Por más que se pretenda soslayar al interior de todos los partidos y en el ánimo de los candidatos, el factor narco en Sinaloa es de un peso tremendo en la vida pública y en cada proceso electoral se mantiene al acecho para coaccionar a quien llevará la bandera de la gubernatura. El poder del crimen organizado influye en cada elección para tratar de que el candidato más cercano a sus intereses resulte electo como gobernador o, al menos, que quien quede continúe la política de seguridad que sus antecesores para perpetuar el reinado del Cártel de Sinaloa. Así ha sido durante los últimos cuatro sexenios, en unos casos, las ligas entre integrantes del gobierno y de la política han sido más evidentes que en otros, pero lo cierto es que las redes criminales buscan imponer a un hombre o a una mujer que les sea de beneficio a la hora en que se dicten las órdenes de combate al narcotráfico, y sobre todo, porque todo actor político sabe que las corporaciones policiacas y militares están bajo la ley de la “plata o el plomo” para futuras colaboraciones.

Por Redacción De Primera Noticias

“¿Es amigo o está contra nosotros?”, preguntaba Joaquín El Chapo Guzmán cada vez que Dámaso López Núñez, su operador de confianza en lo logístico y lo político le hablaba de apoyar a un perfil de la política, con miras a que, llegando al cargo, apoyara las actividades criminales de la organización.

Esto salió a relucir durante el juicio del capo oriundo de La Tuna, Badiraguato en donde quedó claro cómo operaban los grandes jefes del Cártel de Sinaloa para beneficiar a algún aspirante a una gubernatura. Por ejemplo, en 2013 intentaron apoyar a la ex alcaldesa de La Paz, Baja California Sur, Esthela Ponce Beltrán, eliminando a un policía y pidiéndole recursos para obtener la candidatura del PRI.

Aunque Esthela Ponce no ganó, la forma de trabajar del Cártel quedó registrada en las conversaciones entre ambos capos sinaloenses ahora presos en Estados Unidos.

En Sinaloa, desde hace sexenios, el narco ha jugado un factor de suma relevancia dentro de los procesos electorales. Incluso en algunas ocasiones han caído severas sospechas de apoyos sobre candidatos y políticos, sobre todo después de obtener el poder, cuando personajes de tufos rancios alcanzan puestos de importancia en el aparato de seguridad y burocrático en el estado.

Ahora, con la inscripción oficial de 13 aspirantes para abanderar la candidatura morenista, también se arranca la carrera por conseguir el poder en el estado, cuna de uno de los cárteles más grandes de todo el continente; para los delincuentes que mantienen sus intereses en el territorio, influir de forma subrepticia es contar con la garantía de que no llegará ningún gobernador que mantenga un tono beligerante contra las drogas.

“El discurso de cualquier candidato sobre el narco es que es un tema que le corresponde a la federación”, refiere un operador de Morena a Deprimera Noticias, y quien explica, por ejemplo, que a pesar de que en Culiacán gobierna su partido con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, lo cierto es que él nunca ha puesto ni quitado a ningún funcionario de seguridad municipal.

“Estrada nunca pudo quitar a (Óscar) Guinto Marmolejo, lo quiso hacer, pero no lo dejaron, ¿por qué? Es algo que nunca se ha cuestionado”, indica.

Y es que la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (“abrazos, no balazos”) ha provocado el empoderamiento del Cártel de Sinaloa, prácticamente el grupo criminal sinaloense ha sido intocable durante los dos años de su gestión, y con la pifia del “jueves negro” de octubre de 2019, se ve lejos una campaña para abatir a la delincuencia organizada.

“El candidato o candidata de Morena, aunque no sea alguien con vínculos, va a dejar pasar todo en este tema y dirá que es competencia federal. Es lo mismo de cada sexenio”, asegura el operador morenista, quien, por seguridad, pidió el anonimato.

Es decir, por uno u otro frente, el crimen organizado se impone. Si no impone a un candidato, si no influye en la votación con sus recursos ilimitados, sí lo hace al dictar y presionar en torno a la política de seguridad y combate al tráfico ilegal de drogas. Al final, como quedó patente el jueves 17 de octubre de 2019, el narco manda.

LOS PERFILES DE MORENA

De los abanderados por el Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa, el único con una trayectoria que se mantiene en la sospecha es Gerardo Vargas Landeros.

