Dos hechos que involucran a niños, ocurridos recientemente, uno en Torreón Coahuila donde un menor de edad disparó contra su maestra asesinándola y contra otro docente y tres alumnos que dejó heridos, así como el suicidio del infante en Mazatlán que se colgó en un lugar público, ponen a pensar a la sociedad sobre qué está pasando con la niñez. La preocupación llega tarde porque en Sinaloa desde hace tiempo que este sector vulnerable es víctima de la violencia, impunidad e indolencia social y oficial.

Redacción Deprimera

El próximo mes se cumple más de una década de que un comando armado asesinó al niño Miguel Antonio, de 3 años de edad, en medio de un ataque al padre de este, Óscar Vega Lindoro, quien también murió. El asombro y la indignación, aunque fuera por unos días, no se hicieron esperar con aquel el suceso del 24 de febrero de 2009 en la esquina que forman las calles República de Brasil y José Limón, del sector Humaya de Culiacán.

Más recientemente, el 16 de noviembre de 2019, falleció en el Hospital Pediátrico de Sinaloa el pequeño Guillermo, de cinco años, a consecuencia de golpes asestados por un familiar, caso que consternó a la sociedad y trajo a debate la interrogante de en qué entorno se están forjando las nuevas generaciones. La respuesta tampoco se dejó esperar: la violencia cobra muchas víctimas en ellos.

La característica principal en los dos casos, aun con la distancia de once años entre uno y otro, es que hasta la fecha no hay culpables con sentencias judiciales y que cada año en Sinaloa pierden la vida once niños en promedio a consecuencia de vivir en un estado sin ley, con instituciones desatendidas del problema y autoridades en cuyos discursos no figuran estas víctimas que denuncian sin máscaras la amenaza de la delincuencia y la parafernalia creada en torno al delito.

El tema fue llevado al Congreso de Sinaloa a finales de noviembre pasado por la diputada del Partido Sinaloense, Angélica Díaz, solicitando que las autoridades le pongan especial atención a situaciones de violencia donde las víctimas directas son niños. “Debe alarmarnos que en Sinaloa es uno de los cinco estados del país con más homicidios infantiles”, señaló.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 63 Legislatura se refirió al estudio “El naufragio de la civilización: infanticidios, homicidios de niños y adolescentes en edades tempranas” publicado en 2017 el cual revela que cada año once niños de edades entre uno y catorce años son asesinados, ubicando a Sinaloa dentro de los cinco primeros lugares por la alta incidencia en estos hechos, seguido por Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero.

La investigación, publicada en la edición número once de la revista Coyuntura Demográfica, con la autoría de Rosario Cárdenas, pretende ser un llamado a ciudadanos y servidores públicos para que adopten estrategias urgentes de contención al fenómeno que se ensaña contra los más frágiles del tejido social. En Sinaloa, precisa, cada año la tasa de mortalidad es de 2.2 niños de un año, tres cuya edad fluctúa entre uno y cuatro años, 2.1 de cinco a nueve años y 3.5 de diez a catorce años.

“Recordemos que los efectos de la violencia sobre los niños tienen consecuencias a largo plazo, los efectos del maltrato infantil no solo tienen una repercusión inmediata en su cuerpo y mente, sino que pueden extenderse a lo largo de su vida influyendo en su desarrollo psicológico, físico, familiar y social”, alertó la diputada Díaz.

Víctimas negadas

En la comunidad Los Alamitos, municipio de Sinaloa, la gente mantiene inalterado en la memoria el 2 de junio de 2017 porque ese día elementos del Ejército dispararon contra una familia que se transportaba hacia la cabecera municipal a bordo de una camioneta vieja. El saldo cinco personas muertas, con dos niños y la madre de estos entre las víctimas.

