Opacidad en la información sobre el presupuesto ejercido para combatir la pandemia tanto en los gobiernos municipales como en el Estatal es lo que se desprende del informe “Respuesta del Gobierno de Sinaloa y los Municipios frente al Covid-19”, elaborado por siete organizaciones de la sociedad civil que analizaron el manejo de los recursos públicos durante la contingencia sanitaria.
Por Redacción.
En marzo pasado el gobierno federal decretó emergencia sanitaria nacional por la pandemia de Covid-19. Desde entonces se implementaron distintas medidas para evitar aglomeraciones en los espacios públicos como el cierre oficinas de gobierno, centros culturales y comercios no esenciales.
Esta cuarentena, que incluyó en algunas ciudades ley seca y toque de queda no oficial, propició la quiebra de muchas empresas y comercios y el despidió de miles de trabajadores.
En Sinaloa, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, la pandemia ocasionó la pérdida de 20 mil 300 empleos y el cierre de 356 empresas entre febrero y septiembre pasado. A esto se agrega el último informe del INEGI en materia económica que revela que Sinaloa ocupó el séptimo lugar nacional en caída de desempeño económico.
Pese a este escenario, ni el gobierno estatal ni los gobiernos municipales implementaron planes estratégicos para la recuperación económica, salvo, en el caso del Estatal, la activación del programa Red FOSIN para préstamos a micros, pequeñas y medianas empresas que, tal como lo documentó De Primera Noticias en un reportaje publicado en abril, provocó el descontento de los comerciantes por la enorme cantidad de requisitos solicitados y el bajo monto de las cantidades ofrecidas.
En este escenario de emergencia sanitaria, los gobiernos aprovecharon la situación y potenciaron el viejo vicio de la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos al incrementar su gasto bajo la modalidad de las adjudicaciones directas, la no rendición de cuentas y la opacidad en la entrega de resultados de los programas implementados durante la pandemia.
En ese contexto, siete organizaciones de la sociedad civil y el Comité de Participación Ciudadana implementaron desde abril un Monitor Covid para evaluar la transparencia y la rendición de cuentas por parte del gobierno estatal y los municipales relativo al presupuesto, compras y adquisiciones, donativos y programas alimentarios durante la contingencia sanitaria.
En total fueron siete los criterios de transparencia usados por el Monitor Covid Sinaloa para evaluar a los 18 municipios. Del Poder Ejecutivo se evaluaron dos aspectos: disposición de una página de internet focalizada en Covid-19 y compras y adquisiciones.
El informe señala que los primeros municipios que habilitaron una página de transparencia especializada en Covid fueron Ahome, Angostura, Guasave, Mocorito y Salvador Alvarado. Posteriormente se sumaron Elota, Escuinapa, El Rosario y Navolato, y luego Concordia, Mazatlán y Sinaloa de Leyva. En total fueron 12 de 18 los que cumplieron con este criterio de acceso a la información pública a través de una página de internet especializada en Covid. Los municipios que no cumplieron con ese criterio son Badiraguato, Cosalá, Culiacán, Choix, El Fuerte y San Ignacio.
Los resultados reflejan que el 66.6% de los ayuntamientos reaccionaron y habilitaron micrositios con información sobre la enfermedad, las acciones de cada gobierno para contener la pandemia y los gastos ejercidos para la adquisición de medicamentos, equipo especial de protección (guantes, cubrebocas, gel antibacterial, sustancias sanitizantes, etc.), aunque ninguno publicó los montos destinados a estos fines ni los destinados al plan para la recuperación económica.
“La publicidad clara de ambas cifras resulta relevante para asegurar la distribución efectiva de recursos públicos, en tanto permite supervisar si los montos destinados corresponden a los gastos finalmente realizados”, señala el informe presentado este miércoles 9 de diciembre.
De los 18 municipios, 9 no publicaron ninguna información sobre los montos destinados para atender la pandemia según facturas disponibles. Fueron los municipios de Ahome, Concordia, Escuinapa, Rosario, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato y Salvador Alvarado los que sí publicaron información sobre gastos ejercidos, siendo Ahome el que más ha gastado (32 millones 137 mil 684 pesos) y El Rosario el que menos ha reportado gastos (115 mil 983 pesos con 76 centavos).
