Un grupo de psicólogos y médicos peritos especializados en el protocolo de Estambul interpusieron una demanda en contra del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

Argumentan que desde la llegada del actual gobierno estatal morenista dejaron de recibir sus honorarios por los dictámenes médicos psicológicos que han realizado desde 2021.

El perito en psicología Luis Alfredo Torres Rodríguez señaló en entrevista con De Primera Noticias que son alrededor de seis peritos a quienes se les suspendieron sus pagos sin que hasta el momento ningún funcionario del Supremo Tribunal de Justicia les haya dado la cara.

En su caso particular, argumenta, el máximo órgano de justicia del estado de Sinaloa le adeuda más de 545 mil pesos por diferentes dictámenes médicos psicológicos conforme al protocolo de Estambul que ha realizado para los expedientes que le han sido asignados por los jueces.

Pero existen otros casos como el del médico forense José Amado Avilés Valenzuela, a quien el Poder Judicial de Sinaloa le adeuda alrededor de un millón 400 mil pesos desde hace más de dos años, sin que hasta el momento le hayan dado una explicación para la suspensión de los pagos.

El protocolo de Estambul es un manual de investigación y documentación sobre tortura, castigos y tratos crueles, inhumanos o degradantes a personas detenidas, adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2001.

Para determinar que una persona detenida fue objeto de torturas por parte de autoridades con el fin de obtener una confesión de culpabilidad se necesita un dictamen médico psicológico aplicado por un perito psicólogo y un médico forense.

En el caso de Sinaloa, si un detenido señala haber sido víctima de tortura por parte de autoridades, su abogado solicita que se le realice el dictamen del protocolo de Estambul, para lo cual el juez que lleva el caso contacta a los peritos especializados que trabajan al servicio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, institución que está obligada a pagar por dichos dictámenes.

A lo largo de 2021, Torres Rodríguez recibió decenas de expedientes en los que, en la mayoría de los casos, se determinó que en efecto sí se obtuvo una declaración de culpabilidad mediante la tortura física.

Los dictámenes, agrega, no indican si una persona es inocente o culpable del delito que se le acusa, solo revelan que esa persona fue torturada por las autoridades para que firmara una declaración de culpabilidad. La confirmación de la tortura puede provocar incluso que una persona detenida y procesada quede en libertad.

Es por eso que Torres Rodríguez acusa que hay mucha displicencia por parte del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa a cargo de Jesús Iván Chávez Rangel para cumplir con el pago a los peritos especializados que ponen en evidencia el mal actuar de las policías.

“Cuando ya le toca al Supremo Tribunal pagar ese servicio para que una persona torturada pueda acceder a la justicia es cuando se nota más la displicencia de las autoridades que dicen, por qué le voy a pagar, no me interesa, con lo que están negando el acceso a la justicia a una persona sin recursos para contratar un perito particular solo por evitar un gasto”, declara Torres Rodríguez.

El perito sicólogo recuerda que una de las responsabilidades del Estado es garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita, pero en el caso del máximo órgano de justicia de Sinaloa la respuesta es que no hay dinero, a pesar de que su titular gana alrededor de 150 mil pesos mensuales.

Para el doctor Avilés Valenzuela, uno de los 10 médicos certificados con los que cuenta Sinaloa para hacer este tipo de dictámenes, independientemente de la cantidad millonaria que se le adeuda, “lo triste es la total falta de respecto que el Estado tiene hacia aquellas personas que fueron torturadas”.

“El Estado está obligados por ley a darle auxilio a esas personas que refieren en su proceso judicial haber sido torturadas. Ahora está abolida la tortura, pero del año 2017 hacia atrás, a cerca del cien por ciento de las personas que están en la cárcel le sacaron una confesión a base de tortura”.

El doctor Avilés señala que desde el momento en que el gobierno de Morena encabezado por Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez tomó las riendas del Supremo Tribunal de Justicia se les dejó de pagar.

Torres Rodríguez coincide con él: “A mí con el nuevo gobierno fue cuando ya no me pagaron. Cuando entró el nuevo gobierno y llegó el nuevo magistrado presidente. Fue él [Chávez Rangel] quien dijo ya no se paga, ya no se paga. Nosotros solicitábamos el pago y nada. Sin una razón en concreto, ya sea por falta de presupuesto o porque no nos reconocieran los pagos, nada”.

Es por eso que Torres Rodríguez y otros peritos tuvieron que demandar al Poder Judicial del Estado de Sinaloa en diciembre de 2023 por el pago de la prestación de servicios profesionales por peritajes en materia del protocolo de Estambul, el pago de intereses moratorios y el pago de gastos y costas que se originen con motivo de la demanda. Como prueba de los adeudos presentaron constancias de acreditación expedidas por el supremo tribunal de justicia y acuses de recibido de los dictámenes por parte del juzgado de primera instancia del ramo penal.

“Hemos tratado de ver al presidente del supremo tribunal, pero no nos recibe, no nos toman en cuenta. Nosotros entregamos nuestros dictámenes como debe ser, nos conducimos de manera científica, legal, profesional. Estamos hablando de personas torturadas, privadas de la libertad, incomunicadas, alejadas de sus familias. Y el supremo tribunal que es el que imparte justicia está negándoles a esas personas torturadas y a sus familias la justicia que se merecen, y a nosotros nos está ignorando como coadyuvantes para que ese proceso de acceso a la justicia se lleve de la mejor manera”, concluye Torres Rodríguez.