El viernes 22 de abril, el Departamento del Tesoro hizo un anuncio algo anómalo: retiró de su lista negra el nombre de Vicente Zambada Niebla al igual que tres empresas que su familia había fundado en las últimas décadas en Culiacán. Esta situación no hizo sino confirmar que por fin el primogénito de Ismael Zambada García, El Mayo, daba otro paso más en su camino hacia la ansiada libertad, programada de manera oficial para el año 2024, cuando se cumpla la sentencia de 15 años establecida en el formulario de la Corte Federal del Norte de Illinois. Sin embargo, que Estados Unidos retire a tres compañías de su catálogo de empresas fachada no implica mucho, porque en realidad estos negocios usados por años por esta facción del Cártel de Sinaloa para lavar activos ilícitos, hoy en día se encuentran abandonados o sencillamente ya no existen, cumplieron su vida útil o poco a poco se fueron asfixiando gracias a los bloqueos fiscales y judiciales que enderezaron las autoridades luego de ser exhibidas. Lo más notable es que desde hace casi diez años, la OFAC ya no ha fichado ninguna empresa de los Zambada, cosa que no quiere decir que ya no existan.

Por Redacción Deprimera Noticias.

De manera oficial, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, quedó exento de la Ley Kingpin de Estados Unidos que permite el bloqueo de todas las actividades financieras de una persona o empresa vinculada con ella para realizar negocios con filiales o entidades bancarias de la Unión Americana.

Que haya salido de la lista negra del Departamento del Tesoro, implica también que Zambada Niebla se encuentra en camino hacia la ansiada libertad, pues en dos años más cumple con su sentencia impuesta por el juez Rubén Castillo de la Corte Federal del Distrito Norte del estado de Illinois, asentada en Chicago.

Tras colaborar como testigo en el juicio de su compadre Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, Zambada Niebla recibió una sentencia condenatoria de 15 años de prisión, y además actualmente se discute si ya no está en una prisión federal y ahora se encuentra bajo custodia del programa federal de testigos del Departamento de Justicia gringo.

El primero en lograr ser retirado de esta lista fue su tío Reynaldo Zambada García, quien además de fungir también como testigo de cargo en el caso del Chapo Guzmán, también cooperó en otros juicios de capos extraditados a distintas cortes estadounidenses.

El Rey Zambada obtuvo beneficios en su sentencia, aunque su caso, como el de El Vicentillo, se mantiene en reserva de información por parte de las autoridades.

El tercer Zambada procesado y beneficiado a su vez por la justicia gringa es el hijo varón menor del Mayo: Serafín Zambada Ortiz, quien fue detenido en noviembre del 2013 en el paso fronterizo de Nogales, cuando pretendía pasar a Arizona en compañía de su esposa, hija del extinto Manuel Torres Félix, El Ondeado.

Serafín fue sentenciado a cinco años y fue liberado limpio de polvo y paja en septiembre de 2018, luego de comprometerse a no reincidir en los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Zambada Ortiz, a diferencia de sus hermanos, es ciudadano americano pues nació en la ciudad de Coronado, San Diego, California.

Durante el desarrollo de este trabajo periodístico, en Sonora se reportó el accidente de Zambada Ortiz cuando viajaba con una joven mujer identificada como Norma, originaria de Culiacán y quien falleció en el choque con un tráiler.

Los datos del siniestro señalan que fue por la carretera Caborca-Sonoyta durante la mañana del lunes. Serafín habría resultado severamente herido y fue internado en un hospital del vecino estado de Sonora.

Las empresas y el Notario

Con la noticia del retiro del nombre de Vicente de la lista negra, también se anunció que tres de las empresas fichadas por el Tesoro también quedaban fuera del catálogo de bloqueo oficial.

Se trata de tres empresas que fueron fundadas en Culiacán a fines de los años ochenta y durante los noventa, y que algunas de ellas alcanzaron reconocimiento en todo el noroeste del país por sus productos lácteos.

Se trata Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V.; Establo Puerto Rico S.A. de C.V.; y Multiservicios Jeviz y/o Jeviz S.A. de C.V.

Las tres fueron boletinadas en el año 2007 junto con otras empresas como Jamaro Constructores S.A. de C.V.; y Estancia Infantil Niño Feliz S.C.

En las tres retiradas de la lista, aparecía Vicente Zambada Niebla como accionista al momento de ser bloqueadas. Pero vamos por cada una de ellas.

La empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán era la razón social de la Lechera Santa Mónica. Esta empresa, al igual que otras de la familia Zambada, fueron protocolizadas por el notario público número 81 José Antonio Núñez Bedoya, quien también hace años fue fichado.

Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el notario participó en la conformación de estas empresas, así como en actos legales de ellas. No dijo que fuera lavador de dinero, sino alguien que ayudó en cuestiones jurídicas para la creación de empresas fachada usadas para el blanqueo de activos.

Pero Núñez Bedoya salió a defenderse y luego de meter controversia, el Tesoro accedió a retirar su nombre de la lista Kingpin. En aquel entonces, el abogado ofreció una conferencia de prensa luego de que varios medios fueron a buscarlo a su despacho, ubicado por la calle Benito Juárez, en el Centro de la ciudad.

Entre otras cosas, Núñez Bedoya aceptó que participó en la conformación algunas de las empresas señaladas por la OFAC, y negó vínculos con el narcotráfico. Argumentó que como notario hizo un trabajo por el cual le pagaron, pero nunca iba a saber con qué fin había sido creada una empresa.

Dentro de las actas constitutivas también aparece una de las hijas mayores del Mayo, María Teresa Zambada Niebla.

Ya no operaban

De las siete empresas detectadas a nombre de la familia Zambada, al menos las tres que fueron retiradas del fichaje ya no operaban para nada.

La Lechera Santa Mónica permaneció bloqueada en sus cuentas bancarias por la Procuraduría General de la República, lo mismo Establo Puerto Rico.

De hecho, antes que el Tesoro las fichara, durante el sexenio de Juan S. Millán, la Procuraduría General de la República intentó cerrar estas dos empresas relacionadas con la producción de ganado y productos lácteos.

Como eran las más vistosas, sus nombres eran públicos, a la fiscalía federal no le costó trabajo asegurar el rancho Puerto Rico, localizado en el kilómetro 4 de la carretera a la sindicatura de Quilá, rodeado por unos cerros y por un lago artificial, con una isla al centro bautizada como “Mallorca”, en donde El Mayo solía tener una casa de descanso.

La otra fue la Lechera Santa Mónica cuya razón social es Nueva Industria de Ganaderos. Sin embargo, a la PGR no le duró mucho el gusto y tras varias argucias legales, entre ellas el acta de divorcio de Rosario Niebla Cardoza y Zambada García que comprobaba que ambos no tenían relación conyugal, la autoridad federal liberó a las empresas, que siguieron operando con normalidad.

Luego llegó el 17 de mayo del 2007; el Departamento del Tesoro puso en su lista negra a gran parte de la familia del Mayo, a su primogénito el Vicentillo y las hermanas de éste.

Ahí aparecieron los nombres de Rosario Niebla Cardoza, ex esposa del capo, y sus hijas María Teresa, Mídiam Patricia Zambada Niebla, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla.

Hasta antes de ese momento, doña Chayito Niebla tenía una vida social activa, salía en las páginas de sociales de los periódicos, hacía carreras pedestres en beneficio social, pues también era dueña de una AIP.

También salieron a relucir los nombres de Vicente Zambada Niebla y Javier Torres Félix, El JT, calificados como “asociados criminales” del cártel.

Como operadores financieros enlistaron a Zynthia Borboa Zazueta, esposa del Vicentillo; Carmen Amelia Araujo Laveaga, Jesús Alfonso López Díaz, Santos Bueno García y José Antonio Peregrina Taboada, otro de los abogados testaferros del Mayo.

Incluso, en ese entonces, la familia Zambada Niebla se defendió a través de desplegados en los medios para deslindarse de vínculos con El Mayo, y aseguraron que estas empresas contribuían al desarrollo de Sinaloa y que no tenían ninguna relación criminal con este personaje.

Doña Chayito alegó que tenía años separada del oriundo de la comunidad de El Álamo y así lo demostraba un acta de divorcio vigente. Sin embargo, el saetazo ya estaba dado, estas empresas se encaminaban al derrumbe.

Historia del derrumbe

Por años, la Lechera Santa Mónica y Establo Puerto Rico enfrentaron una fuerte crisis financiera debido al congelamiento de sus cuentas bancarias al señalarlas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Poco a poco, por ejemplo, la Lechera comenzó a despedir a sus empleados y las oficinas de la esquina de bulevar Xicoténcatl y Doctor Mora, en la colonia Las Quintas, comenzó a verse abandonada.

Hoy en día, el edificio que una vez dio vida a esta empresa relacionada con la familia Zambada, fue derribado y hoy es un lote baldío en donde pululan los indigentes.

