La paz narca de Rocha Moya: violencia controlada no por el Estado sino por el Narco
lunes, 28 de noviembre de 2022
La paz narca de Rocha Moya: violencia controlada no por el Estado sino por el Narco
 

 

Al cumplir un año en la administración estatal, el gobernador Rubén Rocha Moya salió a celebrar los números que reflejan una disminución en la tendencia en los principales delitos en Sinaloa, todos ellos relacionados con la violencia del crimen organizado y feminicidios. A la presunción de que la mejoría en materia de seguridad se ha enmendado, también se instala la idea de una paz narca pactada desde la más alta cúpula del Cártel de Sinaloa, el grupo criminal hegemónico dirigido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera y por Ismael Zambada García y su gente; el alto al fuego obedece más a la confianza en las facciones de que al estado ni entra otro cártel, ni entre ellos hay rencillas que ameriten sacar las armas, con un férreo control no sólo del territorio, sino también de las corporaciones locales. En Culiacán, por ejemplo, nada se mueve sin que los ojos y los oídos del narco estén en la vigilancia, de ahí la infiltración que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y quizá si se le busca, hasta descubran que también el enemigo pacificado está en las filas militares, algo que los Guacamaya Leaks no responden.

 

 

Por Santiago Rentería.

 

 

En la conferencia semanera del pasado lunes 7 de noviembre, el gobernador Rubén Rocha Moya salió a presumir que su primer año de gobierno, del 1 de noviembre de 2021 al de noviembre de 2022, los homicidios, feminicidios y desapariciones disminuyeron drásticamente en comparación con el primer año de sus antecesores: Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.

 

“Nunca un gobierno había tenido incidencia tan baja en delitos de alto impacto como el nuestro y eso se debe a la coordinación de los tres niveles”, comentó de manera oronda y para ello mostró una tabla proyectada en una pantalla.

 

A su manera, señaló que de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General del Estado, durante el primer año de Malova, en 2011, se registraron mil 593 homicidios dolosos y en el primer año de Ordaz Coppel mil 281 asesinatos, mientras que en su primer año como gobernador, el número quedó en 404 crímenes.

 

“Es una reducción del 74.6 por ciento con respecto del primer año de López Valdez y un 68.5 por ciento con relación al de Ordaz Coppel”, dijo.

 

Lo que no explicó, o no quiso explicar, es que, durante los últimos tres años de la administración del hoy embajador de México en España, la tendencia a la baja en homicidios comenzó a verse de manera notable.

 

Por ejemplo, las cifras de la Fiscalía advierten que antes de 2018 los asesinatos siempre superaban la cifra de mil, y a partir de 2019, la estadística decreció a 936 casos, luego en 2020 fueron 818 y en 2021, último de Quirino, el dato quedó en 645 muertes dolosas, incluyendo los dos meses que le tocaron a Rocha pues entró el 1 de noviembre.

 

Incluso, el número real de los primeros doce meses de Rocha –con datos verificados en el portal de la Fiscalía– es que se registraron 510 homicidios y no 404, como aseguró en la semanera. Esto representa apenas 135 casos menos, de ahí la conveniencia de comparar el primer año de sus antecesores.

 

En materia de feminicidios, también los números decrecieron. Desde el comparativo de Rocha Moya, mientras que en 2011 fueron 93, en 2017 llegaron a 73 y él dijo que en su primer año de gobierno sumaron 17 crímenes contra mujeres tipificados como este delito que alcanza hasta 50 años de prisión.

 

“Por eso decimos nosotros que hay una estrategia que nos está funcionando. Lamentablemente, siguen ocurriendo homicidios dolosos, lamentablemente siguen ocurriendo feminicidios, pero con nosotros han ocurrido muchos menos que en otros gobiernos”, señaló.

 

 

Desapariciones, el hilo negro

 

En el caso de las desapariciones, las cuales en otras épocas se han incrementado con las pugnas internas de los grupos criminales, también muestra una tendencia a la baja en los últimos tres años, considerando el 2020 y 2021, del anterior sexenio, así como el 2022 que corresponde a su gobierno.

