Un informe de la CEDH evidencia que en las autoridades estatales, sobre todo en la FGE, no existe interés por encontrar a los desaparecidos, e incluso, señala los agentes actúan con dolo para obstruir el acceso a la justicia, por lo que emitió una serie de recomendaciones por las cuales, hasta el momento, no ha recibido respuesta.
Por Redacción.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) no tiene ningún interés en investigar a fondo la desaparición de personas ya que no sigue protocolos de búsqueda, no hay seguimiento de los casos, sus investigaciones son de escritorio y no de campo y, en el peor de los casos, sus agentes actúan con dolo para obstruir el acceso a la justicia por parte de las víctimas.
Lo anterior lo dio a conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la recomendación general 1/2020 sobre “Desaparición de Personas en el Estado de Sinaloa”, publicada el pasado 16 de junio y dirigida a la FGE, al poder legislativo y a las autoridades municipales y estatales.
La recomendación de la CEDH deriva del análisis de 338 expedientes de investigación sobre personas desaparecidas entre 2008 y junio de 2019, en los que detectaron serias omisiones por parte de las autoridades en la prevención, atención a las familias de las víctimas y en la investigación por los delitos cometidos.
“El propósito de esta recomendación general es hacer conciencia de la gravedad de las conductas que se reprochan, del fuerte y constante sufrimiento de los familiares de las personas desaparecidas y para hacer ver el enorme riesgo de responsabilidad en que se pueda incurrir por estas violaciones a derechos humanos”, señala el informe por el cual, hasta el momento, la FGE no ha emitido una respuesta.
La CEDH recuerda que, ante la ausencia de investigaciones serias por parte de la Fiscalía, han tenido que ser los propios familiares de los desparecidos quienes han tenido que organizarse a través de diferentes colectivos para sumar esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos.
“En su gran mayoría, son las madres, esposas e hijas de las personas desaparecidas las que, sin tregua, abandonan todo por buscar a ese ser querido que, se presume, los propios agentes del Estado han desaparecido”, señala.
Agrega que estas personas han tenido que dejar de lado temores y hasta al resto de la familia para dedicarse a una lucha diaria contra la desatención, la apatía, el rechazo y hasta la invisibilización por parte de las autoridades, y en el peor de los casos, luchando contra amenazas a su integridad física y a su vida. Se adentran en espacios peligrosos, poco explorados y apartados, buscando tierra removida, rastros y hasta el mínimo indicio que les permita orientar sus investigaciones y dar con el paradero de sus desaparecidos.
El informe indica que las autoridades estatales no han sabido cumplir con su principal responsabilidad hacia la ciudadanía que es garantizar la seguridad y la prevención de delitos, y si estos ocurren, tampoco han sabido acompañar a los familiares de las víctimas y conseguir justicia para ellas a través de investigaciones serias y científicas que permitan, primero, dar con sus restos, segundo, castigar a los responsables de la desaparición y homicidio, y tercero, compensar a las víctimas indirectas por la omisión al no tener la capacidad de prevenir el delito cometido.
“Del análisis de los expedientes que sustentan la Recomendación General, se advirtió en repetidas ocasiones que las cámaras de video instaladas en la ciudad de Culiacán no funcionan o que no existe respaldo de las grabaciones, lo que impide que dichos instrumentos presten el servicio preventivo para el cual están consideradas, más aún, impiden que las imágenes puedan ser de gran valía en la investigación de los delitos, inclusive, llegar a plantearse como medio de prueba ante los tribunales”, indica la CEDH.
Agrega que las imágenes y la determinación del horario en que sucedieron los hechos constituirían efectivos elementos para planear, direccionar y establecer líneas de investigación y probar la existencia del delito. Denuncia que esta solo se basa en requerir información a distintas autoridades, enviando y recibiendo oficios, sin mayor actividad al respecto, es decir, las investigaciones son de escritorio y pocas veces se amplían con investigación empírica y de campo.
La investigación que realiza la Fiscalía, asegura el informe, es demorada, deficiente y hasta podría calificarse de dolosa, pues pareciera que no se quiere investigar de manera científica, profunda y diligente al ser señalados como presuntos responsables a agentes del Estado.
“Las acciones que se ubican de las carpetas de investigación analizadas no llevan continuidad, homologación ni seguimiento, pues se advirtió que, no en todos los casos se pide revisión de videos, ni se investigan movimientos en cuentas bancarias, como tampoco se rastrean celulares, no en todos se requiere estudios de ácido desoxirribonucleico (ADN), lo que conlleva a una desorganización evidente y omisiones serias”, indica.
Agrega que tampoco se solicitan pruebas de ADN a los familiares, o, si se solicitan, no ocurre de manera inmediata, por lo que la investigación se vuelve aún más tardada pues no se cuenta con una base de datos genéticos completa para la identificación de restos humanos. En algunos casos, incluso, la CEDH identificó que el Ministerio Público tardó años en solicitar a los familiares una fotografía de la persona desaparecida.
Por todo lo anterior, recomienda dar seguimiento, acompañamiento, protección a los familiares y generar la búsqueda de personas desaparecidas de manera coordinada con las familias y con las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, apoyándose en personal calificado, en unidades caninas, tecnología y cualquier otra vía que posibilite la detección rápida de fosas y por supuesto, de los restos humanos de las personas en estas encontradas.
También pide que se castigue a todos los servidores públicos encargados de la investigación de las personas desaparecidas que han demorado el acceso a la justicia de las víctimas por las omisiones en tales investigaciones.