“Como quieren que olvidemos eso si nunca les interesó hacer justicia. Se demostró que los soldados del 16 Batallón de Infantería nomás dispararon porque vieron a mucha gente en la camioneta y ni siquiera notaron que venían niños”, recuerdan en el lugar donde todavía están las cruces que testimonian un episodio cruel que definió a los pequeños inmolados como víctimas colaterales de la guerra contra el narco.

Y así, para que nadie olvide, las calles de las ciudades sinaloenses, principalmente Culiacán, conservan la huella de ataques violentos en los que niños han perdido la vida, por más que las estadísticas oficiales no los mencionen al englobarlos en las cifras de victimas indistintas cuya edad es irrelevante para el gobierno.

Por el boulevard Las Torres, a unos metros de la plaza comercial San Isidro, un cenotafio da cuenta del fallecimiento de un niño de seis años a consecuencia de que sicarios del narcotráfico atacaron un vehículo en el que viajaban el padre y sus dos hijos. Solo sobrevivió el mayor de los hermanos. Igual se esparce a lo largo y ancho del territorio sinaloense, en el medio rural o urbano, la sangre infantil que da cuenta de la barbarie.

Uno de los casos que movilizó en protestas a los sinaloenses fue el de la niña Dayana que el 6 de junio de 2017 desapareció de su casa en el poblado de San Pedro, municipio de Navolato, pero hasta el 23 de octubre del mismo año fueron encontrados restos óseos que la Fiscalía General del Estado identificó como parte del cadáver de la pequeña.

En mayo de 2018 sujetos no identificados abandonaron el cadáver de un niño afuera de las instalaciones de la Cruz Roja en Culiacán. La víctima, de doce años de edad, murió después de que llegó agonizando con heridas de bala en el pómulo derecho y cuello, sin determinarse hasta la fecha las causas y culpables del homicidio.

Otro suceso de violencia contra niños que estremeció es el de Josué: ocurrido el 17 de noviembre de 2018, el menor de ocho años salió a jugar a las “maquinitas” en un abarrote cercano a su casa, en Escuinapa, y ya no regresó a su hogar. A los días encontraron el cadáver dentro del local comercial al que acudió a divertirse.

La lista de menores de edad que han muerto a consecuencia de diferentes tipos de violencia es larga en Sinaloa. El 24 de junio de 2018 fue hallado el cuerpo de un pequeño asesinado a golpes en uno de los accesos del estadio de futbol Banorte; era Manuel, de catorce años. También es extenso el manto de impunidad que cubre a los asesinos, aquella que hace que los cobardes maten niños con el convencimiento de que nunca los castigará la justicia.

Todos somos culpables

A raíz de que el viernes 10 de enero se difundió información sobre el ataque que el niño de once años de edad realizó contra profesores y alumnos del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, asesinando a una maestra y enseguida suicidándose él, la pregunta que rondó en la conciencia nacional es qué está pasando con la niñez en México, frecuentemente atrapada en contextos de violencia.

Tres días después, el 13 de enero, ocurrió en Mazatlán otro evento de muerte relacionado con la infancia. Un niño de doce años se suicidó al colgarse de una de las torres del tendido eléctrico, en el fraccionamiento Hacienda del Seminario. Los familiares reportaron que la víctima estudiaba el nivel secundario y que no mostraba problemas que lo hubieran llevado a quitarse la vida.

En una declaración pública que realizó sobre estos hechos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que es “muy lamentable, muy sentido. Esto nos hace ver que se tiene que trabajar mucho desde el hogar, desde las casas; los padres estar muy pendientes, ocuparse, poner mucha atención en los hijos, en lo que están viendo, en lo que están haciendo”.

Como otro llamado de atención de tantos que ha habido, el suicidio del niño en Mazatlán generalizó la polémica sobre si están fallando los padres de familia, si la influencia del Internet es determinante, si el ambiente de violencia en Sinaloa los está orillando a la desesperación, si las oportunidades de vida digna se han cerrado para niños y jóvenes. Todos se apuntaron a todos con índice de fuego.

