Sobornos por contratos: Empresas y funcionarios juegan con la salud
lunes, 23 de noviembre de 2020
Sobornos por contratos: Empresas y funcionarios juegan con la salud
 

 

 

Odebrecht no es la única empresa que ha usado un esquema de sobornos millonarios para obtener contratos con los gobiernos. En otros sectores como el de la Salud, por ejemplo, farmacéuticas y empresas de tecnología también implementan esquemas de sobornos con los que han conseguido licitaciones para la compra de equipo médico o para que determinados medicamentos sean ampliamente recetados por los doctores.

 

 

 

Por Redacción De Primera Noticias.

 

 

 

Entre 2005 y 2016, la farmacéutica israelí Teva pagó millonarios sobornos a médicos de hospitales públicos en México para que recetaran el medicamento Copaxone a sus pacientes enfermos de esclerosis múltiple.

 

 

Copaxone, o acetato de glatiramero inyectable, tiene un valor en el mercado actual de 26 mil 998 pesos por cada caja con 28 dosis. Quienes sufren de esclerosis múltiple deben aplicarse una inyección diaria de Copaxone, por lo que quienes no cuentan con seguridad social deben invertir alrededor de 324 mil pesos por año en su tratamiento.

 

 

Se trata de uno de los medicamentos más caros del mercado que le reditúa millonarias ganancias a la farmacéutica Teva, el cual, a nivel global, ha llegado a representar hasta el 40% de sus ventas. El laboratorio cuenta con la patente de este medicamento hasta el año 2025. Hasta entonces otros laboratorios podrán empezar a producirlo a nivel genérico.

 

 

En diciembre de 2016, en un tribunal del distrito sur de Florida se presentaron unos correos electrónicos interceptados por las autoridades estadounidenses, enviados entre 2008 y 2009, en los que un neurólogo mexicano le reclamaba a la farmacéutica por retrasarse en el pago de los sobornos a pesar de que él le había recetado ese medicamento a 170 pacientes.

 

 

“Teva México prometió, prometió y prometió y nunca ha habido ningún interés para mejorar nuestra relación […] La falta de pago es realmente extraña cuando soy su mejor cliente en México”, señalaba el neurólogo en un correo enviado al ejecutivo de Teva responsable de comercializar el medicamento.  

 

 

“El neurólogo que exigía el pago aseguraba que estaba prescribiendo Copaxone a aproximadamente 170 pacientes. Cada envase del fármaco era vendido [en 2009] por Teva en 22 mil pesos, así que tan solo ese médico le generaba a la compañía ingresos mensuales por unos 3 millones 740 mil pesos”, señala el periodista Raúl Olmos en su libro El Saqueo Corporativo, una investigación sobre la corrupción empresarial y los esquemas de sobornos con los que obtienen contratos y licitaciones en México.

 

 

El periodista indica que el área de comercialización de Teva no pasó por alto el reclamo y reenvió el correo a un alto ejecutivo del corporativo con el mensaje: “Aprecio tener su cooperación y confío en que el problema pueda resolverse. Después de todo, no todos los días recibimos una queja de un especialista que tiene 170 pacientes de Copaxone”.

 

 

La farmacéutica contaba con un departamento de Mercadotecnia y Promociones que en realidad se dedicaba a  sobornar a médicos y directivos de hospitales públicos para que el medicamento fuera recetado a los pacientes con esclerosis múltiple por encima de otras opciones más económicas.

 

 

Olmos señala otro caso en el que a un neurólogo “reconocido e influyente en México, quien había ocupado altos cargos en hospitales e instituciones de atención médica del Estado mexicano” le fue entregado un soborno de 30 mil dólares en un maletín por haber recetado el medicamento a sus pacientes, caso que fue conocido por los agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) gracias a la intercepción de un correo electrónico enviado por un empleado de Teva México, el 15 de marzo de 2012.

 

 

De acuerdo con Olmos, la trama de corrupción que encabezaba la farmacéutica en México inició desde 2005, al fina del sexenio de Vicente Fox, y se extendió durante toda la gestión de Felipe Calderón.

 

 

Una de las opciones que la empresa usó para canalizar los pagos a los servidores públicos fue a través de la contratación de una empresa mexicana para distribuir copaxone en los hospitales públicos, centros de salud e instituciones como el IMSS. La empresa contratada fue Nadro, con la cual se acordó un pago adicional de 2% por cada medicamento: este porcentaje adicional sería para dar dinero en efectivo a los médicos a cambio de copias de recetas en las que se evidenciara que habían recetado Copaxone.

