Los homicidios en Sinaloa parecen relantizarse cada vez más; al cierre del mes de noviembre —las últimas cifras oficiales disponibles—, la Fiscalía General del Estado llevaba 860 asesinatos, pero el delito contra la integridad corporal que creció a niveles alarmantes fueron las desapariciones, que al mismo periodo se tenían contabilizadas 1, 251 casos, de los cuales sólo 231 personas fueron localizadas con vida, 47 asesinadas y el resto permanece en lista de búsqueda. A la par, durante 2019, Sinaloa se reveló como una gran fosa clandestina luego de abrirse 103 investigaciones por hallazgos de cuerpos inhumados de manera dolosa e ilegal. Todo esto sin olvidar que nuestro estado permanece todavía como uno de los más violentos a nivel nacional, según el último reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Alfonso Durazo Montaño, un funcionario amloísta que ha pasado con más pena que gloria a su segundo año.

Enero y febrero

La violenta cuesta de enero de 2019 arrojó en todo el estado en el arranque de este año que termina un total de 81 homicidios dolosos, de los cuales la mayoría se cometieron en Culiacán. Uno de los eventos que habían puesto nerviosos a los agentes de la Policía Estatal Preventiva, el ataque al comandante Níquel del Grupo Élite, se prolongó con la balacera registrada en la colonia 6 de Enero, luego de que una célula de sicarios intentó rescatar a El Coco, un joven identificado como trabajador de la facción de Los Chapitos.

Mientras las cosas se aplacaban en Sinaloa y en Nueva York se ventilaba el juicio contra El Chapo Guzmán, el 25 de febrero fue ejecutado en el patio de su casa Adolfo López Núñez, hermano de Dámaso López Núñez, El Licenciado.

Este suceso marcó el final de una etapa en la anterior guerra librada entre el clan de Los Chapitos y Los Dámaso. Las autoridades estimaron que el crimen de Adolfo López Núñez se pudo deber a las declaraciones de El Licenciado en la Corte Federal de Brooklyn, en donde se presentó como uno de los testigos estelares contra su compadre Chapo.

Para el final del primer bimestre de 2019, en Sinaloa el Gobierno del Estado dejó en evidencia que, para combatir la violencia, estaba usando los mismos métodos poco funcionales que hasta la fecha siguen sin dar resultado.

Marzo y abril

En marzo, luego de que los promotores de la Cuarta Transformación se afianzaron en sus cargos, el alcalde morenista de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro confirmó que le solicitó al alto mando de la Secretaría de Marina el retiro de la base provisional del Parque 87, debido a que se trata de un lugar público para las familias de Culiacán.

Desde febrero de 2014, cuando la Marina y la DEA desataron su cacería contra los capos de alto rango del Cártel de Sinaloa, la base naval en este punto se convirtió en un centro neurálgico de la lucha anti-narco en la ciudad: era una de las zonas más vigiladas por los grupos de halcones y el sitio a donde fueron llevados sicarios y traficantes que eran detenidos por los marinos.

El 2 de abril, elementos del Ejército Mexicano rodearon una casa del fraccionamiento Floresta, ubicado sobre la carretera a Imala, y detuvieron a Juan Guadalupe Jacobo Regalado, alias El J-3 o El Chepa, quien fue considerado por la Fiscalía General de la República como el jefe de la célula de Los Demonios, grupo al servicio de Ismael Zambada García.

En DeprimeraNoticias dimos cuenta cómo en realidad El Chepa era un traficante de poca monta, sin un nivel jerárquico en la organización de los Zambada y cómo la FGR pretendía presentar como un gran logro esta captura.

Como cada año, la Semana Santa de 2019 terminó con un total de 46 personas fallecidas, la mayoría asesinada a balazos, lo que echó por la borda el plan del gobernador Quirino Ordaz Coppel de presentar saldo blanco en este periodo.

Mayo y junio

Fue al comenzar el mes de mayo cuando las fosas clandestinas se empezaron a revelar. El gobierno federal incluso situó a Sinaloa como el segundo estado con más hallazgos de cuerpos sepultados de manera clandestina.

Para este mes, según un recuento de DeprimeraNoticias, ya sumaban más de 23 fosas en las cuales se habían encontrado más de 80 cadáveres. Los grupos de mujeres rastreadoras comenzaron a denunciar el alarmante número de personas desaparecidas.

En Mazatlán, los colectivos de búsqueda encontraron en un predio del sector Miravalles más de 50 cuerpos amontonados en tumbas clandestinas. En Guasave, por la zona de Casa Blanca y Juan José Ríos, también brotaron los cuerpos de decenas de personas que se encontraban desaparecidas.

