Mientras que 2021 es el año de la esperanza con la vacuna contra el Covid-19, y el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador vuelca todo su poderío para arrasar en las 15 gubernaturas que se disputan, el narcotráfico ha pasado a una agenda más soterrada, pero en realidad se encuentra ahí, con toda su fuerza para mantener sus cotos de poder en la República Mexicana. Y es que el combate al lavado de dinero se ha quedado desdibujado frente al monstruo que representa el crimen organizado y sus remesas. No se espera un combate en contra de los grandes capos, pues el presidente decidió limitar la actuación de las agencias de seguridad gringas en el país. Sin nuevas estrategias, en la agenda 2021 se observa que el narco mantendrá su fuerza, a la luz de la 4T, que no ha mostrado músculo para acabar con este grande flagelo mexicano.

Por Redacción Deprimera Noticias.

Al cerrar la llave de la actuación de los agentes estadounidenses en México con la reforma exprés que realizó el Congreso de la Unión a la Ley de Seguridad Nacional en los últimos días del año pasado, se verá en este 2021 un escaso combate al narcotráfico a través del despliegue de sistemas de inteligencia que lleven a la captura de importantes objetivos, ya que la DEA dejará de tener participación en las investigaciones bilaterales.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal le dio “carta blanca” a la Agencia Antidrogas para capturar a los principales capos. Cayeron desde “El Chapo” Guzmán, hasta Vicente Carrillo Fuentes, pasando por “La Tuta”, Nazario Moreno, El Mayito Gordo y una importante hornada de narcos sinaloenses atrapados bajo la égida de La Operación Narco Polo.

El último trabajo ejecutado de la DEA fue proporcionar la ubicación de Ovidio Guzmán López en su casa del Desarrollo Urbano Tres Ríos, dejando resultados devastadores con la toma de Culiacán aquel jueves negro de 2019, lo que a la postre hizo que AMLO comenzara a cancelar esa forma de colaboración con la agencia extranjera. De ahí que los gringos se pasaran por el “arco del triunfo” la captura del general Salvador Cienfuegos, y con ello las tensiones diplomáticas entre ambos países.

De esta manera, cancelado el trabajo coordinado con las agencias estadounidenses, México se aísla en el patriotismo de izquierda para “combatir con abrazos y no balazos” a los cárteles que, durante 2020, el año de la pandemia universal, dejaron un reguero de más de 30 mil personas asesinadas a lo largo y ancho de la geografía mexicana.

Una de las señales de que la administración lopezobradorista sigue la misma ruta de la militarización de la seguridad que siguieron sus tan criticados predecesores (Peña Nieto y Calderón), es que el presupuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó casi un 20 por ciento en el presupuesto que se ejercerá este 2021, lo cual implica un crecimiento real de 18 mil millones de pesos en comparación al 2020.

¿Agenda antilavado?

Además de esto, el combate al lavado de dinero que se le encargó a Santiago Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tampoco ha rendido los frutos suficientes para entorpecer las operaciones de los cárteles mexicanos, pues mientras la UIF bloquea cuentas bancarias a diestra y siniestra de supuestos colaboradores del crimen organizado, las empresas fachada continúan trabajando de manera normal y las rutas de trasiego de efectivo se mantienen vivas.

Uno de los casos recientes y que en México no se hizo eco, es que Estados Unidos comienza a poner la mira las extrañas operaciones del Banco Azteca, propiedad del empresario multimillonario Ricardo Salinas Pliego, amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que mantiene laxos candados de seguridad para el movimiento de cantidades de dinero.

A tan sólo once días de acabarse el año, la revista Proceso reportó que el banco Lone Star cerró sus cuentas y canceló el convenio con Banco Azteca debido a una supuesta investigación en curso por parte de la Oficina del Contralor de la Moneda, institución que habría detectado movimientos inusuales en las cantidades enviadas de un banco a otro sin que se registre el origen de los recursos.

