¿Y dónde están los millones de dólares de "El Chapo"?
Publicado el: 20/02/2019 06:35:08 p.m. en
¿Y dónde están los millones de dólares de "El Chapo"?
 

El juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán concluye sin que sus presuntos miles de millones de dólares aparecieran por ningún lado. Tampoco fueron descubiertas las redes financieras que usa la delincuencia organizada para lavar los recursos provenientes del tráfico de drogas, como las decenas de empresas puestas en la lista del Departamento del Tesoro, y por el contrario se habló de generalidades en torno al dinero que ha ganado el Cártel, sin apuntalar casos como el que estuvo involucrado el banco HSBC en México y sobre todo en Sinaloa, en donde según una investigación revelada en 2012, llegó a blanquear más de mil millones de dólares a través de las sucursales ubicadas en territorio sinaloense.

 

 

 

Redacción DeprimeraNoticias

 

 

 

El juicio en contra Joaquín Guzmán Loera llega a su fin con la pasarela de 53 testigos que se sentaron en el banquillo de la Sala de la Corte Federal de Distrito de Nueva York y con la presentación de toneladas de evidencia suficiente para condenar al capo a una cadena perpetua, pero en todo el caso construido por los fiscales no aparecieron por ningún lado las intrincadas redes financieras que habría usado el sinaloense para lavar la friolera cantidad de 15 mil millones de dólares que señala la acusación original.

 

 

En cambio, los testigos cooperantes y antiguos socios del Chapo dentro del Cártel, como Reynaldo Zambada García, su sobrino Vicente Zambada Niebla, Pedro Flores, Alex y Jorge Cifuentes, la exdiputada del PAN, Lucero Guadalupe Sánchez López, Dámaso López Núñez, entre otros, no aportaron información sobre empresas, empresarios y entidades financieras que habría usado la organización criminal para blanquear los recursos económicos.

 

 

Según reportes del Departamento del Tesoro, del año 2000 al 2015, un total de 250 empresas fueron puestas en la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales se encuentran dispersas en varios estados de la República Mexicana, así como en otros países del continente americano y europeo, todas ligadas presuntamente a la red del Cártel de Sinaloa.

 

 

Algunas de estas empresas, situadas incluido en Sinaloa, han sido intervenidas por las autoridades federales para bloquear sus operaciones financieras. Otras, sencillamente, con los años fueron a la bancarrota al quedar inmovilizadas sus cuentas bancarias y fiscales.

 

 

En México, el Tesoro estadounidense aplicó hasta 2017 un total de 683 sanciones contra entidades empresariales y personas. En total fueron hasta ese año 378 individuos boletinados, desde cabezas de cárteles como el mismo Chapo, sus hijos, dos de sus parejas, sus socios como Ismael Zambada García, Gonzalo Inzunza Inzunza, Víctor Emilio Cázares Salazar y decenas de personajes presuntamente vinculados al lavado de dinero.

 

 

En Sinaloa varios grupos empresariales fueron exhibidos como parte de la red de lavado del Cártel, entre las que destacan las gasolineras vinculadas a Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”, y su familia, todas situadas en Culiacán, las cuales, al ser bloqueadas por la Procuraduría General de la República, fueron vendidas a testaferros de la organización criminal. Actualmente algunas operan con normalidad y otras permanecen cerradas.

 

 

Dentro de la larga lista de la OFAC también se mencionan a inmobiliarias en Sinaloa y Jalisco, tiendas de ropa, empresas de transporte y restaurantes de lujo. En cada comunicado en que Estados Unidos boletina a individuos o entidades empresariales, el Tesoro señala que toda operación en su territorio por parte de los fichados queda bloqueada, y la ley además prohíbe a ciudadanos norteamericanos así como a compañías, realizar tratos comerciales.

 

 

Otro de los capos a quien más se le ha detectado más empresas fundadas a través de prestanombres es Rafael Caro Quintero, cuya familia entera también se encuentra en la lista negra del gobierno estadounidense.

 

 

Culiacán, el paraíso del narcolavado

 

 

En 2012, el banco inglés HSBC (The Hongkong and Shangai Banking Corporation) se vio envuelto en un escándalo mayúsculo a nivel internacional cuando el Departamento de Justicia estadounidense reveló una acusación en su contra debido a que a través de su red financiera el Cártel de Sinaloa había lavado la nada despreciable cantidad de mil 100 millones de dólares, en un periodo que iba del 2006 al 2008.

 

 

En esos días, al ser cuestionado sobre estas operaciones ilícitas, el entonces gobernador Mario López Valdez sentenció: “En todo el mundo lavan dinero”, al asegurar que no solo en Sinaloa se realizaban estas operaciones ilegales.