 

El jefe del Ejecutivo indicó que en 2020 se reportaron 888 personas desaparecidas, en 2021 un total de 957 y en su año 2022 suman 779 denuncias.

 

Y remató con el argumento: “Me importa mucho por aquellos que dicen sí, efectivamente, están bajando los homicidios dolosos, pero están subiendo las desapariciones, no es cierto, también con nosotros están bajando las desapariciones”.

 

“Ya les demostré con las estadísticas oficiales que nosotros tenemos registrado mucho menos homicidios dolosos respecto a los gobiernos anteriores y también tenemos menos desaparecidos, por lo tanto, las dos barras son en el mismo sentido a la baja”, aseguró.

 

Como parte de la estrategia para su primer informe, que será el 26 de noviembre, Rocha reiteró que la estrategia de seguridad está funcionando.

 

“Ahí están los resultados, tenemos menos homicidios dolosos que los gobiernos anteriores, tenemos menos feminicidios que los gobiernos anteriores, tenemos menos desaparecidos que los gobiernos anteriores”, acotó.

 

Para evitar las suspicacias, también desmintió sin que se lo preguntaran, que –como han sugerido algunos medios– existe una paz pactada con la delincuencia.

 

“Es una opinión, pero no es válida, no hay elementos para decirlo, nosotros sí tenemos elementos para comprobar que han bajado”.

 

 

Y efectivamente así es

 

Como se ha documentado en DeprimeraNoticias, la violencia en Sinaloa ha tenido su disminución relacionada con factores ajenos al gobierno estatal y a su famosa coordinación institucional.

 

En realidad, más allá de un pacto entre la administración de Rocha con el Cártel de Sinaloa, lo que se observa en un análisis de contexto es la disposición de las autoridades a dejar transitar a la delincuencia, bajo la regla de mantener niveles aceptables de violencia.

 

Fuentes de seguridad comentan que las corporaciones locales mantienen un alto nivel de infiltración. Se tienen repartidos los cargos desde las policías municipales hasta la estatal y la de Investigación dependiente de la Fiscalía General del Estado.

 

“Los cargos en la Policía Investigadora tienen que pasar por el filtro de ellos (el cártel), hasta para llegar a ser comandante se necesita su venia”, comenta un elemento que por años ha intentado ser considerado para un ascenso sin lograrlo.

 

En la municipal de Culiacán, de acuerdo con diversas fuentes consultadas, también se da el mismo manejo, al grado que son personajes relacionados con el narco quienes deciden la distribución de patrullas y el número de elementos que operan por turno.

 

De ahí que, en las calles, en las colonias de la ciudad, se puede sentir la permisividad de las autoridades con las parvadas de punteros que circulan a alta velocidad en motocicletas, sin casco, frente a patrullas, enradiados y veloces.

 

Lo mismo se han extendido los locales de minicasinos donde se venden todo tipo de drogas a todas horas, lugares que funcionan como centro de vicio y en donde han ocurrido homicidios por pleitos contrariados.

 

“Los policías saben, pero claro que los dejan operar, en Culiacán no hay nada como ser de la gente”, apunta la fuente de la Municipal.

 

El asesinato artero del comandante Juan Miguel Silva Alvarado, conocido como Bóxer, se inscribe en ese férreo control criminal sobre corporaciones y estructuras del estado.

 

“Al comandante le dijeron que no tomara el puesto de subdirector porque le pertenecía ‘a la gente’, pero se confió, creía que iba a estar protegido, pero ni si quiera lo dejaron llegar”, narra una fuente familiarizada con el caso.

 

Sin embargo, según apuntan integrantes del gobierno de Rocha, mientras que la delincuencia organizada tenga un control sobre la violencia, sobre las desapariciones, la paz narca prevalecerá mientras no estalle un conflicto al seno del Cártel de Sinaloa, en especial entre las facciones de Los Chapitos y la de Ismael Zambada García, El Mayo.

 

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