Uno de los decomisos más grandes de cargamento de drogas que ha realizado la Secretaría de Marina en los últimos meses en Sinaloa tuvo un claro hilo de investigación: la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fue la agencia extranjera involucrada en las tareas de inteligencia e infiltración que llevó a redescubrir las redes de trasiego de drogas vía marítima hacia Estados Unidos. Según se desprenden de los expedientes oficiales del Departamento de Justicia, los elementos de la DEA ya están de regreso en el territorio mexicano, y en Sinaloa fue una agente quien redactó su informe del seguimiento de la lancha de dos pescadores de Las Arenitas detenidos en Topolobampo. La acusación es clara y contundente: La infiltración en el Cártel de Sinaloa es una realidad que sospechosamente se junta con toda una serie de operativos en la capital del estado, con los que han golpeado duramente las finanzas de la organización criminal.

Por Redacción Deprimera Noticias

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos está de nuevo en Sinaloa, atacando las redes de trasiego y distribución internacional de drogas del Cártel dirigido por Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos del Chapo Guzmán, infiltrando sus filas, socavando sus finanzas con operativos sorpresa que concluyen con decomisos de grandes cantidades de narcóticos que dejan de fluir hacia la frontera, las ciudades gringas que son abastecidas por esta organización criminal.

Documentos del Departamento de Justicia consultados por Deprimera Noticias revelan que la DEA ha estado infiltrando las redes de tráfico de cocaína, metanfetamina y fentalino, en especial aquellas en donde los principales transportadores son pescadores nativos de las costas sinaloenses.

En tan sólo cuatro meses, de septiembre a enero, gracias a la información de inteligencia que la Agencia dice obtener de fuentes directas, la Secretaría de Marina logró arrebatar a los narcos de Sinaloa cargamentos valuados en por lo menos 232 millones de dólares en el mercado negro, una cantidad multimillonaria y que sí golpea la economía de los narcotraficantes.

Gracias al cruce de información de los documentos entregados por la DEA al Departamento de Justicia estadounidense, así como de los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado y de la Conapesca (Proyecto Bienpesca), se logró determinar que el Cártel de Sinaloa estuvo usando una flota de pescadores de Las Arenitas, sindicatura de Eldorado, y de Angostura, como transportadores de estas cargas millonarias.

En el primero de los casos, la Marina mexicana capturó a dos pescadores que recibieron apoyo de la Secretaría de Pesca entre julio y septiembre, por un monto de mil 135 pesos, como parte del Programa de Empleo Temporal a Pescadores, entregado por el actual precandidato a gobernador del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien admitió que los dos ribereños fueron apoyados.

“No tenemos nada que ocultar, se les dio apoyo a esos dos pescadores por mil 300 pesos a cada uno y el programa apoyó a más de 27 mil pescadores. Entonces, que, si alguien en su vida privada comete un delito, yo exijo que se aplique la ley y que se castigue si son responsables. Nosotros estamos tranquilos, hay que ver si esas familias y otras, recibieron despensas, recibieron becas; hay que investigar a las otras instituciones”, manifestó Torres Félix, una semana después de la polémica a nivel nacional.

Se trata de los pescadores José Loreto Gastélum Torres, de 53 años, y su hijo Freddy Alejandro Gastélum Vega, de 33 años, quienes, según la relatoría del agente especial de la DEA, Danielle Dreyer, se les siguió desde que su embarcación, cargada con 2.5 toneladas de metanfetamina y 100 mil pastillas de fentanilo, salió del campo pesquero de Las Arenitas con rumbo a Baja California, atravesando el Golfo de California.

Además del apoyo de Pesca de empleo temporal, los pescadores también recibieron los siete mil 200 pesos de Bienpesca, entregados por la Conapesca, según se confirmó en el Padrón de Beneficiarios de esta dependencia.

ATRAPADOS EN LA RED

En la relatoría de Dreyer se advierte el grado de infiltración que ha logrado la DEA en estos últimos meses en coordinación con una fuerza de tarea de la Marina, toda vez que desde el “jueves negro” 17 de octubre de 2019, el Ejército Mexicano con su Guardia Nacional incurrieron en errores que no vuelven confiables a estas fuerzas armadas mexicanas para los gringos.