Deprimera Noticias ha reportado cómo en Sinaloa esta institución bancaria es usada como “correo” de efectivo para enviar pequeñas cantidades de dinero que son cobradas en las sucursales de Culiacán a nombre de terceros que posteriormente entregan el dinero a trabajadores del Cártel de Sinaloa. Por este “trabajo”, a las personas que le son enviadas transacciones desde Estados Unidos se les paga de 500 a mil pesos, dependiendo de la remesa depositada.

De ahí, que la UIF de Santiago Nieto se ha dedicado a dar verdaderos “bandazos” en el combate al lavado de dinero, al congelar las cuentas bancarias de supuestos operadores de la organización criminal sinaloense, los cuales apenas son eslabones del tráfico hormiga que se hace del dinero sucio en el país.

Analistas en seguridad señalan que los narcotraficantes han aprendido con el tiempo a trasegar y guardar bien el dinero producto de la venta de drogas, buscando nuevos métodos de borrar el rastro de sus fortunas, por lo que las empresas visibles colocadas en la mira son apenas la punta del iceberg de un nuevo que genera millones de dividendos.

Una de estas carambolas realizadas por Inteligencia Financiera, y que no reditúan verdaderos bloqueos a las finanzas del Cártel de Sinaloa, en particular de Ismael “El Mayo” Zambada, ha sido el congelamiento de cuentas, desde fines de 2019, de Ana María Zambada García, hermana del capo, y de Leticia Ortiz Hernández, la tercera esposa del Mayo y madre de Serafín Zambada Ortiz.

Documentos consultados de la Judicatura Federal señalan que a Ana María Zambada se le congelaron sus cuentas bancarias de Santander, pero se trata de depósitos de los recursos de su pensión como docente, o por lo menos eso es lo que ella argumenta en el amparo que tramita.

En todo caso, como se ha analizado en otros casos de bloqueo de cuentas financieras a familiares de capos, no se trata de importantes cantidades, ya que es el dinero que manejan para el uso diario.

Es decir, los capos no ponen a lavar sus recursos a sus familiares directos en estos tiempos en que se saben que las autoridades tienen más controles sobre las redes financieras. Los verdaderos amos del dinero están lejos de la mira del gobierno federal.

Sin estrategia con los homicidios

Otro de los rubros en que la administración federal ha fallado es en el combate a uno de los principales flagelos: los homicidios y las desapariciones forzadas. Al igual que los anteriores gobiernos, el de López Obrador no ha aterrizado una estrategia en firme de seguridad, que no sea la creación de la Guardia Nacional, cuerpo militar bajo el mando de la Sedena. Según el presidente de los “abrazos, no balazos”, será a través de los programas sociales de Bienestar en que se contrarrestará el nivel de delincuencia en el país.

De esta manera, las nulas estrategias frontales arrojaron durante todo el 2020, el año en que la pandemia dejó además más de 123 mil decesos, un total de 34 mil 523 homicidios en el país. En el 2019 se alcanzó la cifra de 34 mil 648 víctimas dolosas. De este modo, la reducción de un año a otro en este delito fue mínima, alcanzando apenas un 0.4 por ciento de decremento.

En estos dos años de la Cuarta Transformación, se han reportado más de 70 mil homicidios en México.

Pero junto con los homicidios dolosos, las desapariciones forzadas es otro delito que golpea fuertemente a la sociedad. En lo que va de la administración del presidente López Obrador, trece mil 821 personas han desaparecido, de las cuales cuatro mil 960 se registraron al corte de septiembre de 2020.

Así, el gobierno morenista en lugar de fortalecer las instituciones de búsqueda y de víctimas, con los constantes recortes y las faltas de reglas de operación, lo único que ha logrado es que se reduzca el margen de combate a estos delitos.

Sin embargo, para el jefe del ejecutivo las principales fallas son en los gobiernos estatales que investigan este delito. En septiembre pasado, al dar a conocer cifras de fosas clandestinas y personas desaparecidas en el país, el presidente señaló:

“Ahora sí que, con todo respeto, pero sí vemos un problema difícil en cuanto a la capacidad de atención de respuesta de los ministerios públicos de las fiscalías de los estados en la atención al problema de desaparición de personas. Hay que reconocer que hay un comportamiento desigual, hay fiscalías que están actuando con eficacia, pero lamentablemente la mayoría no dan respuesta”, dijo.

