Carla Corrales Corrales se convierte en la segunda alcaldesa de Sinaloa contra la que se solicita una demanda de juicio político ante el Congreso del Estado. Luego de que los diputados de la 64 Legislatura aprobaran iniciar un proceso contra Jesús Estrada Ferreiro, la presidenta municipal de Cosalá sigue en la lista de funcionarios públicos que han provocado una avalancha de criticas en su contra por incurrir en actos de corrupción, autoritarismo, mal desempeño del servicio público y nepotismo, ya que tiene trabajando en su gobierno al menos a 15 familiares.

Por Redacción De Primera Noticias.

Culiacán, Sinaloa.- Por los delitos de abuso de autoridad y administración indebida de la función pública, 11 ex trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Cosalá interpusieron ante el Congreso del Estado una Solicitud de Demanda de Juicio Político contra la alcaldesa Carla Úrsula Corrales Corrales.

El pasado miércoles 20 de abril, los ex trabajadores acudieron al Congreso estatal acompañados por su representante legal, el abogado Martín Ramos, para entregar en la Oficialía de Partes los documentos requeridos para iniciar el procedimiento contra la alcaldesa de Cosalá.

Los demandantes señalan que de manera arbitraria e ilegal, la alcaldesa ordenó desde su llegada a la administración municipal el pasado 1 de noviembre de 2021, que se les dejara de pagar la pensión a la que tienen derecho por retiro, vejez, invalidez o muerte.

Aseguran que la alcaldesa atenta contra los derechos de los miembros del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Cosalá (STASACO), estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo, entre los cuales se encuentran el derecho de pensiones y los tipos de pensiones a las que pueden acceder, plasmados en el Capítulo V, clausulas trigésima quinta a la quincuagésima primera, de dicho contrato.

En entrevista con De Primera Noticias, el abogado Martín Ramos señala que junto con el retiro indebido de las pensiones también se está denunciando el despido injustificado de más de cien trabajadores sindicalizados y de confianza y la creación de una red de familiares de la alcaldesa que han sido colocados en puestos de primer nivel del Ayuntamiento y en otras áreas de la administración pública, es decir, nepotismo.

“Yo represento los intereses de 11 pensionados y dos síndicos municipales, y en la demanda hago mención de 16 sindicalizados que fueron despedidos por la alcaldesa sin causa justificada. La acción que nosotros estamos promoviendo es en virtud de las arbitrariedades que ha venido cometiendo, particularmente en el retiro de manera indebida de las pensiones a los compañeros y en el despido injustificado de esas 16 personas, además, se les retiró la pensión a otras 10 personas más, pero ellas decidieron no participar en la demanda por miedo”, señala el abogado.

Agrega que el retiro de las pensiones está fuera de todo contexto legal pues como presidenta municipal no tiene facultades para ello, de acuerdo con lo que marca el artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en el que se establece con toda precisión cuáles son las facultades de un presidente municipal.

Entre las razones que esgrime Corrales Corrales para retirar las pensiones está que desconoce la existencia del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que considera que no hay ninguna obligación legal para el pago de esa prestación, además de que asegura que el municipio no cuenta con recursos para efectuar dichos pagos.

Sin embargo, agrega el abogado, desde que inició su gobierno abrió 16 nuevos puestos de trabajo en el Ayuntamiento, lo que genera un gasto de 122 mil pesos quincenales, cuando la inversión en el pago de las pensiones a sus representados asciende a 52 mil pesos quincenales.

“En una mesa de trabajo que tuvo en la Secretaría de Finanzas, ella categóricamente declaró que no existe un contrato colectivo de trabajo y que, por ende, ella no tenía por qué pagarle pensión a esas personas. Es todo lo contrario. Siempre ha existido ese contrato colectivo. Que ahora lo quieran esconder o lo quieran hacer perdedizo es otra cosa, pero nosotros en el Congreso del Estado les hicimos llegar una copia de dicho contrato. Corrales aseguró en una reunión que si ella llegaba a leer ese documento, ese contrato, y en él se especificaba que el Ayuntamiento tenía que pagar esas pensiones, lo iba a hacer de manera inmediata. Entonces ella ya reconoce la existencia del contrato, e incluso hace unos días, dictaminaron una pensión en base al CCT que nosotros en otras administraciones aplicamos en ese mismo tenor”, declara el abogado.

