La toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa reunió a tres ex gobernadores, pero fueron enviados allá hasta lo último del Salón de Sesiones; ya no estaban al frente, en primera fila, con aquella dignidad que se les daba antes a quienes representaron el Ejecutivo del Estado, pues ese sitio fue reservado a otros invitados, entre quienes se contaron a personas víctimas del delito. Sin embargo, más allá de esta circunstancias anecdótica, es seguro que Juan S. Millán, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez se vieron las caras después de un largo tiempo en el que su partido, ahora reducido a cenizas, hacía y deshacía en la entidad y en el país, con administraciones donde campeaba la corrupción, la impunidad y el narco creció como en la tierra de Jauja... Ninguno de ellos intentó el protagonismo, sino por el contrario, frente a la nueva Era de Morena, buscaron pasar por el bajo perfil, pero si ahora el voto ha elevado a la Cuarta Transformación, ha sido por estas pésimas gestiones caracterizadas por el saqueo sistemático.

Por Santiago Rentería.

El evento de toma de protesta del gobernador Rubén Rocha Moya sirvió como telón de fondo para que los ex gobernadores de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez tuvieran un frío y desangelado encuentro en la Cámara de Diputados local, en donde pasaron desapercibidos debido en parte a los rígidos protocolos sanitarios por la pandemia del Covid.

El único que fue abordado por los medios a su paso hacia su asiento, fue Malova, quien apenas declaró que como ex mandatario no tenía ningún consejo para Rocha Moya. A su lado iba el alcalde de Ahome y socio, Gerardo Vargas Landeros, quien hoy en día pugna por rescatar a López Valdez del olvido y subirlo al tren de Morena en el estado.

Pero mientras esto pasa, Aguilar Padilla intenta sobrevivir al destierro de su grupo político con su yerno Sergio Mario Arredondo convertido ahora en el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, y a quien le tocará revisar las cuentas del pasado y del presente.

Por su parte, del ex gobernador Juan Millán poco se habla, pues aquella gran influencia política que se decía ejercía sobre gobiernos y políticos se desmorona cansada de los años de ejercicio del poder. En los corrillos y comedores políticos se habla que ha preferido invertir en negocios particulares, como en radiodifusoras al servicio del poder en turno y en restaurantes que agasaja a la grey política de Sinaloa.

Millán, soborno y fortuna

El último escándalo en el que se vio envuelto este ex mandatario sinaloense, que dirigió los destinos del estado hace más de 16 años, fue en sus cuentas congeladas y ocultas en un banco de Andorra, bajo una modalidad opaca que se presta al lavado de dinero.

En un reportaje que desnuda a un grupo de poderosos expriistas, el diario español El País informó en marzo pasado que Millán Lizárraga guardaba una cartera de varios millones de dólares en la Banca Privada de Andorra, un paraíso fiscal en mitad de los montes Pirineos en Europa.

Quemado a nivel internacional como uno de los priistas millonarios que ocultan fortunas en bancas indescifrables, Millán Lizárraga citó a conferencia para admitir que junto con su socio Óscar Lara Aréchiga, muerto de cáncer, realizó una supuesta inversión para apalancar un crédito con el que buscaban generar un proyecto inmobiliario.

Se trataba de un recurso del cual no dijo de dónde venía, pero aseguró que eran alrededor de 20 millones de pesos. Fruto de una investigación, esa cuenta asociada con Lara Aréchiga y otros socios de los que no dijo nombre, estaba congelada.

“De ninguna manera, y ahí puedo hablar por Óscar Lara y por los demás, jamás se trató de ocultar recursos, de ninguna manera de recursos mal habidos, y a mí me comunicaron nada más el caso mío, que estaba totalmente demostrado la legalidad de los recursos, por supuesto es una información de los abogados, no es una información oficial de las autoridades de Andorra ni de España”, comentó Millán Lizárraga.

Durante su administración, otros escándalos florecieron y alcanzaron magnitud nacional, como el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en septiembre del 2004, en Plaza Cinépolis de Culiacán.

