De manera arbitraria y de espaldas a la ciudadanía, el Cabildo de Mazatlán aprobó pagar la deuda que el Ayuntamiento tiene con la empresa privada Nafta Lubricantes por más de 141 mdp entregando tres predios del Municipio, es decir, patrimonio público, a precios inferiores a su valor real. Esto se suma a toda la serie de irregularidades detectadas por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán en este caro que representa un agravio a los recursos públicos.

Por Redacción De Primera Noticias.

El pasado 24 de julio, durante la sesión ordinaria número 66 del Cabildo de Mazatlán, se aprobó por mayoría entregarle a Nafta Lubricantes tres terrenos propiedad del Municipio como abono a la deuda por 141 millones que tienen con dicha empresa.

Estos predios corresponden al estacionamiento municipal ubicado en la calle Mariano Escobedo, en el Centro Histórico, cuyo valor comercial es de 29.4 millones de pesos, pero que para el convenio será considerado a un valor de 21.2 millones de pesos.

El segundo terreno se ubica en la calle Principal, fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, con valor comercial de 14.3 millones de pesos, pero que será considerado en el convenio a un valor promedio de 12.4 millones de pesos.

El tercer predio, cuya su clave catastral es 011-000-012-112-001-001, es una área verde de 8 mil 795 metros cuadrados, que al parecer se ubica por la avenida Leonismo, junto al Bosque de la Ciudad, y que alberga al Consejo Ecológico de Mazatlán.

Para el Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM) es arbitraria la manera en que el Ayuntamiento pretende disponer del patrimonio público para cubrir una deuda generada por el mal desempeño de ex servidores públicos.

“Nos oponemos de manera contundente a que el Gobierno municipal disponga de bienes propiedad del Municipio y patrimonio público, así como a la opaca propuesta de pago avalada por el Cabildo en favor del particular Nafta Lubricantes S.C de R.L de C.V.”, señaló el OCM en un comunicado. “Estamos convencidos que los actos irregulares y cualquier abuso de poder público no deben saldarse con el presupuesto destinado al desarrollo municipal y al bienestar social”.

El caso Nafta Lubricantes tiene su origen en 2012, durante la administración del ex alcalde Alejandro Higuera Osuna –hoy secretario particular del gobernador electo Rubén Rocha Moya- cuando la Dirección de Planeación y Desarrollo municipal dio al particular un permiso irregular para la construcción de una gasolinera en la colonia Palos Prietos, lo cual motivó un amparo por parte de un vecino y la obra fue suspendida.

Tras la suspensión del proyecto de gasolinera, la empresa demandó al Ayuntamiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, cuya sentencia resultó condenatoria para el Municipio que está obligado a pagar 141.8 millones de pesos a favor de Nafta.  Hasta el momento el Gobierno municipal ha entregado ya al particular tres pagos por un total de 15 millones de pesos en efectivo, recursos del erario, como abono a esa deuda.

“Higuera Osuna y Carlos Venegas Arreola –ex director de Planeación y Desarrollo Municipal- habrían incurrido en faltas administrativas, ya que al emitir dictamen de uso de suelo y permiso de construcción inconstitucional a favor de NAFTA presuntamente causaron daño y perjuicio a la Hacienda Municipal por $141,802,000.000, recurso establecido en la sentencia a favor del demandante”, señala el OCM.

Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio, dos de los tres terrenos públicos con los que el ayuntamiento pretende abonar a la deuda con Nafta no pueden ser entregados a particulares ya que su destino es para uso recreativo.

Tanto el terreno ubicado frente al Bosque de la Ciudad como el que se encuentra en la calle Principal del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto fueron enajenados al municipio de Mazatlán a título gratuito por Aeropuertos y Servicios Auxiliares en septiembre de 1979.

De acuerdo con ese Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de septiembre de 1979, estos dos últimos terrenos no están en condiciones de ser entregados por el Ayuntamiento a un particular, ya que su destino es para uso recreativo. Así lo establece el Decreto:

...El Municipio de Mazatlán ha solicitado, con el fin de construir un parque recreativo para beneficio de la población, le sea enajenada a título gratuito una extensión superficial de 309,736.00 m2.

Artículo primero. Se desincorporan del dominio público de la federación y se autoriza a Aeropuertos y Servicios Auxiliares para que a título gratuito enajene en favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del municipio de Mazatlán, Sin., las fracciones de terreno descritas en los considerandos segundo y tercero del presente ordenamiento, con objeto de que las utilicen en los fines para los cuales fueron requeridas.

Artículo segundo. Si la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Municipio de Mazatlán, Sin., no utilizaran las fracciones materia del presente en los fines para lo que se les enajenan o si habiéndolo hecho les dieren un uso distinto al previsto en este ordenamiento, sin la previa autorización de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, éstas revertirán en favor del Gobierno federal con todas sus mejoras y accesiones.

La última modificación del Decreto data de 1982 cuando se estableció que una porción de dicho terreno se utilice para la construcción de casas habitación en favor de los trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

“Por ello exigimos al Gobierno municipal y a los regidores informen de manera pública si existe alguna otra modificación al Decreto oficial que faculte al Municipio para disponer de dichos terrenos para otros fines. También urgimos que informen a la ciudadanía la situación legal en que se encuentra el terreno que corresponde al estacionamiento ubicado en la calle Mariano Escobedo”, declara el OCM.

En por eso que el OCM solicitó al Gobierno municipal hacer pública la relación actualizada de los bienes inmuebles propiedad del Municipio, pues considera que no hay claridad de los criterios que se consideraron para seleccionar esos terrenos y no otros.

“Con relación al convenio de pago avalado por mayoría en la sesión de Cabildo, exhortamos al Gobierno municipal a que haga público el dictamen elaborado para la propuesta de pago, pues este documento existe y está en manos de los miembros del Cabildo, pero no está disponible para conocimiento de los ciudadanos, un hecho que consideramos grave, pues al no conocer criterios ni acuerdos tomados existe alto riesgo de desvío de recursos y restringe la vigilancia ciudadana sobre el dinero público que se destinarán a un particular”, señala el Observatorio.

Es importante recordar que este caso se encuentra en investigación en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) ya que en abril pasado el OCM denunció este hecho que ha pasado por tres administraciones municipales y que implica a 17 servidores públicos y ex funcionarios, siendo hasta el momento, la única denuncia formal que existe del caso.

 

A principios de abril, el OCM presentó una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntas faltas administrativas graves que involucra a 17 servidores públicos y ex funcionarios de cuatro administraciones municipales, así como la implicación de dos abogados particulares.

La denuncia, que involucra a las administraciones de Alejandro Higuera (PAN), Carlos Felton (PAN), Fernando Pucheta (PRI) y el Químico Benítez (MORENA), fue recibida por la ASE el pasado 12 de abril.