Sobre el incremento repentino del hallazgo de fosas en Sinaloa, la presidenta de Las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereyda, dijo a DPN que actualmente las personas están siendo más conscientes de este delito y están denunciando cada vez más los puntos en donde son enterradas las víctimas de homicidio.

“Las familias estamos dando la lucha, estamos en pie de lucha”, comentó en una entrevista telefónica.

A la par de que eran encontrados decenas de cuerpos en la zona sur y norte de Sinaloa, en el centro del estado el grupo de activistas de Sabuesos Guerreras presentaba el primer amparo ante un juzgado federal para obligar a todas las instancias omisas en la búsqueda de personas desaparecidas que realicen su trabajo.

Este amparo fue en favor de Yosimar García Cruz, el elemento de la Policía Municipal de Culiacán que fue desaparecido en enero de 2017. Luego de que su madre, la presidenta de Sabuesos Guerreras peleara por obtener un amparo, por lo menos otras 50 familias también presentaron un juicio de garantías con la finalidad de que sean los tribunales los que dicten las medidas adecuadas para las investigaciones.

En mayo, el día 23, se registró una nueva balacera en la capital sinaloense. Dos hombres relacionados con el crimen organizado fueron acribillados cuando se encontraban a bordo de una camioneta Honda color gris afuera de la farmacia Guadalajara del sector Tres Ríos. A los minutos el Ejército y la Policía Estatal detuvo a cuatro presuntos sicarios de una célula que se escondía a unas cuadras de donde ocurrió la balacera.

Durante el mes de junio, varios jóvenes fueron privados de la libertad y grabados en video de celular en donde confesaban que se dedicaban a delinquir, sobre todo enfocados en asaltar a clientes de banco que eran despojados de su dinero luego de salir de las sucursales.

De hecho, este modus operandis de la delincuencia común se fue incrementando con el paso de los meses. Los delincuentes lograban obtener información sobre sus víctimas al momento de hacer retiros de fuertes sumas de dinero. Incluso se ha llegado a sospechar del personal del banco, quienes a decir de la vox pópuli, serían los que avisan sobre cuentahabientes que hacen retiros importantes.

Julio y agosto

Mientras la violencia y la inseguridad parecían incrementarse sobre todo en Culiacán, por mucho la ciudad más conflictiva del estado al ser la más poblada, también se empezó a descubrir los trompicones cometidos en la conformación de la Guardia Nacional, la cual tiene problemas para operar no sólo en Sinaloa, sino a nivel nacional.

La receta de la Cuarta Transformación para “serenar al país” sencillamente no estaba operando de manera adecuada, sin capacidad de respuesta y rebasada al igual que el Ejército regular y las corporaciones locales. En Culiacán a la Guardia Nacional sólo se le vio para el hecho de tomarse fotos, videos y hacer crónicas en los periódicos, pero no para combatir las huestes del Cártel de Sinaloa.

En agosto, los jueces comenzaron a dictar medidas por los amparos interpuestos por los casos de desaparición forzada. Una de las resoluciones dictadas fue que, en efecto, tanto la Fiscalía como las instancias encargadas de las investigaciones, no actuaron conforme a los protocolos. De pronto, para este mes, las agencias del ministerio público se vieron simplemente rebasadas para dar respuesta a los oficios que enviaban los jueces para tratar de llegar al fondo de los casos.

Otro de los casos que cobró relieve en Sinaloa fue el asesinato del joven Humberto Trejo Espinal, quien para estas fechas se descubrió que fue ultimado por Alejandro Zazueta Zazueta, El Borre, quien se encuentra prófugo de la justicia con una orden de aprehensión en sus espaldas. El Borre, se descubrió, es hijo de dos connotados médicos del Hospital Pediátrico de Culiacán y la familia de la víctima acusó tráfico de influencias para no detener al joven responsable en su momento. Hasta la fecha la familia del joven Humberto continúa en la búsqueda de justicia.

Pero mientras esto sucedía, al plano criminal resurgieron los asesinatos de jóvenes dedicados presuntamente a robar carros en Culiacán. Por lo menos siete crímenes en serie fueron registrados con el mismo modus operandis: dejar carritos de juguetes pegados al cuerpo de la víctima. Uno de ellos incluso fue el de un joven que por la mañana fue captado robando una camioneta Nissan en la colonia Chapultepec y por la noche apareció ejecutado.

En Guasave, varios jóvenes que se grabaron vandalizando el letrero monumental de la playa Las Glorias fueron levantados y tableados por sicarios del narco, como una forma de castigo corporal ante el desfiguro que realizaron.

En redes sociales miles de ciudadanos apoyaron esta medida de “limpia”, por lo que en DPN se analizó el fenómeno de la “justicia retorcida” que impera en un segmento de la sociedad.

