Desde siempre se ha mantenido la sospecha de que las corporaciones policiacas en Sinaloa le prestan servicio al crimen organizado, pero pocas veces las pruebas son tan contundentes como el pasado viernes 25 en que fue revelada la noticia de la aprehensión de dos agentes de la Policía Municipal de Culiacán que trasladaban a un joven privado de la libertad, quien ya tenía tres días de torturas y cautiverio salvaje. Era cuestión de tiempo, lo que se rumoraba concretamente desde el “jueves negro” era que había policías no sólo en la nómina del narco, sino que de manera activa trabajaban limpiando el camino de enemigos. La ya olvidada golpiza a once policías en diciembre de 2019, que Óscar Guinto Marmolejo ocultó a la opinión pública, era la punta de lanza de lo que hoy se discute: policías delincuentes que le operan a la delincuencia organizada.
Por Redacción De Primera Noticias.
Los policías de Culiacán están bajo la mira. El pasado jueves 24 de septiembre dos de ellos fueron capturados por elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva cuando trasladaban a un joven que había sido privado de la libertad y torturado durante tres días con la finalidad de que confesara el lugar donde supuestamente un grupo rival del crimen organizado había escondido armas en la zona de Caminaguato, sindicatura de Tepuche.
Como sucedió en diciembre pasado, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, aseguró que no se enteró del arresto de sus dos elementos, los cuales contaban con 24 y 18 años de servicio en la corporación policiaca.
En diciembre de 2019, cuando las tensiones entre las células rivales del Cártel de Sinaloa mantenían en suspenso una oleada de rumores de supuestos enfrentamientos, once policías municipales fueron fuertemente golpeados por uno de los jefes de pistoleros, aunque Guinto Marmolejo prefirió evadir la realidad, y declaró a la prensa que sus muchachos habían resultado heridos en un accidente que involucraba a una patrulla.
De acuerdo con las versiones que circularon entre las mismas filas policiacas, los agentes fueron “tableados” en el norte de Culiacán y llevados de emergencia a una clínica particular, en donde convalecieron de las heridas infligidas.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no cayó en el engaño, lo que llevó al vicefiscal de la Zona Centro, Miguel Ángel Valdez Zazueta, a declarar de manera ambigua a los medios y se limitó a responder que no se podían descartar ni el accidente vial ni lesiones dolosas en el caso.
Al final, la brutal golpiza fue “enterrada” en esos días y los agentes, una vez superadas las lesiones, se reincorporaron a su trabajo cotidiano.
EN EL JUZGADO
El caso de los agentes Evaristo y Gilberto, ha levantado la sospecha, aunque pocos declararon en estos días. Fue en el Centro de Justicia Penal de Culiacán donde se ventiló la historia que contó Víctor, alias El Quiquín, desde que fue levantado el 21 de septiembre hasta que la Guardia Nacional y la PEP lo rescataron de una muerte segura.
Según la narrativa contenida en la Carpeta de Investigación, dada a conocer en la audiencia inicial entre el domingo 27 y el lunes 28 de septiembre, El Quiquín fue privado de la libertad en su domicilio de la colonia Las Huertas de Culiacán, delito perpetrado por un grupo armado, y no por los policías.
O al menos eso narró al ministerio público la víctima, quien dijo ser repartidor de sushi, originario de Caminaguato, Tepuche, y tener 26 años. Tras ser levantado de su casa, supo que lo llevaron a una bodega en la comunidad de Bellavista, ubicada en la sindicatura de Culiacancito, donde fue sometido a una serie de torturas que incluyó un tiro en uno de sus pies.?
Todo el tiempo con los ojos vendados, Víctor declaró que el 24 de septiembre lo subieron a una camioneta, de la cual supo después era una patrulla de la Policía Municipal, y quienes manejaban eran policías. Él iba tirado en la caja de la unidad policial.
Junto con él iba José Antonio golpeándolo con la culata de un “cuerno de chivo”. Lo llevaron a Caminaguato con la intención de que entregara las supuestas armas, que dijo que estaban enterradas.?
Con picos y palas excavaron en la zona de un arroyo, pero al no encontrarlas, solicitaron una retroexcavadora. Fue en ese momento en que iban de regreso a Culiacán cuando se encontraron a la Guardia Nacional y a los policías estatales.?Descubiertos en flagrancia, la Guardia Nacional y la PEP puso a disposición a los policías y al civil armado.
En el parte que redactó la Guardia Nacional, se especifica que acudieron a la zona de Caminaguato debido a que se dieron reportes al 911 durante la noche del jueves de que civiles armados estaban golpeando a algunos habitantes de esta comunidad.
Fue así como fue de avanzada una patrulla de la Guardia Nacional y dos de la Estatal Preventiva. En el camino, en sentido contrario, se toparon a tres patrullas de lo que parecía ser la Policía Municipal, mismas que “adoptaron una actitud evasiva, logrando darse a la fuga dos de ellas”.
Así, los elementos federales detuvieron a Evaristo y a Gilberto, quienes en un primero momento intentaron “zafarse” del problema señalando que llevaban dos detenidos. Sin más opción, fueron trasladados ante la Fiscalía, la cual enderezó el delito de desaparición forzada, mucho más grave aún que el de privación de la libertad.
SEGUIRÁN COBRANDO
Pero el colmo de Óscar Guinto Marmolejo fue cuando el martes 29 de septiembre declaró a los medios de comunicación que los policías bajo proceso y acusados de desaparición forzada seguirán cobrando su sueldo íntegro en tanto no exista una sentencia en su contra.
Los dos agentes de la Policía Municipal detenidos y ahora bajo proceso por el delito de desaparición forzada, continuarán cobrando su sueldo en tanto no exista una sentencia en su contra.
El jefe policiaco aseguró que la institución no se enteró del arresto de los elementos hasta el final del turno, ya que no fueron notificados sino hasta que emprendieron alerta de la situación a las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno para ir en su búsqueda, entonces fueron informados por la Guardia Nacional que habían sido arrestados.
Guinto Marmolejo afirmó que los policías municipales seguirán activos hasta que se solucione la situación y se esclarezcan los hechos, en el caso de que hayan participado en el delito que se les imputa, ya que dijo que deben responder por sus actos.
LOS MÁS REPROBADOS
Que las corporaciones municipales sean de las más corruptas, no es sorpresa. De hecho, los datos duros revelan que son las peores evaluadas en cuanto a los controles de confianza y bajo la excusa de que no es suficiente el estado de fuerza, los policías no aptos no son despedidos.
De acuerdo con el Diagnóstico “Seguridad y Justicia en el Estado de Sinaloa”, realizado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene sólo un 10% de su plantilla activa reprobada en sus evaluaciones, las policías municipales tienen el 42% a nivel estatal, lo que implica que los municipios tienen a la mayoría de los agentes “no aptos” para el cargo.
En contraste, la SSP ha puesto como aprobados al 86% de su estado de fuerza, principalmente la Policía Estatal Preventiva, la cual contaba hasta diciembre de 2019, con 888 elementos evaluables.
Las policías de los 18 municipios tenían cuatro mil 379, de los cuales el 53% resultaron aprobados en el Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, y un 42% sencillamente “tronó” el examen.
Después de las municipales, son los elementos penitenciarios de Reinserción Social, quienes son los menos aptos, ya que el 33% resultó reprobado y el 65% sí pasó.
En la Fiscalía General del Estado, que tiene a su cargo la Policía Investigadora, resultó como “no apto” el 24% de los evaluados, mientras que el 70% fue aprobado.