 

 

Fueron el FBI y el Departamento de Justicia los que obtuvieron testimonios de empleados de Teva, quienes confirmaron la participación de Nadro en la trama de corrupción. Estos ejecutivos le informaron a las agencias estadounidenses que Teva había “manipulado informes de gastos para facilitar pagos fraudulentos al gobierno mexicano”.

 

 

“En contratos y facturas obtenidas para esta investigación consta que Nadro fungía como intermediario de Teva para abastecer al IMSS el medicamento Copaxone”, señala Olmos. “En solo tres contratos, el IMSS acordó pagarle a Nadro 435 millones 507 mil pesos para que surtiera en 2011 y 2012 más de 22 mil envases de Copaxone […] el precio promedio se elevó 3.7% de un año a otro. En 2011 el IMSS pagó cada caja en 21 mil 313, mientras que en 2012 se elevó a 22 mil 99 pesos. Teva aplicó un margen adicional de 2% a los fármacos entregados al distribuidor, de donde habrían salido los sobornos””, señala Olmos.

 

 

Este es un caso de los muchos que se incluyen en la investigación sobre farmacéuticas y empresas de tecnología médica que, como en el caso de Odebrech en el sector energético, han implementado esquemas de sobornos a funcionarios mexicanos para ganar licitaciones, obtener contratos y permisos para la operación o venta de productos en el sector Salud.

 

 

Otra de las empresas mencionadas es la estadounidense Syncor, la cual se dedica a la fabricación de productos de radiología, y que durante décadas estableció un sistemático esquema de pagos ilegales a doctores en México, Taiwán, Bélgica, Luxemburgo y Francia.

 

 

Durante el sexenio de Fox, Syncor repartió cientos de miles de dólares a médicos y directivos de hospitales encargados de las compras a cambio de la adquisición de equipo con recursos públicos. También apoyó a médicos para que asistieran a seminarios internacional pagándoles boletos de avión, hospedaje y viáticos.

 

 

La manera en que Syncor podía pagar todo esto era sobrefacturando el precio de los equipos que vendía a hospitales públicos y la diferencia entre  el precio real y el precio inflado representaba la comisión de venta para los doctores.

 

 

Olympus, una empresa dedicada a vender equipos de endoscopios, no solo repartió dinero, también regalaba viajes, equipo médicos y hasta le pagaba deudas bancarias a médicos que influían en las licitaciones para la adquisición de sus productos.

 

 

Uno de los casos más notorios es el de Fresenius Medical Care, una empresa dedicada a la producción de suministros especiales para diálisis renales, la cual fue acusada de elevar el precio de los kits de tratamientos para pacientes del IMSS.

 

 

En 2010 realizó un plan para aumentar el precio por kit de diálisis para una licitación con el IMSS. Sobornó a funcionarios involucrados en el procedimiento de contratación para obtener la subrogación de servicios en el Seguro Social a un precio de 92 dólares por tratamiento.

 

 

Atender a un paciente con insuficiencia renal crónica cuesta le IMSS 321 mil pesos al año. Es una enfermedad cara que ha puesto en riesgo la viabilidad financiera a futuro de la institución. Se estima que para 2050 el gasto será de 134 mil millones, en comparación con los 6 mil 545 millones que gasta en la actualidad.

 

 

“Para quienes carecen de seguridad social el escenario es catastrófico. Muchos pacientes, cuyos riñones han dejado de funcionar, están condenados al rápido deterioro de su salud y en caso extremo a la muerte, ante el elevado costo de los tratamientos. Por eso resulta cruel que existan laboratorios que lucren con este padecimiento”, señala Olmos.

 

 

Fresenius Medical Care fue acusada de elevar el precio de los kits de tratamiento al IMSS como parte de una trama internacional de sobornos ocurrida durante seis años. La corporación corrompía a funcionarios involucrados en el procedimiento de contratación.

 

 

“Entre 2010 y 2011, periodo en el que Daniel Karam director del IMSS, Fresenius pagó sobornos por 2 millones 775 mil pesos. En contraste, obtuvo contratos para vender suministros médicos para diálisis renales por 2 mil 133 millones de pesos, de los cuales 65% se asignó en forma directa, sin licitación”, señala la investigación.

 

 

A pesar de las evidencias de corrupción, la empresa volvió a ser contratada para nuevas licitaciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto aunque el Órgano Interno de Control del IMSS decidió inhabilitarle durante unos años. Actualmente, la empresa ya puede volver a obtener contratos públicos y durante la presente administración, en diciembre de 2019, bajo la dirección de Zoé Robledo, el IMSS le otorgó contratos por 374 millones para atender a enfermos de insuficiencia renal. Todo el historial negativo de esta empresa, con sobornos a funcionarios e incumplimientos de contratos, quedó en el olvido.

 

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