 

 

Según las investigaciones que derivaron en un juicio contra la banca inglesa, a la que solo se le aplicó una fuerte multa y algunas sanciones, todo comenzó cuando familiares de estadounidenses asesinados por los cárteles mexicanos denunciaron la red de blanqueo de capitales.

 

 

Se trató de la primera ocasión que víctimas del crimen organizado centraron sus demandas contra el financiamiento y cuentas bancarias de los capos que lavan dinero en el sistema financiero internacional.

 

 

Particularmente la acusación precisaba que el Grupo Financiero HSBC lavó en México y Estados Unidos millones de dólares que permitieron financiar las “actividades terroristas” de los Cárteles de Juárez, Sinaloa y Los Zetas, en México, así como del Cártel del Norte del Valle, en Colombia.

 

 

Según las indagaciones, funcionarios de HSBC en México descubrieron en diciembre de 2007 “lo que calificaron como un esquema de lavado de dinero masivo con múltiples depósitos que sumaban alrededor de mil 100 millones de dólares en diversas sucursales del estado de Sinaloa”, en un periodo de dos años. También descubrieron “que los administradores de HSBC y empleados en las ramas de Sinaloa ejecutaron el esquema de lavado de dinero en complicidad con personas asociadas con el Cártel de Sinaloa, y a pesar de ese conocimiento las sucursales de HSBC México continuaron aceptando depósitos en dólares”.

 

 

El detalle del caso señala que una vez que las cuentas de narcotraficantes o sospechosos fueron abiertas, los empleados de diversas sucursales de HSBC aceptaron grandes cantidades de dólares en efectivo y no se investigó el origen de los fondos depositados o la presentación de informes de actividades sospechosas, según las leyes y política de la banca inglesa. La demanda señalaba que Grupo HSBC permitió que eso sucediera porque fallaron los controles necesarios para aplicar las leyes antilavado.

 

 

“El banco mantuvo malas prácticas desde su conformación al adquirir Banco Bital, ya que las sucursales operaban en gran parte como franquicias y los gerentes tenían una gran autonomía con un enfoque en el desarrollo de negocios, reforzada por un régimen de compensación de incentivos que recompensaba nuevas cuentas y no los controles de calidad”, apuntaba el documento oficial.

 

 

El banco tenía más de mil 400 sucursales en todo México, muchos de ellas en las regiones fronterizas de alto riesgo y regiones bajo el control de los cárteles de la droga. A esas sucursales se les permitía operar con poca o ninguna supervisión o control por parte de HSBC México o las oficinas corporativas de Grupo HSBC.

 

 

“HSBC ha admitido que, como resultado de estas fallas simultáneas, por lo menos 881 millones de dólares producto del tráfico de drogas fueron lavados a través de HSBC México y HSBC Estados Unidos” desde el año de 2004, resaltaba la demanda.

 

 

Al final, la banca inglesa solo fue sancionada con una multa de decenas de millones de pesos y sanciones que incluyeron, entre otras cosas, mejorar su sistema antilavado, así como cerrar todas y cada de las sucursales del banco en Culiacán, para ser cambiadas a otros domicilios, capacitar a su personal y despedir a algunos ejecutivos involucrados en el blanqueo de dinero del narcotráfico.

 

 

En un comunicado, el Departamento del Tesoro señaló que no podía prohibir las operaciones de HSBC en Estados Unidos al ser encontrado culpable, debido a que el sistema financiero internacionales tendría problemas, por ello optaban por la multa millonaria y las sanciones.

 

 

 

 

¿Qué se dijo en el juicio sobre lavado?

 

 

Sin las empresas fichadas por el Tesoro ni menos los nexos con las redes financieras de blanqueo, algunos de los principales testigos en el juicio contra Guzmán Loera hablaron de sobornos millonarios a exfuncionarios y políticos mexicanos, incluyendo un supuesto pago de 100 millones de dólares al ex presidente Enrique Peña Nieto.

 

 

Entre las revelaciones explosivas están los sobornos a quien era el jefe de la policía mexicana en el sexenio de Felipe Calderón y pieza importante en el mandato de Vicente Fox, Genaro García Luna. Acusado por el Rey Zambada de recibir jugosos 'moches' del cártel de Sinaloa, García Luna envió un comunicado negando las declaraciones en su contra.

 

 

Lo mismo pasó con una hornada de militares cuyos nombres fueron revelados por los testigos de cargo, y que fueron señalados de recibir también parte del dinero obtenido por la delincuencia para continuar las operaciones del Cártel de Sinaloa. Uno de los temas de relieve fue el modo en que esta organización criminal pagó protección oficial a dependencias gubernamentales y además usó a corporaciones policiacas como la Federal como brazo armado.

