Por la cancelación de un contrato para la construcción de una gasolinera, la empresa Nafta Lubricantes demandó desde 2014 al Ayuntamiento de Mazatlán, juicio que las autoridades perdieron y por lo cual deberán pagar a la empresa 141 millones de pesos. La empresa ha sido señalada por las autoridades federales de estar vinculada al lavado de dinero. Ni eso ni el litigio que ha sostenido durante años, ha impedido que el Ayuntamiento de Mazatlán haya seguido entregando contratos a dicha empresa.

Por Redacción De Primera Noticias.

Entre febrero y marzo de 2012, el ex alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna –hoy coordinador de campaña de Rubén Rocha Moya– y el ex director de Planeación y Desarrollo del Ayuntamiento, Carlos Venegas Arreola, autorizaron un dictamen de uso de suelo y el permiso de construcción 27789 a favor de la empresa Nafta Lubricantes S.C de R.L de C.V., para la construcción de una gasolinera en la calle Río Fuerte, en la colonia Palos Prietos, a dos cuadras del malecón.

Sin embargo, los vecinos se inconformaron por la construcción de la gasolinera y solicitaron un amparo para detener las obras, el cual ganaron, por lo que la empresa perteneciente al Grupo ArHe, propiedad de “los hermanos maravilla” Juan José y Erik Arellano Hernández, investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero, tuvo que suspender la construcción de la gasolinera.

En 2014, Grupo ArHe demandó al Ayuntamiento por daño patrimonial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con número de expediente 1981/2014. La demanda recayó en los servidores públicos en turno, Javier Ernesto Magaña Lizárraga y David Hafet Escobar Reynoso, síndico Procurador y director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, respectivamente.

Sin embargo, señala el Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM), los ex funcionarios no respondieron a dicha demanda y tampoco asistieron a la audiencia de desahogo de pruebas, por lo que habrían incurrido en faltas administrativas graves, lo que generó perjuicios al servicio público por la omisión.

“Higuera Osuna y Venegas Arreola también habrían incurrido en faltas administrativas, ya que al emitir dictamen de uso de suelo y permiso de construcción inconstitucional a favor de NAFTA presuntamente causaron daño y perjuicio a la Hacienda Municipal por 141 millones 802 mil pesos, recurso establecido en la sentencia a favor del demandante”, señala el OCM.

Dos años después de presentada la denuncia, en junio de 2016, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió condenar al Ayuntamiento y a la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Mazatlán al pago de 141 millones 802 mil pesos por perjuicios a favor Nafta Lubricantes.

El alcalde en turno, el panista Carlos Felton González, y la secretaria del Ayuntamiento, María del Rosario Torres Noriega, formalizaron un contrato con Aida Pamela Durán Chío por la prestación de servicios profesionales jurídicos para asesoría, representación, y para dar atención y seguimiento al juicio de nulidad 1981/2014 de NAFTA.

“Por sus honorarios, el Ayuntamiento pagó tres millones 180 mil pesos por sus servicios, en un contrato adjudicado de manera directa con presuntas irregularidades. Por este hecho habrían incurrido en faltas administrativas graves Felton González, Torres Noriega y Carlos Ernesto Tapia Parral, éste último Tesorero de la administración municipal 2014-2016, por autorizar el recurso público para dicho pago”.

En septiembre de 2017, ya en el gobierno del priista Fernando Pucheta, el secretario del Ayuntamiento en turno, José Joel Bouciéguez Lizárraga solicitó a Juan Manuel Ochoa Álvarez, Oficial Mayor y presidente del Comité de Adquisiciones, proponer al Comité la contratación de los servicios profesionales de otro abogado, esta vez de César Aristóteles Morales Silva, para lograr sentencia absolutoria favor del Ayuntamiento por el caso NAFTA.

El OCM señala que el contrato inició en septiembre de 2017 y terminó en octubre de 2018, el acuerdo fue entregarle 7% de comisión sobre los 141 millones de pesos sólo si se cumplía el objetivo de la absolución a favor del Municipio. Sin embargo, no se logró y el Ayuntamiento le pagó por los honorarios 5.2 millones de pesos, un pago fuera de contrato.

“Por lo anterior Ochoa Álvarez, así como Miguel Pérez Bernal, Joel García Regalado, Ismael Barros Cebreros, Ricardo Aurelio Ramírez González, y Melania García Gómez, miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio habrían incurrido en faltas administrativas graves por autorizar la contratación del servicio sin sustento jurídico para adjudicarlo por excepción a la licitación”.

