El Observatorio Ciudadano de Mazatlán presentó ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) una denuncia por presuntas faltas administrativas graves que involucra a 17 servidores públicos y ex funcionarios de cuatro administraciones municipales en el caso Nafta Lubricantes.
La denuncia, recibida el pasado 12 de abril por la ASE, involucra a las administraciones municipales de Alejandro Higuera Osuna, hoy coordinador de campaña de Rubén Rocha Moya, Carlos Felton González, Fernando Pucheta Sánchez y Luis Guillermo Benítez Torres.
“Como organización ciudadana solicitamos a la ASE realice una investigación exhaustiva y objetiva, ya que el hecho implica un importante daño a la Hacienda Pública por el orden de los $141, 802,000.000, recurso público patrimonio de los mazatlecos”, señaló el Observatorio Ciudadano.
La denuncia presume faltas administrativas graves en que habrían incurrido alcaldes en turno, directores de área, miembros del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del Municipio, responsables de las finanzas públicas, así como el titular del Órgano Interno de Control.
Cabe recordar que en noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Mazatlán perdió el caso Nafta ante los tribunales, por lo que se obligó al municipio a pagar a la empresa privada una suma por encima de los 141 millones de pesos.
La demanda que Naftla Lubricantes SC de RL interpuso al Ayuntamiento fue en el año 2014, durante la administración de Carlos Felton, por la cancelación de un permiso para construir una gasolinera en el 2012.
En ese año Alejandro Higuera expidió un permiso que incumplía la normatividad y por no contar con el acuerdo de los vecinos, quienes interpusieron un amparo para cancelar la construcción de la gasolinera y tras ganarlo se revocó dicho permiso.
La estación de gasolina estaba contemplada en la calle Río Fuerte, en la colonia Palos Prietos, en el sector oriente de Mazatlán.
La denuncia interpuesta por el Observatorio Ciudadano señala que los funcionarios y ex funcionarios cometieron faltas administrativas graves de diversa índole, tanto por contratación de servicios, por asumir atribuciones que no les corresponden y por omisión en las investigaciones contra ex servidores que deberían iniciarse de oficio.