Desde el año 2018 a la fecha, un promedio de seis niños han quedado huérfanos cada día en México, con lo que suman más de cinco mil vidas infantiles en el desamparo debido a uno de los delitos más flagelantes y más activos en todo el país, y en especial en Sinaloa, en donde los números revelan que nuestra entidad se sitúa en el tercer puesto nacional en este tema, mientras que Culiacán ocupa uno de los primeros lugares a nivel municipal en asesinato de mujeres. Pero en muchas ocasiones, detrás de cada feminicidio, hay víctimas indirectas: los niños, niñas y adolescentes que han sido invisibilizados por la oficialidad y de quienes nadie se hace cargo. Recientemente se publicó un protocolo de atención, muy bueno en su género, pero ahora falta que se aplique.

Por Santiago Rentería.

Como víctimas indirectas y quizá por su situación de vulnerabilidad, los huérfanos de feminicidios han padecido la invisibilidad de un sistema que ni si quiera procura justicia para sus madres: en Sinaloa el 96 por ciento de los casos de asesinatos de mujeres permanecen en la impunidad, sin una sentencia para el agresor.

En cambio, mientras que los números oficiales de la Fiscalía General del Estado señalan que del 2012 a la fecha se han cometido 350 feminicidios, los datos de la Coordinación Estatal de Seguridad Pública advierten que en la década de 2010 al 2020, más de 800 mujeres fueron victimadas en el estado, y que la mayoría fue mediante el uso de arma de fuego.

Este contraste de cifras es parte de la costumbre de las autoridades a no llamar las cosas por su nombre, en pos de simular una realidad distinta a la que es, ya que desde el 2012 el Congreso del Estado reformó el Código Penal de Sinaloa para tipificar el delito de feminicidio, en el cual existen siete supuestos para enmarcarlo, pero durante todo el sexenio de Mario López Valdez, la entonces Procuraduría General de Justicia a cargo del abogado Marco Antonio Higuera Gómez, rechazó tipificar decenas de crímenes contra mujeres como feminicidios.

De ahí que Malova salió con escasos “feminicidios” como tales y por eso se negaba a decretar la Alerta de Género, bajo el argumento de que no había tantos y que la gran mayoría estaban esclarecidos.

UN OBSTÁCULO INSALVABLE

Bajo esa lógica, y con estas omisiones, es difícil obtener un promedio de huérfanos de feminicidios en Sinaloa, justamente invisibilizados por un sistema que no se responsabiliza de los daños sociales.

Nada más en lo que va del 2021, 31 mujeres han sido asesinadas; aunque no todas –puede decirse– contaban con hijos al momento del deceso, la mayoría sí eran personas madres de familia.

Por ejemplo, Patricia N, vecina de la sindicatura de Juan Aldama, El Tigre, municipio de Navolato, tenía una hija de once años al momento de ser asesinada por su pareja en el mes de julio pasado.

Paty fue asesinada por su pareja, de acuerdo con familiares, quienes contaron que de algún modo sufría violencia familiar.

Durante sus funerales, se escuchó a familiares comentar sobre el futuro incierto de la pequeña niña, quien a su corta edad presenció el crimen de su madre, de 33 años.

Con el padre prófugo, con unos padres derrotados por la muerte de Paty, a nadie le quedó duda que la niña se quedaría bajo custodia de los abuelos, pero quedan preguntas en el aire, ¿cómo hacer más llevadero este duelo? ¿es responsabilidad solamente de la familia sacarla adelante?

Otro obstáculo insalvable de cara al protocolo nacional, es que por lo menos en Sinaloa no existe un padrón de huérfanos de víctimas de feminicidio, por lo que la tarea de dar cobertura a los menores se vuelve titánica en medio de la peor pandemia que azota al mundo.

Protocolo de “buenas intenciones”

El pasado 4 de agosto de publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Protocolo Integral de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, el cual ya entró en vigor, pero ni siquiera se ha socializado entre quiénes pueden ser sujetos de interés de este decreto.

Entre los apoyos que cobran relieve en este plan nacional, de ejecutarse de verdad, es que los hijos de víctimas reciban cobertura de salud, psicológica y un resarcimiento económico que los ayude a mantenerse a flote.

Este protocolo es de observancia para todos los niveles de gobierno, desde el municipal hasta el federal, y además cualquier institución tiene que atender este documento en el caso de niños huérfanos de feminicidio.

Por ejemplo, en el Registro Civil, tendría que facilitarle documentación a un menor; el ministerio público tendrá que generar un mecanismo que coadyuve a la víctima indirecta siendo menor.

Las instancias de salud deben ofrecer cobertura y desde luego, el DIF hacerse cargo de la parte conducente.

Este protocolo, como la Ley de Desplazados o la Ley de Víctimas en Sinaloa, contiene mecanismos de resarcimiento y acompañamiento, pero que en la realidad pocas veces se aterrizan en favor de las personas.

El documento publicado en el DOF, contiene las herramientas necesarias para que la atención a la infancia desgarrada no sea una excusa de la omisión, pues las autoridades han demostrado capacidad táctica para evadir aplicar sus responsabilidades legales.

La analista Vanessa Vizcarra, al tocar el tema sobre este protocolo, también recordó que los menores de 17 años son víctimas de la violencia encarnizada que se vive.

Por ejemplo, de los más de 800 feminicidios en Sinaloa en una década, alrededor de 80 han sido cometidos contra menores de edad. De ahí que el protocolo que hoy se discute, debería ser una herramienta de auxilio, y no de burocracia.

“Este protocolo define y reconoce la condición de orfandad a quienes por causa del feminicidio (u otro homicidio analizado jurisdiccionalmente con perspectiva de género) de sus madres o cuidadoras, quedan en desamparo y vulnerabilidad, independientemente que no haya sufrido la pérdida del padre y aun cuando se encuentren bajo la tutela y/o custodia de algún integrante de su familia de origen, extensa o ampliada, y tiene como objetivo unificar los criterios de actuación para garantizar los servicios de protección para las víctimas”, comenta Vizcarra en su análisis del documento.

“Esperamos la contundencia de su aplicación especialmente en los municipios de Culiacán, Navolato, Mazatlán, Ahome, El Fuerte, Escuinapa, Elota, Guasave y Sinaloa, por ser donde mayor número de mujeres son asesinadas. Mientras esta realidad no cambie, la violencia nos deja un tufo permanente de dolor y de miedo”, concluye.

En Angostura, el todavía diputado del Noveno Distrito, José Manuel Valenzuela, Chenel, llamó la atención del número importante de huérfanos en su zona, por lo que dijo, haría un padrón para gestionar apoyos para ellos.

Sin embargo, hasta ahora el Congreso del Estado no ha gestionado una Ley para la protección de quienes han quedado en la orfandad. Incluso, en ocasiones, aunque se cree un marco legislativo, los gobiernos no atienden a las víctimas alegando “falta de presupuesto.”

Tal es el caso de las viudas de policías y sus familias, que les siguen escamoteando la pensión bajo ese argumento, mientras que siguen en vilo, sin recibir lo que ya por ley les toca.