2021: más dinero al Ejército

Lo que sí no cambió en la agenda de seguridad para 2021 es la estrategia de continuar apuntalando a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad. Tan sólo de 2020 a este año, a la Sedena se le incrementó el 19 por ciento de su presupuesto, pasando de 94 mil millones de pesos a 112 mil 557 millones de pesos. Es decir, algo así como 18 mil 528 millones más que el año pasado.

Además, como lo reportó Proceso, durante 2020 la Secretaría de la Defensa fue la favorita en construcción por parte del gobierno federal, al adjudicarse de manera directa 50 contratos por un monto de dos mil 481 mil millones de pesos.

Pero esto se puede dimensionar con el presupuesto que le destinó Felipe Calderón en 2010, cuando estaba en los últimos años de su mandato. Ese año se le dieron 43 mil millones. Es decir, hoy en día las Fuerzas Armadas tienen casi tres veces más recursos que hace 10 años, cuando en el discurso del presidente se ha estilado que va por la desmilitarización de la seguridad pública.

Desde luego, de este presupuesto una tajada va destinada para la Guardia Nacional, el cuerpo élite de punta de lanza del Ejecutivo para “pacificar el país”.

En Sinaloa, las estrategias de seguridad contra el crimen organizado no han cambiado: convoyes militares patrullando las ciudades y pueblos, operativos de detección de laboratorios y drogas, pero más allá de eso, ningún otro esquema de combate a la violencia y al crimen organizado.

Control sobre la DEA

Aunque la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional no menciona nunca una dedicatoria contra agencia extranjera alguna, lo cierto es que sobrevino en diciembre pasado luego de la detención y posterior liberación del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien coordinara las estrategias de seguridad en el país durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aunque López Obrador lo negó, lo cierto es que de manera pública quedó que el presidente fue presionado por la cúpula militar mexicana, pues Cienfuegos es un personaje “de los suyos”. Se trata en realidad de meter cuña a las actividades de los agentes estadounidenses en territorio mexicano, pues desde hace décadas son quienes recolectan información de inteligencia sobre los cárteles y sus integrantes.

De hecho, gran parte de la narrativa antinarco ha sido fraguada desde las agencias americanas, pues basta con que sea señalada desde Estados Unidos para que una persona o una empresa, sea tildada de criminal.

Y es que la mayoría de los capos que llegan a las listas de los más buscados por narcos en México, fueron ubicados principalmente por la DEA, y no por la ahora Fiscalía General de la República, la cual por lo regular no elabora cargos contra estos personajes, sino hasta que, por medio de la Embajada americana, se solicita una orden de aprehensión con fines de extradición.

En México, como se ha demostrado en los procesos judiciales de los capos, por lo regular se les endereza cargos de posesión de armas, de droga, para posteriormente fincar el delito de delincuencia organizada. El de lavado de dinero muy pocas veces se demuestra y el de homicidio menos.

Así, de ahora en adelante, las agencias de seguridad estadounidenses y del resto del mundo, se verán acotadas. Por ejemplo, una vez que entre en vigor, será la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, quien resolverá la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate.

Además, a) Los agentes extranjeros sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas.

b) No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional.

c) Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a llevar a cabo detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política y las leyes nacionales aplicables.

d) Si comenten algún delito o se ven involucrado en algún ilícito serán sometidos a la justicia mexicana y no gozarían de inmunidad alguna si ingresan a nuestro país, sin ser acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por último, tendrán que notificar sus movimientos y sus investigaciones a las autoridades mexicanas. De lo contrario, no podrán tener actuación. El caso de Ovidio Guzmán entra aquí como emblemático, puesto que fueron agentes de la DEA quienes proporcionaron su ubicación en la mansión del Tres Ríos, y por cuyo operativo fracasado, se siguen resintiendo las consecuencias del jueves negro.

Por eso ahora, sin una agenda clara, para 2021 se prevé que el narco tenga más libertad de moverse e influir en la vida pública y social del país.