Al menos 11 dependencias del gobierno federal participaron en una mega estafa para desviar 7,670 millones de pesos del presupuesto usando a universidades estatales a las que contrataban para recibir servicios que, en muchos casos, no se acreditaban y por los cuales estas instituciones educativas recibieron una comisión estimada en mil millones de pesos.
Un reportaje publicado por Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y Animal Político, basado en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, a la que llamaron La Estafa Maestra, ha dado a conocer que estas dependencias federales establecieron convenios con algunas universidades públicas de distintos estados entre 2013 y 2014 para contratar diferentes tipos de servicios.
Las universidades, a su vez, contrataban a otras empresas que en muchos casos eran fantasmas para que, por lo menos en el papel, ofrecieran dichos servicios que iban desde imprimir camisetas, levantar encuestas y otorgar servicios de tecnología. Por prestarse a esa estafa operada desde el gobierno federal, estas universidades recibieron una comisión de poco más de mil millones de pesos.
Las dependencias federales que participaron en este mega fraude son la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Educación Pública (SEP).
También se señala a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Registro Agrario Nacional (RAN), Instituto Nacioanl para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).
Estas dependencias contrataron a las siguientes universidades para solicitar distintas clases de servicios: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos (UAEMOR), la Universidad Popular de La Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como el Instituto Técnico Superior de Comacalco.
Estas instituciones educativas contrataron a su vez a 186 empresas, 128 de las cuales no debían recibir recursos públicos porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen, es decir, son empresas fantasmas.
Por prestarse a este fraude, asegura la investigación, las universidades recibieron una comisión de 1,006,421,805 millones de pesos. Sin embargo, de esos 7,670 millones de pesos entregados por las dependencias a las universidades, no se sabe dónde quedaron 3,433 millones de pesos ya que no existen evidencias de que se haya prestado ningún servicio.
Entre los funcionarios y dependencias involucrados en la estafa, además de Rosario Robles y Emilio Zebadúa, se encuentran Alfredo Llorente Martínez, extitular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Enrique Martínez Martínez, extitular de la Secretaría de Agricultura, Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, Ildefonso Guajardo, de la Secretaría de Economía y José Reyes Baeza, extitular del Fovissste.