Este crimen dejó al descubierto que la entonces Policía Ministerial del Estado, a cargo del finado Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, tenían ligas con el crimen organizado, pues uno de los hombres de confianza de Chuy Toño, el comandante Pedro López, era guardaespaldas de El Niño de Oro.

Tras indecibles delaciones, Chuy Toño y toda su gente en la Ministerial fueron perseguidos por la PGR y hasta el extinto comandante llegó a formar parte de la lista de recompensas de los más buscados del país.

En el juicio contra El Chapo Guzmán en Nueva York, también salió a relucir que no sólo los Carrillo Fuentes tenían en su nómina a la Policía Ministerial, sino también El Mayo Zambada, quien le decía compadre a Chuy Toño, y durante el gobierno de Malova, El Chapo también formaba parte de este vínculo con el gobierno sinaloense.

Aguilar y el Cártel De Sinaloa

Pero si con Millán los narcotraficantes se encumbraron en el poder criminal, con Jesús Aguilar Padilla la línea no cambió, sino que se potenció. En el 2008, cuando Aguilar ya cursaba su cuarto año de gobierno, el Cártel de Sinaloa se fracturó provocando una guerra sin cuartel que bañó de sangre la entidad.

Sin embargo, fue años después, durante el juicio de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en la Corte de Columbia, en que se revelaron documentos que comprometían a Aguilar Padilla y hasta Juan Millán. Según testigos protegidos que declararon a los fiscales gringos, en los años en que ambos mandatarios gobernaron, el Cártel de Sinaloa, todavía unido con El Chapo, El Mayo y los Beltrán Leyva, sobornaban al por mayor a toda la estructura gubernamental.

“Dicha evidencia incluye testimonio de un testigo cooperador sobre los sobornos pagados por el acusado, El Mochomo, y a nombre del acusado, a todos los niveles de la Policía y personal militar. Específicamente la Policía municipal, la Policía estatal, el Gobernador del Estado, la Policía federal de caminos, la oficina del fiscal y su agencia de investigación en Culiacán”, puntualizaba un argumento legal integrado en el juicio de Beltrán Leyva.

El legado de Aguilar Padilla, de violencia y corrupción, continuó durante los otros seis años de Malova, quien si bien en el discurso rompió con el ex mandatario, lo cierto es que, en la forma de ejercer el poder y las complicidades, fueron las mismas.

Malova, corrupción aprendida

Mario López Valdez llegó bajo la bandera del cambio, en una alianza con el PAN y PRD que, al menos en el discurso, intentaba romper con el viejo atavismo del PRI. Sin embargo, en cuanto asumió el poder en Sinaloa afloraron los apetitos y la violencia heredada no solamente fue una continuación de las ligas entre narco y gobierno, sino que todo quedó al descaro de la luz con el retorno de Chuy Toño, y aquella frase que lo legitimaba: con blancas palomas no se puede combatir a la delincuencia.

El sexenio de Malova fue de escándalo tras escándalo, desde la asunción del marcado director de la Ministerial, la compra de un avión chatarra en millones de pesos, el gran negocio de las obras públicas y toda una retahíla de irregularidades que marcaron a un gobierno como uno de los peores de las últimas décadas.

Con Malova, la deuda pública creció al doble, y al salir de su administración, varios de sus colaboradores fueron perseguidos por la justicia, como Armando Villarreal Ibarra, acusado de desviar casi trecientos millones de pesos, Ernesto Echeverría, señalado de convertir la Secretaría de Salud en su negocio particular y otros más que saquearon las cuentas de instituciones públicas.

A pesar de ello, el gobierno saliente de Quirino Ordaz Coppel pactó impunidad y al final todos los que estuvieron en el banquillo de los acusados fueron exonerados. Nadie, más que el pueblo sinaloense, pagó los platos rotos de estos apetitos voraces que de manera transexenal se siguen repitiendo.