Sin embargo, es imposible soslayar que Vargas Landeros fue el “hombre fuerte” del sexenio de Mario López Valdez (2011-2017), dirigió no solamente la Secretaría General de Gobierno, brazo operativo del Poder Ejecutivo, sino que también tuvo amplia injerencia como cabeza del Gabinete de Seguridad.

Fue uno de los más férreos promotores del extinto director de la Policía Ministerial del Estado, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, quien falleció de Covid-19 en mayo pasado, y quien contaba con fuertes sospechas de trabajar para el crimen organizado.

De hecho, en el mismo juicio contra El Chapo Guzmán salió a relucir que durante el sexenio de Juan Millán Lizárraga “Chuy Toño” fue puesto por Ismael “El Mayo” Zambada como titular de la PME, según declaraciones de su hijo El Vicentillo.

Por su parte, en un par de cartas enviadas desde la prisión de El Altiplano, El Chapo le giraba instrucciones a su compadre Dámaso López para aterrizarlas con el jefe policiaco, esto ya en la era de Malova.

“Quien quede por Morena, ya sea Rocha, Imelda o El Químico, tendrá que negociar con el narco; si no directamente, sí tácitamente, ¿cómo? Dejarlo ser”, comentaba un operador que trabajó en el equipo de Morena durante la campaña 2018.

LOS PRIISTAS 

Del Partido Movimiento Ciudadano, sin duda, Sergio Torres Félix será un factor que puede dar la batalla en el terreno electoral.  Sobre “El Morrín”, como se le conoce desde que fue alcalde de Culiacán por los monigotes que mandó a hacer, también ha caído el manto de sospecha desde hace años.

Sergio conoce las entrañas del PRI, conoce los mecanismos de coacción y como buen político salido de la cantera del pueblo y del barrio, conoce bien el poder de la mafia. Aunque nunca ha sido señalado en una investigación oficial, su carrera se ha mantenido en la duda para propios y extraños.

Lo mismo Jesús Valdés Palazuelos, acusado una y otra vez de lenón por el añejo “caso Milkiway”. Ambos priistas, confrontados por la candidatura, han sabido medir el poder del dinero y del poder público.

En cambio, los nuevos rostros que intentó imponer el gobernador Quirino Ordaz Coppel, como el secretario de Educación Pública y Cultura, Alfonso Mejía López, se han manejado con una trayectoria lejana a los enjuagues de la corrupción y el crimen organizado.

LA INFLUENCIA NARCA VIENE DE LEJOS

Aunque de manera histórica en Sinaloa el narco y los narcotraficantes han gravitado en torno al poder público, desde el gobernador Leopoldo Sánchez Celis –considerado por algunos historiadores como “narcogobernador”–, pasando por Antonio Toledo Corro, quien también fue amigo de Miguel Félix Gallardo, El Padrino.

La DEA y la SEDENA guardan amplios expedientes sobre estos dos mandatarios sinaloenses. Sin embargo, entre la década de los 60 y 80, el crimen organizado todavía se encontraba “domesticado”, por así decirlo, ya que los narcos se supeditaban al gobierno.

Con Juan Millán, otro gobernador en el que recayó la duda y la sospecha –fue el principal promotor de Chuy Toño–, la influencia del narco fue notable. Al pasar la estafeta a Jesús Aguilar Padilla, la línea de seguridad continuó, aunque ambos políticos rompieron sus pactos por el factor Jesús Vizcarra, otro político-empresario que ha sido ligado al Mayo Zambada, de quien se dice es su compadre.

Por más que esta clase política pretenda ocultarlo, la costura de las componendas narco-gobierno siempre salieron a relucir en escándalo tras escándalo: desde el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, pasando por la guerra de los Beltrán Leyva contra El Chapo y El Mayo, la cual estalló hacia la mitad del mandato de Jesús Aguilar.

En la época de Aguilar, con todos los acuerdos rotos en la mafia sinaloense por la captura de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, las instituciones públicas entraron en una fase de crisis, sobre todo las instancias de seguridad.

Una supuesta narco nómina encontrada en la casa de El Mochomo sacudió a las más altas esferas del Gobierno de Sinaloa en 2008, al aparecer lo más ganado de los jefes policiacos a sueldo del Cártel de Sinaloa.

