Contrario al discurso oficial que pregonan las autoridades con respecto a que Mazatlán es un destino seguro, la realidad de los desaparecidos se impone y sale a la luz. Durante las vacaciones de semana santa no solo hubo accidentes y personas ahogadas, también se registraron un homicidio doloso en pleno malecón y la privación de la libertad de tres turistas originarios de Nuevo León, en el que habrían participado agentes policiacos, algo que las autoridades se apresuraron a desmentir bajo el argumento de que los policías en Sinaloa “no andan levantando gente”.

Por Redacción De Primera Noticias.

La madrugada del sábado 16 de abril, en pleno periodo vacacional por semana santa, tres turistas originarios de Nuevo León fueron privados de la libertad por un grupo armado en un departamento de Sábalo Country, en la zona dorada de Mazatlán.

El caso se dio a conocer a través de las redes sociales, en la página de Facebook del colectivo de búsqueda Por las Voces sin Justicia, al cual acudieron los familiares de las víctimas en busca de ayuda para difundir las fotos de los tres secuestrados con la esperanza de que fueran localizados a la brevedad.

De acuerdo con la versión de la esposa de uno de los secuestrados, el grupo de turistas conformado por 20 personas originarias de Monterrey, llegó a Mazatlán el jueves 14 de abril para pasar sus vacaciones de semana santa.

Circula en redes sociales una foto de los turistas regios sentados alrededor de una mesa en la playa. Hay hombres, mujeres y niños. Entre las mujeres se encuentra una embarazada. Beben y comen como cualquier otra familia que disfruta sus días de descanso junto al mar.

Al día siguiente, viernes 15 de abril, el grupo se reunió en un departamento del fraccionamiento Sábalo Country, en plena zona dorada de Mazatlán, donde se ubican algunos de los hoteles de lujo más conocidos como el Pueblo Bonito, el Luna Palace o el Palace Beach.

El departamento lo habían rentado para todo el fin de semana dividiéndose el gasto entre todos los integrantes del grupo. Por la noche hicieron una carne asada. En la madrugada, cuando ya estaban por irse a dormir, sujetos armados irrumpieron en el departamento.

Eran entre 10 y 15 hombres con armas de grueso calibre, algunos encapuchados, que los obligaron a tirarse al piso. El relato de la sobreviviente señala que los sujetos golpearon en la espalda y la cabeza con una pistola a uno de los niños, y a la mujer embarazada también la golpearon con un arma para que se tirara al suelo.  

La mujer relata que los sujetos preguntaron por el dueño de una camioneta blanca, aparcada en el estacionamiento de los condominios, que no pertenecía a ninguno de los turistas pues de acuerdo con su versión ellos viajaron al puerto en dos vehículos: una camioneta Chevrolet Tahoe gris y una GMC Sierra color negro.

A todos los presentes les quitaron sus teléfonos celulares, además de dinero en efectivo y tras abandonar el departamento se llevaron las dos camionetas en las que arribaron a Mazatlán.

La mujer señala que uno de los sujetos armados llevaba la foto de una persona a la que buscaban que no correspondía con ninguno de los turistas. Los compararon uno por uno y al final, asegura, descubrieron que entre los presentas no estaba la persona por la que iban.

A pesar de ello, escogieron a tres hombres al azar, les ordenaron que se pusieran de pie y se los llevaron.

“Yo les mencioné que si podía ir con ellos y ellos me dijeron que no, que los iban a regresar, pero ya van ocho días esperándolos con angustia y miedo a que les hagan algo a ellos o a nosotros”, relata la mujer en una publicación en redes sociales del domingo 24 de abril.

En la otra publicación de Por las Voces sin Justicia se menciona, además, que los agresores llegaron al condominio a bordo de una camioneta GMC Sierra blanca, una camioneta Colorado color gris, una camioneta Patriot cuyo color no se menciona y una patrulla de la policía.

Los hombres privados de la libertad son Carlos Daniel Garza Rocha, de 22 años de edad, Pablo Leonel Palomo Arredondo, de 29 años y Eduardo Alberto Costilla Santiago, de 26 años.

En una de las publicaciones que ha hecho la esposa de uno de los tres desaparecidos se dirige abiertamente a “Ovidio”, a quien le pide su ayuda “porque sé que es el único que puede hacerlo”. 

