Lejos de construir un gobierno democrático, que acabe con la corrupción, la desigualdad y la violencia, el próximo gobernador Rubén Rocha Moya se aprestar para encabezar una administración integrada por gente del PRI, subordinados de personajes como Jesús Aguilar Padilla, Juan S. Millán y Quirino Ordaz Coppel. La impunidad está garantizada para el gobernador saliente, no solo por decisión de Rocha, sino por una orden girada directamente por el presidente López Obrador.

Por Redacción De Primera Noticas.

Beatificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo nombró embajador de México en España, liberado anticipadamente de toda culpa por el gobernador electo Rubén Rocha Moya que ya declaró que no lo va a investigar, y con la garantía de que sus cuentas públicas no van a ser investigadas tras el nombramiento en el Congreso de uno de sus incondicionales como presidente de la Comisión de Fiscalización, Quirino Ordaz Coppel dejará el poder en unas cuantas semanas ungido como “el gobernador mejor evaluado de todo el país”.

La sociedad sinaloense, que votó mayoritariamente por Rubén Rocha con la intención de sacar al PRI del gobierno y acabar con la corrupción, la violencia y las injusticias, se quedará una vez más con las ganas de ver a los corruptos tras las rejas, como ya sucedió en la actual administración quirinista, cuyo circo mediático en los casos de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, además del lamentable caso de los colchones podridos en la Secretaría de Desarrollo Social, quedaron en nada: nadie pisó la cárcel y los ex funcionarios solo fueron inhabilitados por un periodo de tiempo.

Y no podía ser de otra manera: Rocha Moya viene de trabajar con gobiernos del PRI. Su identidad, su círculo de amigo, sus colaboradores, su ex jefes, sus asesores, algunos de los integrantes de su futuro gabinete, todos pertenecen al partido tricolor. Gente de Jesús Aguilar Padilla, de Juan S. Millán, de Quirino Ordaz Coppel.

Los morenistas de la anterior y la presente legislatura, que nacieron políticamente desligados de esa “mafia del poder”, con aspiraciones auténticas de justicia social y democracia, no representan nada para Rubén Rocha Moya, es más, son un lastre, una piedra en el zapato, un estorbo para la continuidad de la política pragmática que reparte justicia y gracia para los amigos y ley a secas para los enemigos.

Al anunciar que Quirino Ordaz Coppel sería el próximo embajador de México en España, el presidente López Obrador no solo envió un mensaje al gobernador electo y a la 64 Legislatura del Congreso Estatal, sino también a los empresarios de Sinaloa (con algunos de los cuales no tiene buenas relaciones) de cara a las presidenciales de 2024, cuando va a necesitar de todo su apoyo para que su candidato o candidata gane las elecciones.

“Quiero adelantarles a los sinaloenses que voy a invitar a participar en el gobierno, nos va a ayudar en el gobierno que represento, el gobernador Quirino Ordaz. Lo voy a invitar a que trabaje con nosotros. Esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa. Es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumir a nuestro equipo para seguir transformando al país”, declaró López Obrador.

A los diputados locales les quedó claro el mensaje. Tanto que hasta guardaron silencio al respecto. Se iban a quedar con las ganas de enjuiciar o por lo menos seguir despotricando contra la corrupción y el despilfarro de dinero en la administración quirinista. Sus vacaciones con todos los gastos pagados a España son un premio a la sumisión, el silencio y los servicios prestados por el gobernador a favor de Rocha durante el proceso electoral.

Y también Rocha les envió otro mensaje a los diputados locales, por si no les había quedado claro ya. Durante la presentación de su equipo de Entrega-Recepción, adelantó que él no va a investigar a Quirino Ordaz: “Yo no voy a investigar a nadie, ni al gobernador saliente ni a nadie, no me quiero distraer con eso, quiero ver para adelante […] yo voy a hacer lo del presidente: no voy a investigar a nadie”, declaró.

La advertencia a la bancada morenista para que no se atrevan a investigar las irregularidades cometidas durante la administración quirinista está clara. De esta manera, libera el camino a su ex jefe y termina de sellar un pacto de impunidad no acordado “en lo oscurito”, sino a la vista de todos.

Por si fuera poco, los diputados morenistas de la 64 Legislatura tuvieron que aceptar el nombramiento del diputado plurinominal del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas, como presidente de la Comisión de Fiscalización, el órgano encargado precisamente de vigilar por la transparencia y la rendición de cuentas.

Arredondo Salas fue director del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa durante el gobierno de Quirino. Renunció para buscar una candidatura a diputado plurinominal en la 64 Legislatura. Subordinado e incondicional de Quirino, Arredondo Salas es también yerno del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla.

De esta manera, Quirino logró construir a su alrededor un manto de protección avalado en primer lugar por el presidente López Obrador, confirmado en segundo lugar por el gobernador electo Rocha Moya y ratificado por el Congreso Estatal con el nombramiento Arredondo Salas como encargado de revisar y aprobar las cuentas y evitar que los diputados quisquillosos se pongan investigar los gastos de la administración pública estatal saliente en la que, solo en materia de publicidad, se gastaron hasta mil 900 millones de pesos.

Las espaldas están cuidadas para el gobierno saliente ya que incluso se menciona que desde el gobierno federal se autorizó un paquete de mil 500 millones de pesos para cubrir los adeudos pendientes de la administración quirinista, y que Rocha inicie su mandato sin el lastre de tener que responsabilizar a la administración pasada por los males heredados.

 



TEXTO PUBLICADO EN NUESTRA EDICIÓN 322 QUE SALIÓ A LA VENTA EL 15 DE OCTUBRE.