En tanto que el ex alcalde Fernando Pucheta Sánchez, Bouciéguez Lizárraga e Ismael Barros Cebreros también habrían incurrido en faltas administrativas graves al formalizar dicha contratación y el pago del recurso al particular Morales Silva, denuncia el OCM.

En diciembre de 2018, al inicio de su periodo de gobierno, Luis Guillermo Benítez Torres, firmó un convenio de colaboración con Juan José Arellano Hernández, representante de NAFTA que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar los 141 millones 802 mil pesos por la demanda perdida, más la cantidad que resulte por concepto de intereses, recargos y actualizaciones.

“Al firmar se presume que incurrió en faltas administrativas graves por atribuciones que no le corresponden, ya que este trámite es facultad del Síndico Procurador en turno, de acuerdo al Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. En este caso Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control, habría cometido también faltas administrativas graves al no cumplir con lo establecido en el Artículo 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, donde establece que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de auditorías o, en su caso, de auditores externos”.

El pasado 25 de marzo, el tesorero municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, dio a conocer que el Ayuntamiento había dado un primer pago de cinco millones de pesos a Nafta tras la firma de un convenio para liquidar la deuda a tres años. “Nos cayó la papa caliente y no hubo a quién aventársela ya, o nos quemamos o mejor la pongo ahí y llego a un acuerdo”, declaró el tesorero a la prensa.

Denuncias contra cuatro administraciones

Por lo anterior, el OCM presentó a principios de abril una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntas faltas administrativas graves que involucra a 17 servidores públicos y ex funcionarios de cuatro administraciones municipales, así como la implicación de dos abogados particulares.

La denuncia, que involucra a las administraciones de Alejandro Higuera (PAN), Carlos Felton (PAN), Fernando Pucheta (PRI) y el Químico Benítez (MORENA), fue recibida por la ASE el pasado 12 de abril.

“Como organización ciudadana solicitamos a la ASE realice una investigación exhaustiva y objetiva, ya que el hecho implica un importante daño a la Hacienda Pública, recurso público patrimonio de los mazatlecos. La denuncia en trámite presume faltas administrativas graves en que habrían incurrido alcaldes en turno, directores de área, miembros del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del Municipio, responsables de las finanzas públicas, así como el titular del Órgano Interno de Control”, denuncia el observatorio.

Empresa vinculada al lavado de dinero

Los hermanos Juan José y Erick Arellano Fernández encabezan el Grupo ArHe, un conglomerado de más de 100 empresas entre las cuales hay casas de cambio, consultorías financieras, hoteles, gasolineras, inmobiliarias, constructoras, seguridad privada y equipos profesionales de beisbol y basquetbol.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP las ha investigado por realizar masivas operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la UIF congeló cuentas bancarias de los hermanos y de 81 de sus empresas por considerar que sus operaciones solo servían para encubrir el blanqueo. En seis años, entre 2010 y 2016, señaló la UIF, ingresaron al sistema financiero nacional al menos mil 723 millones de pesos sin que se tuviera certeza de su origen.

El 11 de junio de 2018, días después de las elecciones en las que Morena arrasó con todo, se desbloquearon las cuentas bancarias de los hermanos. El SAT ha señalado que Grupo ArHe utiliza empresas fachadas para realizar múltiples triangulaciones financieras y enmascarar así el origen presuntamente ilícito de ese dinero. Se encuentra el SAT en proceso de armar una denuncia por defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada.

De acuerdo con una investigación hecha por Animal Político, entre 2013 y marzo de 2020, el Ayuntamiento ha otorgado 19 contratos a cuatro empresas de los hermanos Arellano Hernández por al menos 117 millones de pesos, incluyendo uno otorgado a la propia NAFTA y LUBRICANTES del MERIDIANO, en pleno litigio por la cancelación de la gasolinera en Palos Prietos

El contrato inició en enero y se terminó de pagar en diciembre de 2018, de acuerdo con un reportaje de Noroeste que documentó que el alcalde Fernando Pucheta violó el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio al pagar ese contrato por 79 millones de pesos, que en su artículo sexto señala: “no se podrán presentar propuestas o cotización, ni celebrar contratos o pedido alguno con personas físicas o morales (…) que tengan juicios o procesos legales de cualquier índole, y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución definitiva en lo que se involucre al municipio, ya sea como demandante o demandado”.