Al declarar en contra de los pescadores de Las Arenitas, Dreyer señala que “ha sido personalmente involucrado en la investigación de este asunto” y su testimonio se basa “en la participación personal en la investigación”.

En el documento entregado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para encausar a los detenidos, advierte que ha tenido conversaciones con funcionarios y empleados de la ley, y ha revisado documentos y otros registros que ha aprendido en el transcurso de su trabajo.

De esta manera, contó que el 29 de enero pasado los oficiales de la Marina rastrearon la embarcación con motor fuera de borda que zarpó de Las Arenitas y cuando avanzó hacia el norte, con dirección a Baja California.

Luego de varias horas de monitorear la embarcación, una lancha pesquera adaptada para transporte de carga, con dos motores potentes fuera de borda, la alcanzaron en las inmediaciones de Topolobampo, pues los ocupantes al observar que eran seguidos emprendieron el escape con maniobras evasivas.

Cerca del puerto mochiteco, en un área de manglares, el bote quedó a la deriva, abandonado mientras los ocupantes trataban de escapar, pero fueron sorprendidos cerca del sitio y arrestados. La relatoría de la DEA señala que el barco llevaba 960 contenedores de plástico con una carga de 2.5 toneladas de metanfetamina y 100 mil píldoras de oxicodona (fentanilo) con un peso de 30 miligramos cada una.

“Basado en mi formación y experiencia he aprendido que las personas involucradas en el tráfico de estupefacientes en México suelen usar M30 falsos para importa Fentanilo a Estados Unidos”, redactó.

Para confirmar la presencia de droga en la lancha, los marinos usaron los binomios caninos para la inspección. Según el argumento legal de la DEA, es necesario encausar penalmente en Estados Unidos debido que la carga se dirigía hacia la frontera. Además, la droga estaba a 480 millas del territorio estadounidense y, además, aunque esta información no se dio, se cuenta con más datos de que los narcóticos serían traficados por una red de apoyo detectada e investigada actualmente.

LA RED DE PESCA Y TRASIEGO

Pero cuatro meses atrás de este decomiso, hubo otro en el Caribe mexicano, cerca de las costas de Quintana Roo, también investigado por Danielle Dreyer y que involucra a otros tres pescadores originarios de Sinaloa, específicamente de La Reforma, Angostura.

Datos confirmados por Deprimera Noticias en el Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Pesca dirigida en ese entonces por Sergio Torres Félix, indican que, de los tres, dos de ellos también recibieron su apoyo de empleo temporal.

Se trata de Felizardo Díaz Hernández y Abraham Alfonso García Montoya, quienes recibieron la bonificación de parte de Gobierno del Estado en el periodo de julio a septiembre de 2020, en plena pandemia y antes del levantamiento de la veda de camarón.

En cambio, el tercer hombre arrestado en aguas del Caribe mexicano, de nombre Raymundo Montoya López, no aparece en el padrón revisado. Sin embargo, lo que sí se logró establecer es que los tres son originarios del municipio citado.

En el caso de estos tres pescadores, la misma agente reportó que el 1 de septiembre de 2020, los aviones de la Secretaría de Marina detectaron una lancha con motor fuera de borda a unas 85 millas náuticas de la costa de Quintana Roo.

“El barco-1 viajaba aproximadamente al noroeste a través del Mar Caribe, a una velocidad de 25 nudos, en dirección a la ciudad de Chetumal y al pueblo de Mahahual”.

“Poco tiempo después, la Armada de México interceptó y abordó la embarcación, en donde se encontró dos mil 960 kilogramos de cocaína”. Sin embargo, la DEA comenzó a levantar la sospecha de que “se perdieron” varios kilos, ya que a los días de que la Marina hizo público el decomiso de los alijos, se informó de una menor cantidad.

“Aproximadamente una semana después de la detención, sin embargo, las autoridades mexicanas indicaron que el peso total de la cocaína incautada fue de aproximadamente mil 800 kilogramos”.

“La explicación que dieron las autoridades a la DEA fue que cuando la cocaína se pesó inicialmente se empapó. La DEA continúa investigando esta aparente discrepancia”, indicó Dreyer.

Señaló que, según sus investigaciones y conocimiento, las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas operan en Quintana Roo y sus alrededores para introducir drogas por la costa de Estados Unidos.

