El Grupo Parlamentario de Morena promovió este jueves un punto de acuerdo que fue aprobado por mayoría a través del cual se pide al gobernador Quirino Ordaz Coppel que cancele todo trato de privilegio con el empresario Ricardo Salinas Pliego en torno al estadio de futbol de Mazatlán que se construyó con dinero público.

La diputada Yeraldine Bonilla Valverde destacó que el artículo 70 de Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa ordena que las instalaciones deportivas realizadas con recursos provenientes del erario sean puestas a disposición de la comunidad para su uso público.

De la misma forma, recordó que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dispone como principal requisito para que el Gobierno del Estado contrate y ejecute obra pública, que las obras públicas estén incluidas en el programa anual de obra pública autorizado por el Congreso del Estado.

“Sin programa de obras públicas conocido y menos aprobado por el Congreso y sin partida prevista en la Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos correspondiente, el Gobierno del Estado inició en 2017 la construcción en Mazatlán de un estadio de futbol profesional, mediante un contrato adjudicado a la compañía Meprosa Construcciones, por 459 millones 633 mil 296 pesos”, expuso la diputada.

“La construcción del inmueble concluyó en 2020, en términos de los contratos adjudicados, con un costo de 652 millones 288 mil 444 pesos, pues se le entregó a la misma empresa en un nuevo contrato de obra pública adjudicado el 30 de septiembre de 2019 por 192 millones 655 mil 148 pesos más, sin cumplirse la condición del gasto público plurianual en materia de obra pública”, expuso Yeraldine Bonilla

La legisladora agregó a estas irregularidades que el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública de la Secretaría de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, mostró la falta de evidencia de la posesión del terreno donde se construía la obra, y el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, insistió en la ausencia del documento que garantice la posesión legal y/o adquisición del predio.

“El 22 de julio de 2020, sin cumplirse la condición dispuesta por el artículo 25 de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios que ordena la aprobación del Congreso del Estado para las acciones de venta, permuta, cesión o de cualquier otro título que se quiera dar a los inmuebles del Estado, el Gobierno del Estado le concedió al empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de su empresa Atlético Morelia S.A. de C.V, “el derecho exclusivo para administrar, utilizar, explotar, brindarle mantenimiento, llevar a cabo mejoras y comercializar todo el estadio”, denunció la legisladora.

La diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Comisión de Fiscalización, participó en la discusión señalando que los temas de fiscalización deben debatirse las veces que sean necesarias, pues es necesario que se aclare porque siguen autorizando obra pública para entregársela a un particular.

Lamentó además que pese a que el empresario Salinas Pliego se comprometió en este acuerdo a invertir 70 millones de pesos en un plazo de 10 años para la construcción de un centro de formación de fuerzas básicas, sin embargo, el gobierno del estado se hizo cargo de dicha inversión.

“No fue suficiente invertir casi 700 millones para terminar regalando un estadio de futbol a un particular que lo explota y genera ganancias, sino que además en el mes de marzo se lanza una licitación para construir una unidad deportiva, infraestructura que se le regalará de nuevo a intereses privados; licitación que además no está en el Plan anual de Obra Pública aprobado por el Congreso del Estado, por lo que ahí se constituye una violación”, criticó Graciela Domínguez.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización reprobó también que la Auditoría Superior del Estado reportó que no se haya acreditado la propiedad de los terrenos sobre los que se construyó esta obra, y no ejerza las sanciones correspondientes.

“Si detectaron que el terreno no está a nombre del Gobierno del Estado, y no se sabe a nombre de quién está, pues entonces que está haciendo la Auditoría Superior del Estado, ¿Para qué está?, ¿Quién va a defender los intereses del pueblo?, cuestionó Domínguez Nava.

“No basta con decir no saber quién es el dueño del terreno, es necesario que se ejerzan las sanciones para quienes construyeron en un terreno que no es de nadie, el Grupo Parlamentario de morena seguirá empujando a que se esclarezca esta obra oscura que trae detrás un halo de corrupción, mientras que no tenga transparencia esta inversión seguirá siendo un insulto para el pueblo de Sinaloa”, concluyó la legisladora morenista.