los cheques. La estrategia de la defensa será intentar demostrar que su cliente no actuó solo y que en la cadena de mandos que habrían participado en las compras a sobreprecio estaban los jefes directos de Castro Olivas.

 

 

Desde la noche del 15 de octubre en que la noticia se dio a conocer, luego de que los vecinos del fraccionamiento Jardines del Pedregal, en Culiacán, publicaran en redes sociales fotos y videos de los colchones podridos que habían recibido por parte del Gobierno del Estado, la funcionara se presentó en la colonia para intentar contener el enojo de los ciudadanos y que el escándalo no trascendiera.

 

 

Ante los vecinos que la estaban grabando con sus celulares, Morayma aseguró que los colchones habían sido “donados”, no comprados por el gobierno estatal: “Estamos recibiendo colchones donados de diferentes empresas y organismos. Toda la donación que llega es bienvenida y se está repartiendo. Tendremos que investigar de qué lote son estos colchones y quién nos los donó y por lo que veo, también a esa persona la fraudaron con que eran nuevos”, dijo.  

 

 

Al día siguiente fue el propio secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, quien visitó la colonia Jardines de Pedregal para entregar colchones nuevos a los 42 vecinos afectados. Ante los medios de comunicación señaló que ya se había iniciado una investigación y que detectaron a un proveedor al que le habían comprado 2 mil de los 17 mil colchones adquiridos por el gobierno para los damnificados. De esos 2 mil colchones, indicó, ya se habían entregado 1,197 en distintas colonias y sindicaturas.

 

 

Se evidencia el fraude

 

 

Fue entonces que vecinos de otras colonias en Culiacán como la Seis de Enero, Ignacio Allende, Los Alamitos, Mezcales y Cucas empezaron a denunciar que a ellos también les habían entregado colchones en mal estado y los sacaron a la calle para demostrarlo. Algunos, incluso, se organizaron para llevar los colchones al Ayuntamiento de Culiacán y abandonarlos en la explanada en señal de protesta.

 

 

Pronto empezó a circular el nombre del funcionario que presuntamente había comprado esos colchones a un proveedor de Guadalajara, Jalisco. Se trataba de Carlos Baltazar Castro Olivas, coordinador administrativo de la Sedesol Sinaloa, uno de los cuadros jóvenes del PRI que llegó a la administración pública municipal de la mano de su mentor Raúl Carillo y de Jesús Vizcarra Calderón, quien lo nombró director del Instituto Municipal de la Juventud.

 

 

Castro Olivas fue detenido la tarde del jueves 18 de octubre en la carretera México 15, a la altura de la Cruz de Elota, cuando regresaba a Culiacán procedente de Guadalajara, por elementos de la Policía Investigadora y de la Unidad Especializada Antisecuestros y trasladado en medio de un operativo de seguridad al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro bajo la causa penal 990/2018.

 

 

Durante la primera audiencia realizada ante el juez de control, la Fiscalía proporcionó al juez varias pruebas de la presunta responsabilidad del imputado en la adquisición con dolo de dos mil colchones en mal estado que fueron entregados a la población. Durante la continuación de la audiencia, el martes 23 de octubre, los abogados de la defensa contaron su versión de los hechos y desestimaron las acusaciones de la Fiscalía.

 

 

En primer lugar, señalaron a Morayma Yaseen Campomantes de ser la responsable de seleccionar a los proveedores y de la compra de los colchones. En una reunión antes de la compra de los colchones, de acuerdo con la versión de la defensa, esta funcionaria presuntamente ofreció una lista de 10 empresas a las que les comprarían el producto, entre las cuales estaban El Mariachi y Francisco Benjamín Landgrave Buelna, quienes sí eran proveedores de Sedesol pues hay facturas con estos proveedores en julio, agosto y septiembre, señalaron los abogados.

 

 

El acusado declaró que el ahora ex secretario de Desarrollo Social era el titular de la cuenta bancaria que se abrió para administrar los recursos, que él no tenía la contraseña bancaria y que, para hacer transferencias y compras, se necesitaba forzosamente la firma del ex secretario. El caso provocó la renuncia de Carrillo Castaños una semana después. Y desde entonces permanecía alejado de cualquier evento público, hasta que el pasado 4 de junio fue presentado como enlace del Consejo Consultivo y de Vinculación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que preside Jesús Vizcarra, de la mano de quien también ingresó a la administración pública.

 

 

 

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