A fines de agosto, fue encontrado el cadáver de un joven vecino de la sindicatura de Eldorado en la entrada de esta comunidad. Lo que más llamó la atención era que los responsables dejaron amarrada una liebre en el cuello, dejando en evidencia el mensaje de que la cacería contra el antiguo clan de Los Dámaso continuaba activa.

Septiembre y octubre

En septiembre poco a poco empezaron a salir las nuevas cifras del huachicoleo en México y pronto se descubrió que la propaganda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que presumía haber disminuido este delito en un 95 por ciento, era una engañifa más, pues el número de tomas clandestinas encontradas por Petróleos Mexicanos se mantenía tan alto como en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante este mes, las lluvias dejaron una víctima de la desidia y la dejadez del Ayuntamiento de Culiacán. La muerte de la joven Alejandra, quien fue “devorada” por una alcantarilla en una tarde de lluvia, provocó las más airadas protestas de la sociedad culiacanense, harta de los dislates de su alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

En este mes el feminicidio de la joven Diana Giselle reveló la crisis de feminicidios que vive Culiacán, uno de los municipios más mortales para las mujeres. La joven Diana estaba embarazada cuando su ex pareja llegó una madrugada de septiembre y le disparó justo a la cabeza luego de una discusión.

El caso despertó la indignación de la sociedad, debido a que la víctima había denunciado el maltrato a la Fiscalía General del Estado, misma que había emitido una orden de protección a la Policía Municipal de Culiacán, orden que no se cumplió y que terminó con la vida de la joven. El responsable fue detenido días después, pero se fugó del penal de Aguaruto durante los acontecimientos del jueves negro 17 de octubre.

Con los hechos de ese jueves, cuando la operación Ovidio falló, también se descubrió como consecuencia que Culiacán es uno de los epicentros del tráfico de armas. El gobierno federal no pudo explicar cómo más de 800 hombres podían armarse para salir a combatir al Estado en tan sólo unos minutos.

Incluso se supo que los fusiles anti-aéreos usados por el Cártel de Sinaloa eran de uso exclusivo de las fuerzas armadas estadounidenses. Con esto, el gobierno mexicano y el gringo hicieron la faramalla de cerrar la frontera al tráfico de armas.

Otro de los rostros del narco que salió a colación con la fallida operación de capturar al hijo del Chapo Guzmán, fue el lado benefactor del Cártel de Sinaloa, que en varias ocasiones ha ayudado a miles de personas, sobre todo en épocas de desastre climatológica.

Noviembre y diciembre

En noviembre las secuelas del jueves negro o Culiacanazo no cesaron. El miedo continuó invadiendo a los habitantes de la capital sinaloense, incluso hasta propagarse el 3 de diciembre en que la sicosis hizo eco en las redes sociales, al grado de contaminar la realidad y desquiciar con su terror a media ciudad, que de nuevo fue paralizada, aunque en esta ocasión no se confirmaron balaceras.

En Culiacán, debido a los constantes operativos contra los narcolaboratorios, se descubrió que era una ruta importante del tráfico del fentanilo, una poderosa droga que va en alto consumo en Estados Unidos, y que por lo tanto alcanza un precio exorbitante en el mercado negro.

En la capital no sólo se encontró el primer laboratorio de esta droga sintética relacionada con los opiáceos, también se han asegurado cientos de pastillas listas para su venta en el aeropuerto y hasta en empresas de paquetería. Durante 2019 este fármaco empezó a desplazar la elaboración y tráfico de metanfetamina, una de las drogas que más réditos le generan al Cártel de Sinaloa debido a su bajo costo en la producción y su facilidad para ser transportada a la frontera.

En Guasave, el 20 de noviembre, se registró el asesinato del primer político de esta nueva era de la “Transformación”: el secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero, fue ejecutado a cuchilladas cuando circulaba en una camioneta Ram por las calles del sector centro. De inmediato, durante su funeral, la alcaldesa de la coalición Juntos Haremos Historia, atribuyó el crimen a la narcopolítica.

En diciembre, además de la réplica del terror convertido en simulacro, con una supuesta guerra entre los jefes de sicarios de Los Chapitos y del Mayo Zambada, dos facciones que han tenido roces y fricciones, también se documentó que en Los Mochis varios jóvenes fueron reportados como desaparecidos.

Para estas fechas el número de mil 251 personas denunciadas como desaparecidas ya superaban a los 860 homicidios dolosos registrados en los números de la Fiscalía. Con el paso de los días también la violencia feminicida cobró la vida de varias mujeres, por lo que las feministas empezaron a denunciar esta violencia sistemática, armándose ante el machismo asesino que impera en Sinaloa. Un año en que el fenómeno de la violencia no cesó, pero en el que también la voz de los desaparecidos y de las víctimas se empezó a enraizar para generar conciencia sobre las condiciones sociales que se viven en nuestro estado.