Usando su poder como primera dama de México, Angélica Rivera y su hermana, Adriana, se beneficiaron con contratos millonarios con el Gobierno Federal a través de una empresa fachada dedicada a la realización de eventos, cuyos socios aceptaron compartir las ganancias con las hermanas a cambio de recibir contratos por adjudicaciones directas.

Por Redacción De Primera Noticias.

Las hermanas Angélica y Adriana Rivera Hurtado usaron una empresa fachada para beneficiarse económicamente con contratos con el Gobierno Federal mientras la primera estuvo casada con el expresidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto en una serie de columnas publicadas en un diario de circulación nacional, fue a través de la empresa Actidea S.A. de C.V. , propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, como las hermanas Rivera Hurtado obtuvieron millonarias ganancias.

Dicha empresa existe desde el año 2005 y se dedica a la realización y organización de eventos (coordinando la logística, construyendo templetes o mamparas, instalando pantallas y equipos de sonido y proporcionando mesas y sillas) .

Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, Actidea obtuvo apenas 10 contratos con el gobierno federal: 1 en 2006, 5 en 2009 y 4 en 2012, facturando un total de 47 millones de pesos. Sin embargo, fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando la empresa logró un crecimiento sorprendente al obtener, en 2013, contratos por más de 180 millones de pesos en un solo año.

Para 2016, la empresa ya había obtenido 97 contratos (88 de los cuales fueron por adjudicación directa) y ganancias por cerca de 500 millones de pesos por haber realizado eventos para distintas dependencias del Gobierno Federal como la Presidencia de la República, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda, entre otras, además de la realización de la Ceremonia del Grito de Independencia, de acuerdo con información obtenida por el portal Sin Embargo a través del Portal de Obligaciones y Transparencias.

“Para recibir los contratos millonarios que le otorgaban todas las dependencias del gobierno federal para la realización y organización de los eventos importantes del presidente y las secretarias y organismos públicos, la exprimera dama, Angélica Rivera, ni siquiera tuvo que crear una empresa propia ni darla de alta en Hacienda”, señala García Soto.

Las hermanas Rivera Hurtado acordaron con los socios de la empresa Actidea, uno de los cuales es yerno de Carlos Salinas de Gortari, repartirse las ganancias de los contratos que obtuvieran con el Gobierno Federal, a cambio de que dicha empresa ganara todas las adjudicaciones para la realización de eventos.

Fue entonces que, por órdenes del Estado Mayor Presidencial (EMP), y argumentando razones de seguridad nacional, todas las dependencias del Gobierno Federal solo podían contratar los servicios de Actidea para poder realizar los eventos públicos en los que estuviera invitado el expresidente Enrique Peña Nieto.

Por ejemplo, un ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló al periodista que en una ocasión, previo a su informe anual de labores al que estaba invitado Enrique Peña Nieto, recibió la llamada de un militar del EMP que le preguntó: Para la organización del evento, ¿ya contrató alguna empresa? El ombudsman contestó que ya tenía la cotización de una empresa que se encargaría de todo por 2 millones de pesos.

“No, no puede ser cualquier empresa, le daremos el número y el nombre para que contrate a la única que está autorizada por instrucciones del presidente”, le replicó el militar. “Oiga pero ya tenemos todo resuelto”, insistió el titular de la Comisión, lo que provocó la molestia del integrante del EMP: “No, si no es con esta empresa la organización del evento, el presidente no puede acudir, es un tema de seguridad presidencial”.

A la CNDH no le quedó más remedio que hacer el cambio de empresa y contratar a la que les ordenaron desde el Estado Mayor Presidencial. Sin embargo, el costo del evento se disparó: de los 2 millones que iba a cobrar la empresa original, el presupuesto se elevó a 6 millones de pesos por los mismos servicios.  En ese sobreprecio iban las ganancias de Angélica y Adriana Rivera Hurtado.

“Adriana Rivera operaba para que los socios de esa compañía aparecieran como los contratistas y cobraran los pagos del erario federal que compartían con las hermanas”, señala García Soto. “Actidea tuvo la exclusividad de los grandes eventos del gobierno federal, desde las cinco ceremonias del Grito de Independencia que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto en su sexenio, por las que cobraba en promedio 18 millones de pesos, hasta la organización y logística de los eventos que le otorgaban “por instrucciones de Los Pinos”, la mayor parte de ellos sin licitación y por adjudicación directa, a pesar de que sus tarifas y cotizaciones siempre eran de hasta dos o tres veces las que cobraban otras empresas especializadas.

Tan sólo la Secretaría de Hacienda, a cargo de Luis Videgaray, le había dado en 2016, 12 contratos por un total de 19 millones de pesos, todos ellos por adjudicación directa, entre los que figuraron los eventos para la “presentación de las Reformas Financiera y Hacendaria, además de foros sobre el Plan Nacional de Desarrollo y otros eventos que en su momento tuvo la dependencia. Según el reportaje de Sinembargo, también el SAT le otorgó dos contratos a la empresa recomendada desde Los Pinos, uno para un evento denominado “Juntos contra la Ilegalidad” y otro para el evento por sus 18 años de creación. Además, el Sistema de Administración Tributaria también le perdonó a Actidea, SA. de CV. el pago de una multa por 167 mil 958 pesos, a pesar de que había obtenido ingresos por 500 millones de pesos con sus contratos de gobierno.

Si eso pasaba en el gobierno de Peña Nieto, el periodista asegura que esos mismos manejos turbios del dinero destinado a eventos públicos continúa en la administración de López Obrador. Menciona el hombre de Yazmín Bolaños López, una oficinista que en los últimos dos años habría cobrado más de 60 millones de pesos como proveedora en la oficina del presidente.

Sin antecedentes empresariales, esta mujer aparece como la contratista que organizó los eventos por los festejos del Grito de Independencia para la Presidencia con un costo de 12 millones de pesos. También aparece como organizadora del AMLOfest del 2 de julio de 2019 con motivo del primer año del triunfo de López Obrador, donde recibió un contrato por 3.4 mdp por proveer escenario, vallas, mesas, monitores, generadores de electricidad, baños portátiles, tarimas, consolas de audio sistema de iluminación y 10 mil sillas para el evento.

“Es claro que la señora Yazmin Bolaños López, si existe, es una prestanombres de alguien o algunos más que controlan en el actual gobierno el negocio millonario de los eventos presidenciales. ¿Quiénes serán? Dicen que la cabeza apunta a un muy alto funcionario del Palacio Nacional”, concluye el periodista.