Caso emblemático porque la jueza Sara Bruna Quiñónez está dando lecciones de predominio de la justicia por encima del tráfico de influencia, el juicio contra Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, muestra cómo el aparato gubernamental y la Fiscalía Anticorrupción operan más a favor de los acusados que en pro del estado de derecho. ¿Quién ganará? La sociedad sinaloense desea que triunfe la ley.

Por Redacción De Primera Noticias.

El desenlace del juicio contra Armando Villarreal Ibarra, acusado de desviar 260 millones de pesos de recursos públicos en 2016, durante el sexenio de Mario López Valdez, depende de qué tanto aguante la juez de la causa, Sara Bruna Quiñónez, ante las presiones para que valide el acuerdo consistente en que el implicado pague solamente 2 millones de pesos y pida disculpas públicas por los delitos cometidos.

Con los cargos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, que acumulan 16 años de cárcel, Villarreal Ibarra alega que ese dinero nadie se lo llevó a sus casas ni lo depositó en sus cuentas, sino que fue utilizado para pagar nómina, sin clarificar todavía a quiénes benefició y con cuánto.

A pesar de que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y la Fiscalía General del Estado respaldan el acuerdo para que el ex funcionario malovista salga exonerado pagando menos del 10 por ciento del monto desviado, el 29 de enero la juez evidenció lo que ella misma llamó un trato inmoral, que muestra apenas la punta del iceberg de la corrupción.

—¿A usted quién le dijo que podía otorgar un acuerdo de ese tipo?” —, le preguntó Sara Bruna Quiñónez al abogado de la parte ofendida (Gobierno del Estado) Ismael Carreón Ruelas.

—Fue un acuerdo entre el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Administración y Finanzas—, respondió el abogado del gobierno.

Juez: De forma explícita, ¿quiénes fueron?

Abogado: Son Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas”.

Enseguida cuestionó al fiscal encargado del caso:

Juez: Y a usted, fiscal, ¿quién le dio la autorización para aceptar un acuerdo?

Fiscal: En ese acuerdo que hicieron entre la defensa y Gobierno del Estado estuvo la Fiscal Anticorrupción (Reyna Angulo Valenzuela), ahí estuvo en medio.

Juez: considero que no se satisface las necesidades para esta audiencia, porque no se puede tener certeza dado el delito y la víctima, que es el servicio público.

Lo que la juez pedía era que se precisara el acuerdo de que Villarreal pagara solo 2 millones de pesos de los 260 que desvió, ya que dijo no le quedaba claro cómo se sacaron de un rubro para utilizarse en otro, además de no precisarse la ruta del dinero.

Después de escuchar al jurídico del gobierno y al fiscal que tiene a su cargo la acusación, Sara Bruna Quiñónez sorprendió con la decisión tomada:

“No me parece moral autorizarlo… para mí estos delitos son inéditos. Tengo 25 años en la labor judicial y no me había tocado uno así. Si ya habían sucedido otros casos y habían pasado con esos acuerdos, considero que no está bien. No se puede tratar millones como si fueran centavos”, concluyó.

Lodos de la cloaca mayor

Armando Villarreal es el segundo ex funcionario de alto nivel que es llevado a los tribunales por malos manejos de las finanzas públicas cometidos durante el sexenio de Malova. Además, es considerando el “pez gordo” de las irregularidades equiparables a corrupción consumadas de 2011 a 2016.

En 2019 el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, resultó enjuiciado por la compra irregular de equipo médico en la que se involucró a una empresa de la cual él es accionista. El monto defraudado ascendió a 14 millones de pesos, pero en un “arreglo” similar al que ahora se propone para Armando Villarreal, se le facilitó el pago de solamente 7 millones de pesos y en abonos. Al cumplir con ello fue exonerado de responsabilidad penal.

Sin embargo, la cloaca malovista es más grande. En julio de 2017, a la mitad del primer año del período de gobierno de Quirino Ordaz Coppel, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio, dio a conocer que se abrieron procesos de responsabilidad administrativa contra nueve integrantes del alto mando del sexenio de López Valdez por el uso irregular de 2 mil 164 millones de pesos.

Entre las acusaciones se enumeraron la no entrega de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado e Issstesin, a pesar de que se le retuvieron cuotas a los trabajadores; traspasos de cuentas bancarias de fondos federales, sin que existiera justificación, por el gasto de más de 563 millones de pesos; pagos por alrededor de 830 millones de pesos con facturas apócrifas; anomalías en la ejecución y pago de obras públicas como construcción de edificios sin que el Gobierno de Sinaloa tuviera la titularidad del terreno y ampliación de los montos de varios contratos, que rebasaron el tope del 25 por ciento del costo de la obra aprobado.

El reciente martes 4 de febrero, en la primera sesión de la Comisión Permanente, la diputada de Morena, Alma Rosa Garzón, recordó que se desconoce el destino de más de 6 mil millones de pesos ejercidos en el sexenio de Malova, y que involucran al ex tesorero Armando Villarral Ibarra, refiriéndose a la misma lista de delitos que Yan Rubio denunció en 2017.

Le reclamó también a la anterior Legislatura, la número 62, que le haya aprobado las cuentas públicas a Malova del segundo semestre de 2016, “de una manera deshonesta”  porque ya se evidenciaba desde entonces el desvío de mil 300 millones por aportaciones no entregadas al Instituto de Pensiones y el mal ejercicio de otros fondos, tales como los préstamos bancarios a corto plazo que acumularon en un año la extraordinaria suma de 3 mil 520 millones de pesos, de la cual tampoco se informó sobre el destino de esta.