“Ella lo que principalmente ha sostenido es que no existe ese CCT y en segundo lugar asegura que no hay recursos económicos para pagar estas nóminas, que no tiene dinero el Ayuntamiento para pagar esas pensiones, sin embargo, apenas llegó al gobierno municipal creó alrededor de 16 nuevos espacios laborales por los que paga 122 mil pesos quincenales a esos nuevos empleados. Entonces, si dice que no hay dinero, cómo creó estas fuentes de trabajo y cómo las está pagando”.

Corrales Corrales también está acusada de nepotismo, ya que de acuerdo con la solicitud de juicio político, de la cual De Primera Noticias tiene una copia, la alcadesa tiene por lo menos a 15 familiares trabajando en la administración pública, empezando por su hermano Fausto Corrales Corrales, quien es el director de Bienestar y Desarrollo Social y Humano, además su hermana Aidee Corrales Corrales, quien es la directora del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia de Cosalá.

En la dirección de Proyecto Estratégicos tiene a su sobrino Jesús Antonio Heredia Corrales; en Desarrollo Integral para la Familia tiene a su sobrina Frida Sofía Conde Corrales, hija de su hermana Aidee. En Tesorería tiene trabajando a otro familiar: Marco Antonio Corrales Amaral. En el Instituto Municipal de Cultura tiene como titular a Víctor Manuel Félix Madueño, primo hermano de su esposo José Juan Conde Madueño; en la dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos municipales está Víctor Manuel Madueño Félix, tío de su esposo. También tiene laborando en la junta de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá a Jesús Félix Madueño, primo hermano de su esposo.

En la Tesorería municipal tiene laborando a Marco Antonio Félix Madueño, otro primo de su esposo José Juan. Como coordinadora de INAPAM tiene a Isela Margarita Félix Corrales, esposa de Jesús Jaime Corrales Fernández, primo hermano de Carla Corrales. Como coordinador de Salud está la doctora Alma Yolanda Pineda Castillo, esposa de su hermano Fausto Corrales Corrales. También en Desarrollo Integral para la Familia tiene trabajando a la esposa del secretario del Ayuntamiento, Guadalupe Ballardo López, y a su hija Lupita Irene Santos Ballardo.

Mientras que Carlos Iván García Xicohtencatl, quien vive en Guadalajara y es novio de una de las hijas de Corrales que también vive en la capital tapatía, ocupa el cargo de Jefe de Asuntos Generales, por lo que solo se trata de un aviador o un prestanombres para que alguien en Guadalajara reciba dinero quincenal.

“De lo anterior podemos concluir diciendo que existe un total abuso de autoridad y nepotismo político pues los mejores puestos fueron otorgados por parentesco y o amistad, no por el perfil que deben cumplir los servidores públicos […] en total estamos hablando de 15 familiares de la presidenta municipal y de su esposo, del secretario del Ayuntamiento y otras tantas personas cuyos parentescos entre sí se catalogan como nepotismo”, señala la solicitud de juicio político entregada a la Oficialía de Partes.

“Ella convirtió al Ayuntamiento en una empresa familiar. Tiene alrededor de 15 parientes, tanto de ella como de su esposo, trabajando en el Ayuntamiento. De hecho los mejores puestos los ocupan ellos”, señala el abogado.

Es por eso que como primer paso para la defensa jurídica de los pensionados se presentó ante el Congreso la solicitud de juicio político por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y administración indebida de la función pública, previstos y sancionados por el Código Penal del Estado de Sinaloa en su artículo 300, fracción séptima, y 301, fracciones primera y tercera de dicha normatividad.

“Tenemos plena confianza en los diputados y en el gobernador, puesto que él incluso se comprometió con los compañeros pensionados, le dio instrucciones a Carla Corrales de que arreglara esa situación, le dijo que si ellos tenían el derecho ya establecido, que se les tenía que pagar. Tenemos entendido incluso que ya mandó una parte de recursos pero Carla ha hecho caso omiso en pagar y darle cumplimento. Tenemos entendido que así fue. Desconozco qué destino le hayan dado a este recurso puesto que a nosotros no nos han dado ninguna información”, concluye.