Aunque la entonces Procuraduría General de la República investigó, el caso terminó en nada. Algunos de los jefes policiacos que aparecieron en la lista o fueron ejecutados o se exiliaron antes de que el fuego los alcanzara.

¿UN GOBERNADOR SOBORNADO POR EL NARCO?

Años más tarde, en 2015, en un expediente de la DEA salió la información documentada por la Agencia Antidrogas estadounidense de que los Beltrán Leyva habían sobornado a un gobernador sinaloense.

Esta revelación ya no causó un efecto mediático de impacto debido a que el Departamento de Justicia gringo difundió la información siete años después. Fue en una moción presentada por la Fiscalía del caso Beltrán Leyva ante el juez federal Richard J. Leon.

En el documento, la Fiscalía aseguró contar con evidencia y un testigo sobre los sobornos de los narcos sinaloenses, sobre todo los Beltrán, hacia funcionarios de seguridad y hasta el gobernador en turno.

“Dicha evidencia incluye testimonio de un testigo cooperador sobre los sobornos pagados por el acusado y a nombre del acusado (El Mochomo), a todos los niveles de la policía y personal militar. Específicamente la policía municipal, la policía estatal, el gobernador del estado, la policía federal de autopistas, la oficina del fiscal y su agencia de investigación en Culiacán”, señalaba la moción.

Sin embargo, el documento no detallaba ningún nombre, pero sí el periodo, que iba del 2000 al 2008, tiempo en el que estuvieron Juan Millán y Aguilar Padilla. En primero fue mandatario de 1999 y 2004, y segundo de 2005 a 2010.

Debido a que El Mochomo se declaró culpable de los cargos, obteniendo cadena perpetua, toda la supuesta evidencia de corrupción que dijo tener la Fiscalía contra exfuncionarios sinaloenses no fue presentada en el juzgado, bajo la máxima de “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

MALOVA Y QUIRINO

Desde que le arrebató la gubernatura a Jesús Vizcarra, golpeado durante toda la campaña por su compadrazco con El Mayo Zambada, Mario López Valdez echó muy pronto abajo la confianza del voto popular, al encaramar a su administración a personajes con ligas con el crimen organizado.

Malova fue el gobernador que mantuvo a “Chuy Toño” como enlace con el Cártel de Sinaloa, pues desde 2011 la estrategia fue encaminada a exterminar a las células leales a los Beltrán Leyva –Los Mazatlecos y El Chapo Isidro–, para encumbrar más al Cártel de Sinaloa.

Aunque siempre cayó el manto de la sospecha, López Valdez no fue investigado por las autoridades federales, a pesar de que Culiacán se convirtió en la casa fija del Chapo Guzmán durante los primeros tres años de su gobierno.

Solamente hay que recordar que Guzmán Loera fue detenido en Mazatlán en febrero de 2014, y que las investigaciones de la DEA y la Marina llevaron a descubrir, mediante testimonios de colaboradores del capo –como su secretario Carlos Hoo Ramírez–, que El Chapo y Dámaso habían mandado a construir una serie de casas de seguridad en la capital del estado con ductos que daban al drenaje pluvial.

En total eran alrededor de cinco residencias, las cuales actualmente fueron confiscadas. “No se pudo haber hecho este trabajo de ingeniería sin la participación de las autoridades locales”, señalaron medios de comunicación nacionales.

El golpe más severo fue la operación atribuida al Chapo Isidro, donde secuestran a un escolta de Malova para hacerlo hablar en un video, supuestamente revelando las componendas entre el gobierno de López Valdez y el Cártel de Sinaloa. Todo esto no fue investigado.

Cuando en 2016 la candidatura del PRI favoreció a Quirino Ordaz Coppel, la línea de trabajo del narco no cambió. Durante las votaciones de ese año, una serie de disturbios aparentemente coordinados en Culiacán y promovidos por una facción del narco, intentó meter ruido a las elecciones.

Al final, Ordaz Coppel salió triunfador, y aunque en estos cuatro años no ha sido vinculado con la organización criminal sinaloense, su política de seguridad fue dejada en manos de la SEDENA de Salvador Cienfuegos, detenido y liberado por Estados Unidos por supuestos nexos.

Aunque se diga que no, el narco es y será un factor en este 2021, un factor escurridizo del que, seguramente, los candidatos evitarán confrontar.