“Yo sé que es la palabra de ellos contra la mía, pero yo sé que va usted a checar cómo estuvieron las cosas. Le pido a dios que esta publicación llegue a sus oídos y pueda ayudarme porque sé que es el único que puede hacerlo. Yo sé que usted es una persona buena y va a poner cartas en el asunto, yo no tengo un ejército que interceda por mí ni por él pero yo sé que usted me va a ayudar”, se lee en el escrito.

Y agrega: “De todo corazón le deseo que dios lo bendiga y que pueda ayudarme estoy muy desesperada no sé qué hacer ya la gente que se acerca solo me estaba con dinero y mi desesperación solo ha hecho que me roben, de todo corazón le pido que me ayude”.

Un día después, domingo 17 de abril, familiares de los tres jóvenes desaparecidos interpusieron un amparo ante un juzgado federal en el que señalan que entre los secuestradores había policías.

El expediente 285/2022 radicado en el juzgado Décimo de Distrito de Sinaloa, señala que el acto reclamado consiste en la “privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, así como desaparición forzada” por parte de elementos de la policía, de acuerdo con información de El Sol de Sinaloa.

Dicha demanda de amparo responsabiliza a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, a la Fiscalía General del Estado, Marina y Sedena, por los hechos ocurridos la madrugada del sábado.

El Juez Décimo de Distrito, al admitir la demanda de amparo, pidió a las autoridades señaladas en el cuerpo del escrito que: “Cesen de inmediato los actos de incomunicación, malos tratos, tortura, así como cualquier otro acto proscrito que, en su caso, se inflijan a los directos quejosos por encontrarse dentro de las conductas prohibidas por el artículo 22 constitucional”.

De este modo se le ordenó a un fedatario federal que se presente de inmediato en las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en Mazatlán, para buscar a los desaparecidos: “De no localizarlos, deberá trasladarse a las comandancias e instalaciones policiales y de detención de la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía de la Región, Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, Zonas Militar o Marina Armada de México, hospitales, centros de atención psiquiátricos, centros penitenciarios o cualquier otro lugar donde pudiera localizarse a los directos quejosos”, puntualiza el trámite de demanda.

Informado del caso, el gobernador Rubén Rocha Moya descartó que entre los secuestradores pudiera haber agentes policiacos ya que, asegura, los policías de Sinaloa “no andan levantando gente”.

En entrevista con medios locales dijo que “no existe ninguna evidencia para nada que anden en eso los policías de Sinaloa…. Los policías estatales no andan levantando gente”. El gobernador señaló que  las líneas de investigación inician a partir de que hay denuncias y “que yo sepa, no hay denuncia”.

Sin embargo, distintos grupos de rastreadoras contradicen a Rocha Moya y aseguran que, por el contrario, detrás de muchos casos de desaparición forzada en Sinaloa ha habido policías municipales participando en el delito. 

Mirna Nereida Medina, líder del colectivo Rastreadoras del Fuerte, señala que en el 70% de los casos que ellas tienen documentados intervinieron agentes municipales y que, a nivel nacional, la participación de agentes del Estado en la desaparición de personas se eleva al 90% de los casos.

Una de las modalidades más comunes de desaparición que este colectivo ha documentado es el caso de jóvenes que son detenidos por municipales en la calle y enviados a Barandilla donde, supuestamente, tras haber permanecido horas encerrados, firmaron su salida pero ya no volvió a saberse nada de ellos.  

“Hay casos de hombres que iban por la calle, y testigos dicen, yo vi que lo subieron a una patrulla, y ya no los vuelves a ver. Hay otros casos en los que se ha visto que son levantados de manera violenta en lugares públicos por policías municipales y no llegan ni a Barandilla”, señala Mirna Nereida en entrevista con De Primera Noticias.

“Esto ocurre en todo Sinaloa. En todo el país. Nosotros tenemos lazos con una organización que se llama Enlaces Nacionales y en el 90 por ciento de los casos se menciona como responsables de las desapariciones a agentes del gobierno, a policías ministeriales, a municipales, al ejército. Nosotros siempre hemos dicho que está muy delgada la línea que separa al gobierno de la delincuencia”, asegura Mirna Nereida.

 

REPORTAJE PUBLICADO EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA 336 QUE SALIÓ A LA VENTA EL PASADO 30 DE ABRIL.