Es decir, el caso Villarreal es apenas la punta de la madeja de ilícitos relacionados con el mal desempeño del servicio público y utilización irregular de las finanzas públicas, aunque los demás funcionarios no hayan sido llamados a rendir cuentas. A esto se debe que la opinión pública considere determinante en el combate a la corrupción el desenlace del juicio contra el ex secretario de Administración y Finanzas.

“Sólo es la punta del iceberg”

Pero luego de la audiencia del 29 de enero, los estructuradores del acuerdo favorable para Villarreal siguieron confiados en que la juez Sara Bruna Quiñónez les aceptara el “arreglo”. Nunca imaginaron que la justicia seguía firme en la postura inicial y el 7 de febrero se le asestó el segundo golpe a la impunidad.

Quiñónez insistió en que le mostraran el acuerdo escrito que propone que Armando Villarreal pague solo 2 millones de pesos de los 260 millones de pesos desviados, pero ni la Fiscalía ni el Gobierno del Estado lo tenían. “Tenemos la facultad jurídica para ese tipo de procesos legales. No requerimos de una autorización por escrito”, consideré el fiscal Gustavo Pérez Sevilla.

Juez: En pocas palabras, la fiscal no quiso dar el escrito… por ser dinero público se necesita de una formalidad por escrito, aunque no fuese un requisito obligatorio en leyes… ustedes hacen sus arreglos y debe quedar bien establecido para el control del caso.

Fiscal: Nosotros no tenemos necesidad, porque no estamos dando el consentimiento. En el Código dice que el planteamiento es por el Ministerio Público o por los imputados.

Juez: ¿Qué debo de entender de que no se oponen?

Aquí intervino otro de los fiscales, Librado Romero Martínez, para plantear que no se estaba avalando por ellos ese acuerdo. La juez pidió explicar cuál es la diferencia entre no oponerse y avalar un acuerdo.

Juez: ¿Cómo se llegó a esto?

Fiscal Romero: Se integró en el expediente, luego de un dictamen de un perito particular.

Juez : ¿fue un peritaje fiscal?

Fiscal Romero: No.

Juez: No se acreditó a dónde fue el dinero. Todo esto parece muy atípico. La ASE reportó pero no terminó la auditoría, la Unidad de Transparencia como órgano no sabemos si inició una investigación administrativa ni tampoco se verbalizó si se actuó en consecuencia sobre la Secretaría. Nada más me han mostrado la punta del iceberg, porque no me han demostrado qué pasó con el dinero, a quiénes se destinó el dinero.

Al terminar el cruce de impresiones la juez determinó que por tratarse de que el monto del producto del delito o de los daños o perjuicios causados excede de mil veces el salario mínimo, la sanción será de uno a nueve años de prisión y de ciento ochenta a quinientos días multa, le negaba la suspensión condicional del proceso a Armando Villarreal y coacusados.

Finalmente, Ibarra Villarreal tomó el micrófono y expuso: “Respeto su decisión, a eso venimos, a respetar el proceso… Independientemente qué se piense, que se le haga alta la cantidad… eso se entregó a personal de Gobierno del Estado para resolver un problema de aguinaldos”. Luego dijo que apelaría la decisión mediante un amparo, pero a las horas rectificó al dar a conocer que asistiría a la audiencia intermedia del 13 de febrero para que el juicio continuara.

Un juicio a paso de tortuga

Paso a pasito, con la cautela de Armando Villarreal y coacusados, la táctica de la Fiscalía para ganar tiempo y armar el acuerdo “resarcitorio”, así como la vacilante acción del Gobierno de Sinaloa por atrapar a un “pez gordo” de la corrupción, el proceso contra el ex tesorero de Mario López Valdez ha ido a veces a paso de tortuga, otras a paso de cangrejo, hasta llegar al momento actual.

Los mementos predominantes son los siguientes:

En 2017 la Auditoría Superior del Estado auditó el ejercicio financiero del segundo semestre de 2016, con una auditoría especial con número 07/2017.

Se encontró una irregularidad que se numeró como 118, en la cual se estableció el desvío de 293.5 millones de pesos que estaban en cuentas para fines específicos hacia otras cuatro cuentas que servían como pagaduría y captación de recursos propios.

La Secretaría de Administración y Finanzas hizo 112 movimientos bancarios para ese desvío.

Gobierno del Estado solventó 32 millones de pesos, pero se mantuvo el desconocimiento de los otros 261 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado, que no terminó la fiscalización, denunció ante la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía determinó que se habrían cometido los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público.

La Auditoría ya no dio seguimiento para establecer qué sucedió con el dinero y la Fiscalía tampoco le requirió terminar la fiscalización.

La Fiscalía presentó una acusación en la que se pidió 16 años de cárcel, 20 años de inhabilitación en el servicio público y la devolución de los 260 millones de pesos, pero la decisión después cambió.

Para ese cambio, se dijo en una audiencia que el dinero se usó para pagar salarios y aguinaldos de funcionarios.

Actualmente, al negar la juez la suspensión condicional del proceso es posible que inicie el juicio oral para que las partes acusada, ofendida y acusadora desahoguen las pruebas y se emita el veredicto final por el Poder Judicial.