Sin embargo, para el terapeuta psicólogo Mario Cruz Madueña, que estudia el fenómeno en una tesis de doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el problema deriva de la criminalización de la rutina de la población de corta edad, que en algunas personas influye de manera determinante y en otras no causa efectos.

“Destruye la capacidad de asombro primero de aquellos niños que no cuentan con la contraparte proporcionada por los padres de familia, maestros, amigos. Es decir, conviven con la violencia a través de los videojuegos, series de televisión, noticias, cine, la agresión en el hogar y aparte habitan una ciudad o comunidad donde al crimen se le da el estatuto de normalidad. Al no obtener la versión diferente, el bombardeo de información los hace creer que es natural, habitual y tolerable toda transgresión a la vida”, explica.

La otra parte, dice, es que las organizaciones del crimen organizado están de manera permanente reclutando a gente joven, inclusive niños, porque es el segmento poblacional que les garantiza energía, mayor tiempo de permanencia en las células delictivas y ambición de dinero para empezar una vida sin tantas limitaciones que impone el ámbito laboral ordinario.

“Y la sociedad, como justificación, los culpa a ellos, los sacrifica a ellos, los castiga a ellos sin entender que todos somos culpables de un niño o joven sacrificado por el modelo de peligro y tolerancia que hemos construido y cada vez fortalecemos más. Solo los responsabilizamos a ellos porque sabemos, en el fondo, que además de quien los asesina o los lleva a ataques suicidas, cada ciudadano somos copartícipes al menos por omisión de que mueran en las trampas de todos los tipos de violencia”, concluye.

Niños suicidas, la epidemia silenciosa

Desde hace tres años, el Instituto Nacional de Psiquiatría alertó que de 2020 en adelante el primer factor de muerte entre niños y jóvenes sería el suicidio y no las enfermedades ni los accidentes. En 2017 la investigación alertaba que alrededor de 150 personas, en el período que va de la infancia a la adolescencia, es decir entre cinco y catorce años, atentan cada año contra su existencia con diversa suerte.

Se establece que las razones para explicar lo inexplicable son muchas ya que el suicidio de menores es un fenómeno tan extremadamente complejo que no puede ser encasillado en un móvil y responsable únicos. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, el 60 por ciento de los suicidios infantiles en México es resultado del acoso escolar (bullying); el mismo estudio fija entre los doce y los 16 años la edad en la que infantes y adolescentes suelen atentar contra su vida.

“Otras causas que llevan a los menores a la muerte por decisión propia son de índole biológica (depresión infantil), social (entorno ingrato, familia disfuncional, deficiente capacidad de socialización) y psicológica (escasa tolerancia a la frustración). A ellas cabría añadir fenómenos como el embarazo adolescente, que además de significar para algunas jóvenes una circunstancia moralmente perturbadora, convierte en padres y madres a personas que en muchos casos no dedicarán, por ignorancia o displicencia, toda la atención que requiere la educación de un niño con la secuela previsible de carencias afectivas”.

“En el otro extremo, la maternidad y la paternidad tardías llevan a que los hijos tampoco reciban toda la atención que requieren con el mismo corolario de trastorno emocional. Por demás, no es descabellado pensar que el trasfondo de violencia e inseguridad que se vive en México también le abone al aumento en los suicidios de menores tal como ocurrió en la Colombia de los años ochenta asolada por la violencia del narcotráfico y de la guerrilla”.

Según la Organización Mundial de la Salud el suicidio es una de las cinco causas de mortalidad entre los cinco y los 19 años y establece que la muerte autoinfligida de menores es una situación de difícil manejo a nivel social dada la naturaleza instintiva de tal solución en la mayoría de los casos. “Por ello corresponde a la familia el estar alerta para detectar a tiempo aquellos signos —por minúsculos que parezcan— que anuncian la existencia en casa de un suicida embozado”.