El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, condenó la filtración del informe sobre el caso Ayoztinapa que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia entregó a la Fiscalía General de la República.

El funcionario lamentó la publicación de la información que calificó como un hecho “absolutamente irresponsable y una falta de respeto” a las madres y padres de los estudiantes normalistas desaparecidos.

“Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la FGR por la Comisión de Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, escribió Encinas en sus redes sociales.

Encinas pidió una investigación a la FGR para identificar y castigar a quien resulte responsable de la filtración del informe “sin censura” que la periodista Peniley Ramírez publicó en su cuenta de Twitter.

Ramírez describió que, gracias a una fuente, obtuvo el documento de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa sin testar.

Aunque este documento fue publicado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayor parte del informe se encuentra censurado, con grandes secciones escondidas en color negro.  

Gran parte del informe sin censura se basa en el análisis de mensajes intercambiados por personajes clave en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”.

Un total de 467 capturas de pantalla y 37 conversaciones de cinco teléfonos fueron analizadas. Dichas conversaciones sucedieron entre 36 actores y 35 más solo fueron mencionados.

“Hay allí números identificados como que pertenecían a los criminales, sus parejas, funcionarios del gobierno municipal de Iguala, sus familiares y militares. El informe reconstruye los hechos a partir de lo que esas personas hablaron por mensajes de texto y WhatsApp”, revela Peniley Ramírez.

Aunque la “verdad histórica” difundida por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto afirma que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, el nuevo informe revela que esta idea fue desechada y que los jóvenes fueron descuartizados, mientras que sus restos fueron repartidos por varios sitios de la región.

En su narración, Ramírez comparte los mensajes contenidos en el informe, los cuáles esclarecen de manera cruda el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. También aclara que los padres de los jóvenes desaparecidos y asesinados conocen el contenido del informe sin censurar.

“Durante la madrugada, los criminales descuartizaron a los estudiantes, metieron los restos en bolsas y se dividieron en grupos para deshacerse de los restos. Acá miembros de dos grupos dicen qué hicieron con sus paquetes”, describe Peniley.

En los mensajes a los que la periodista se refiere, los criminales que colaboraron en la desaparición de restos mencionan, con total crudeza: “yo no batallé, al río”, tras ser cuestionado por otros acerca del destino de “sus paquetes”, refiriéndose así a las bolsas con los restos de los estudiantes.

Otro de los implicados menciona que aunque le pidieron que disolviera 10 cuerpos en ácido, solo contaba con material para “cocinar” a cinco, por lo que los cuerpos desmembrados de los estudiantes restantes fueron entregados a otro criminal para que los procesara como le solicitaron.

En unos de los mensajes hallados por la Comisión, José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala menciona que el gobierno de Peña Nieto había iniciado una negociación en la cual Tomás Zerón era el intermediario.

Estas conversaciones avalan que Zerón, quien se encuentra en Israel para evitar ser detenido y  extraditado a México, mintió al decir que jamás habló con Abarca antes de que fuera detenido

Los mensajes también constatan que seis de los estudiantes siguieron con vida hasta el 30 de septiembre de 2014, en una bodega de Pueblo Viejo.

Los mensajes también apuntan a que, efectivamente, miembros del Ejército tuvieron en custodia a los estudiantes y días después los habrían asesinada para luego desaparecer sus cuerpos.

“Aumentan los mensajes anunciando que necesitan borrar evidencia y mover los restos para que nadie los encontrara. Estos mensajes ocurrían al mismo tiempo cuando José Luis Abarca pedía licencia a su cargo como alcalde de Iguala. Después huyó, con su esposa”, explica Peniley Ramírez.

Las interacciones escritas demuestran, a partir de este punto, cierta tensión entre los implicados. En este punto, solo uno de los criminales muestra un poco de compasión y menciona que los jóvenes asesinados se trataban de unos “pobres estudiantes” a quienes solo iban a asustar.

En esta misma conversación, se revela cómo fueron los asesinatos y el posterior descuartizamiento.

“Más de un mes después de los asesinatos, el 3 de noviembre de 2014, más mensajes siguen haciendo referencia al encubrimiento. Cuerpos que han movido de lugar, que los han reubicado para que no encuentren los restos”, menciona la periodista en su hilo de Twitter.

Mensajes correspondientes a este periodo insinúan que varios de los cuerpos fueron movidos al interior del Campo Militar del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, pues “allí no entraba nadie”.

Unos mensajes, presuntamente de la hija de Abarca a una amiga, mencionan que el expresidente municipal de Iguala habría ordenado el asesinato, mientras ella se fue a dormir.

De acuerdo con otra conversación entre “El Chino”, uno de los criminales implicados, y “El Negro” un mando del grupo criminal Guerreros Unidos, hubo una orden expresa de matar a los estudiantes por parte de “alguien de arriba”.