“Las organizaciones suelen utilizar embarcaciones para transportar cocaína a Quintana Roo desde países donde se fabrica y se transborda en lugares como Guatemala, Colombia y Venezuela”.

PRESENCIA INSALVABLE, PRESENCIA QUE CHOCA

Estos dos operativos de la Marina en coordinación con la DEA dejan entrever que el Departamento de Justicia estadounidense no quita el dedo del renglón para que el Gobierno mexicano representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no pare los trabajos de investigación en contra de las organizaciones criminales de narcotráfico.

Y es que, desde el fallido operativo en contra de Ovidio Guzmán López, El Ratón, el 17 de octubre de 2019, en que un grupo del Ejército mexicano frustró su intento de arresto a plena luz del día en Culiacán, con información aportada por la DEA, las relaciones bilaterales de cooperación entre ambos países se crisparon.

Todo debido a que López Obrador comenzó a negar la participación directa de las agencias de seguridad gringa en el país, apelando a su rancio sentido del patriotismo. El evidente fracaso de la Operación Ovidio llegó a las sospechas del gabinete de seguridad federal de que la DEA estaba jugando su propio juego.

Al verse restringidos, los agentes antidrogas y sus mandos en el vecino país optaron por cambio de estrategia y fue así, en ese marco, que fue capturado el ex secretario de la Defensa Nacional, general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, cuando acudía con sus nietos a un viaje de diversión a Disneylandia.

El golpe al orgullo nacional apenas en octubre pasado, obligó a la cancillería mexicana presionar al grado de que la Fiscalía General de Estados Unidos retirara los cargos contra el general y se lo devolvieran íntegro, sin tocarle un pelo, al gobierno mexicano, quien lo absolvió de cualquier sospecha y hasta para garantizarle inmunidad, lo convirtió en asesor de seguridad del actual Alto Mando de la SEDENA.

Sin embargo, para quien revisara con perspicacia el expediente de 750 páginas que envió la Fiscalía gringa a la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, descubriría que las conversaciones entre los miembros del grupo criminal comandado por Francisco Padrón Sánchez, El H-2, otrora operador de los Beltrán Leyva en Nayarit, encierran grandes datos verificables en hechos ocurridos a lo largo de una guerra incierta entre el Estado y los grupos de narcotraficantes sinaloenses.

Si bien no se podía confiar en que fuera Cienfuegos quien estuvo al frente de las complicidades con estos delincuentes, la FGR desperdició la oportunidad de oro de encontrar la verdad histórica entre el “hombre de la milicia” que traicionó sus principios y decidió colaborar con el crimen organizado. Toda una hilada de sospechas desbaratadas por la única y militante verdad impuesta por el Gobierno de izquierda de López Obrador: ningún militar trabajó de cerca con este grupito de narcos a los que, por cierto, la Marina barrió en un solo plumazo con la artillería pesada de un helicóptero que sobrevoló Tepic, una madrugada de marzo de 2017.

INTENTO DE CONTROL

Con el caso Cienfuegos, lo que salió a relucir es que el gobierno lopezobradorista optó por limitar el trabajo de las agencias extranjeras de una manera formal: modificando la Ley de Seguridad Nacional, usando de ariete a un Congreso federal y a un Senado que está bajo el control del presidente.

A mediados de diciembre pasado, semanas después de que Cienfuegos volvió a México, y al sentirse los nacionales agraviados por el actuar de la DEA y la Fiscalía de Estados Unidos, operaron la modificación legal, que a la sazón determina:

“Regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional”. 

Dentro de la “regulación”, se puntualizó que los agentes extranjeros se tendrán que registrar y estar acreditados perfectamente por el gobierno mexicano.

Además, “deberán informar a las autoridades correspondientes, los hechos de que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.”

“Los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por nuestro país.”

No podrán realizar detenciones, como lo hicieron con El Chapo Guzmán y otros capos, ni menos interrogar a los narcotraficantes, como también lo hicieron muchas veces en Culiacán y otros puntos de Sinaloa.

Quizá por eso, la DEA ahora busca exhibir que algunos de los golpes de las autoridades mexicanas, son en realidad confección y diseño de sus mismas estrategias de inteligencia. Esto se sabrá con el paso del tiempo.