 

 

De los pocos testimonios que explicaron el lavado de dinero realizado personalmente por el Chapo Guzmán fue el de uno de los antiguos socios del capo, Miguel Ángel Martínez, quien relató en el banquillo de la Corte cómo Guzmán Loera lavaba durante los primeros años de la década de 1990 entre ocho y nueve millones de dólares a través de bancos en México.

 

 

Martínez describiría al Chapo como una especie de “gerente” de las operaciones de tráfico y aunque los empleados de los bancos en ocasiones intentaban negarse a colaborar con el blanqueo, el capo se las arreglaba para sobornarlos.

 

 

Miguel Ángel fue identificado como piloto de la organización sinaloense en los noventa. Contó además las órdenes del Chapo para la construcción de túneles y el envío de drogas a Estados Unidos aun estando en prisión, desde donde usada teléfonos proporcionados por las autoridades penitenciarias.

 

 

Otro de los hombres que relató las actividades secretas del líder del Cártel fue el Rey Zambada, quien con detalles importantes reveló la forma en que llegaba la cocaína colombiana al país, y de ahí se realizaba su distribución a través de los canales. Cómo se realizaban los pagos y cómo se movía el recurso obtenido.

 

 

Sin embargo, tampoco aparecieron las grandes operaciones de la organización para lavar el dinero proveniente de la venta de drogas.

 

 

 

El “folklor” de lo horrible

 

 

En cambio, dentro de los testimonios y evidencias de miles de mensajes interceptados incluso de teléfonos móviles a los que el capo mandó poner programas espías, hubo casos en donde se detallaron las órdenes del Chapo para matar a un rival o a socios en los que ya no confiaba.

 

 

Dentro de los crímenes atribuidos al Chapo estuvieron el de Rodolfo Carrillo Fuentes y su esposa Giovana Quevedo en septiembre de 2004 cuando salía del Cinépolis de Culiacán. Otro de los homicidios relevantes dentro del juicio fue el de Israel Rincón Martínez, alias El Guacho, jefe de sicarios de Arturo Beltrán Leyva, a quien el Chapo y Dámaso López interrogaron en un video que fue subido a redes sociales, y que sirvió como evidencia en la Corte Federal neoyorkina.

 

 

En total, en la acusación de cargo, había por lo menos 34 asesinatos, tres de ellos cometidos personalmente por Guzmán, uno de ellos en Bastantitas, Durango, cuando un soplón fue trasladado en avioneta a la sierra para ser interrogado por el capo, que le disparó y, todavía con vida, ordenó que la sepultaran.

 

 

Otro de los crímenes, relatados por Dámaso López, fue el de su sobrino Juan Guzmán Rocha, alias Juancho o Virgo, a quien mandó levantar en Culiacán y asesinar junto con Miguel Ángel Bastidas Manjarrez, El Güero Bastidas. Ambos homicidios se debieron —según El  Licenciado— a que Juancho le mintió a su tío.

 

 

También salió a relucir el nombre de Leopoldo Ochoa, El Polo, un joven narcotraficante originario de Tepuche que se dedicaba a la importación de precursores químicos para fabricar metanfetaminas directo de Europa, y que tenía compañías de inversión en Dubai y Chipre. Polo Ochoa fue asesinado en diciembre de 2012 cuando circulaba por el Malecón Nuevo, a la altura de la colonia Chapultepec. Según El Licenciado, su muerte fue debido a que Polo se había vuelto supuestamente informante del gobierno.

 

 

Entre las imágenes que forman parte del folklor criminal, presentaron un rifle AK-47 que el Chapo tenía chapeado en oro, así como dos pistolas calibre .38 súper con incrustaciones de diamante con sus iniciales inscritas.

 

 

También salieron a relucir sus relaciones amorosas, tanto con Agustina Cabanillas Acosta, La Fiera, una joven badiraguatense que fue su amante durante años y estuvo presente en un operativo de captura de la Federal en Los Cabos, así como la exdiputada Lucero Guadalupe Sánchez López, que fue la única testigo que soltó el llanto al relatar sus supuestas vivencias con el capo.

 

 

Al cierre de la etapa de testigos, el juez Brian Cogan preguntó a Guzmán Loera si testificaría a su favor, por lo que fue la única vez en estos casi dos meses de juicio en que se paró para hablar:

 

 

“Señor juez”, le dijo, “he hablado con mis abogados y me voy a reservar”.

 

 

“¿Reservar?”, le preguntó Cogan.

 

 

“Sí”, respondió el Chapo. “No voy a testificar”.

 

 

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