Por su parte, la embotelladora ubicada sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en las inmediaciones del Campo El Diez, no quedó más que como un cascarón de lo que fue un emporio pujante que distribuía metros cúbicos de leche pasteurizada y sus derivados en todo el noroeste del país.

Santa Mónica además también mantenía productos de jugos a bajo precio que alimentaron a generaciones en los años noventa y principio de los dosmiles.

La otra empresa correlacionada con Santa Mónica era Establo Puerto Rico, pues al ser su giro el ganadero y producción de leche, aportaba la materia prima para la pasteurización.

Bloqueada también por la PGR, al paso de los años comenzó a volverse inoperante y comenzó a ser abandonada en la región de Quilá y El Salado, hasta quedar como un cascarón usado en la zona campestre.

La tercera empresa retirada de la lista es Multiservicios Jeviz, la cual era un negocio que daba servicios automotrices. Esa compañía estaba nombre de El Vicentillo y su esposa Zynthia Borboa Zazueta, pero también fue cerrada.

Lo mismo la empresa Jamaro Constructores, la cual se ubicada a un lado del Centro Penitenciario de Aguaruto. Aunque no ha salido de la lista negra, Jamaro también dejó de operar al verse sus socios comprometidos.

Amparo perdido

El 2 de agosto del 2010, a través de sus abogados, la familia Zambada Niebla presentó una demanda de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Culiacán para lograr descongelar las cuentas bancarias con el BBVA Bancomer.

De acuerdo con el expediente 611/2010, la defensa legal de María Teresa Zambada Niebla intentó que el juez de amparo le concediera descongelar las cuentas, pero se lo negó en un primer momento.

Lo que sí ganó fue tiempo, pues el juez pidió a la autoridad federal “dejar las cosas en el estado que guardan”, es decir, no podían sustraer, pero tampoco depositar efectivo en las cuentas en tanto que durara el juicio.

Fue una batalla legal de casi tres años. En agosto de 2012 el Juez Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región negó la protección de la justicia federal a favor de las dos empresas, y el caso fue sobreseído.

Aun así, la familia Zambada continuó y acudió al Tercer Tribunal Colegiado con sede en Mazatlán. El 31 de octubre del año 2013, los magistrados tuvieron conocimiento del caso y se inició el expediente 513/2012 para tratar de revocar la sentencia.

La ponencia fue turnada al magistrado Raymundo Veloz Segura, quien el 25 de abril pasado expuso ante el tribunal la propuesta de resolución, en donde confirmaba la sentencia del juzgador anterior, y sobreseía el expediente, lo que le quitó la posibilidad de recuperar las cuentas bancarias.

Todo lo demás fue tiempo para que estos negocios que una vez fueron pujantes, se derrumbaran.

El niño feliz en la pujanza

De las pocas empresas que siguen activas en la lista del Departamento del Tesoro es la guardería Estancia El Niño Feliz, la cual se encuentra activa de acuerdo con reportes periodísticos.

En enero pasado, la periodista Anabel Hernández publicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a sus antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al continuar pagando contratos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a esta guardería.

En los últimos tres sexenios, dicha empresa ubicada a nombre de Carmen Amelia Araujo Laveaga, ha recibido 73.6 millones de pesos del IMSS.

De acuerdo con documentos obtenidos vía transparencia por la periodista, el Seguro Social en la era de AMLO es quien más dinero ha destinado a la instancia que opera como guardería.

Los registros de transparencia señalan que entre 2002 y 2003 se adjudicaron once millones 546 mil 617 pesos por tres contratos como proveedor a la guardería.

Pero los convenios siguieron con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y los 22.4 millones de pesos que entregó el gobierno de López Obrador desde que comenzó su sexenio, entre el 18 de diciembre de 2018 hasta el 21 de junio de 2021.

Ya con Calderón se registraron 10.2 millones de pesos de 2007 a 2009, por subrogación anual. Mientras que de 2010 a 2012 esa administración del IMSS otorgó 10.4 millones de pesos más.

Del 1 de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 se pagaron 9.6 millones de pesos a la estancia infantil. Entre enero y diciembre de 2020 el monto fue de 8.64 millones de pesos, mientras que de enero de 2021 a junio del mismo año se destinaron 4.24 millones de pesos más.

Hasta la fecha, los contratos con esta guardería fichada y en operaciones se mantienen activas, a diferencia de las otras, las cuales quedaron asfixiadas.