En cuanto a la publicación de información sobre compras y adquisiciones realizadas por los municipios al 30 de noviembre, ninguno transparentó los procedimientos para estas compras y adquisiciones. Solo Ahome y Mazatlán publicaron algo de información, pero escasa y no recurrente. De esta manera, no ha sido posible saber qué dependencias municipales gastaron en algo relacionado con el Covid, qué empresas fueron beneficiadas con estas compras, quiénes fueron los beneficiarios directos, etc.
De la última revisión realizada el 30 de noviembre se desprende que los 18 municipios publican listados de gastos incluyendo copias de las facturas que los sustentan. Sin embargo, señala el informe, no fue posible contrastar las cifras que resultan de las sumatorias con los recursos aprobados por las Tesorerías, pues estas últimas no fueron publicadas.
En cuanto a los donativos que los ayuntamientos recibieron por parte de empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil o dependencias de gobierno, solo 5 municipios divulgaron esta información, por lo que no es posible saber en el resto de los municipios qué se recibió en donaciones, cuánto se recibió en donaciones y adónde fueron a parar.
“En este criterio se advirtió que algunos municipios publican información sobre donativos recibidos, pero no lo hacen a través de sus páginas focalizadas, lo que vulnera el principio de accesibilidad a la información pública. Un ejemplo es Angostura que divulga donativos recibidos pero lo hace a través de vías distintas [Facebook, por ejemplo] a su página focalizada”, señala el informe.
Llama la atención que una de las acciones más visibles durante la emergencia fue la distribución de despensas, sin embargo, ninguno de los 18 municipios publicó las Reglas de Operación que siguieron para el reparto equitativo y focalizado.
Mazatlán fue el único que publicó información sobre los beneficiarios, desglosando por bimestre los nombres de quienes habrían recibido un apoyo de 400 pesos en efectivo como parte de la ayuda social. Sin embargo, el municipio tampoco hizo públicas las Reglas de Operación ni el origen del recurso.
De la evaluación de este criterio se desprende que el 100% de los ayuntamientos de Sinaloa no informaron sobre Reglas de Operación de los programas vinculados con la entrega de apoyos por Covid19 y sólo el 5.6% puso a disposición las listas de destinatarios del recurso entregado.
“En algunos casos los municipios de Ahome, Concordia, Escuinapa, Guasave, Mazatlán, Navolato y Salvador Alvarado publicaron datos, pero la respuesta fue muy asimétrica y aislada, pues los resultados no reflejan una divulgación completa y sostenida respecto a lo que ya se considera una obligación de transparencia por ley”, señala el informe.
En cuanto al gobierno estatal, el informe señala que ejecutó 95 procedimientos de compras y adquisiciones, principalmente de medicamentos, equipo hospitalario y material de curación, erogando un total de 194 millones 157 mil 637 pesos con recursos tanto estatales como federales. Sin embargo, 83 de esas operaciones se trataron de adjudicaciones directas por un valor de cerca de 167 millones de pesos, mientras que hubo solo 10 licitaciones públicas.
Lo anterior indica que el gobierno licitó apenas el 10.5% de sus compras, en tanto que el 87.3% fueron compras directas y el 2.1% restante corresponde a procedimientos cancelados o en proceso.
“… ninguno de estos procedimientos tiene algún mecanismo de fiscalización del recurso; se encontró también omisiones en el fundamento legal aplicado para la compra, y tampoco se localizó información sobre el status de las entregas, lo que dificulta saber si el proveedor cumplió con las fechas del contrato”, indica el informe. “De las compras tampoco el Ejecutivo estatal informó la población objetivo-beneficiada por sector o municipio”.
En conclusión, el informe hace un llamado a los municipios y a los tres poderes del estado para que, de cara al 2021, año electoral en Sinaloa y de contracción económica, se comprometan con un modelo de respuesta a la etapa de recuperación socioeconómica, donde la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización sean fundamentales para la vida democrática en el estado.