Desde 2019 el Congreso del Estado ha asignado presupuesto directo para paliar las necesidades de las cientos de familias de desplazados por la violencia, pero al Gobierno del Estado, encabezado por Quirino Ordaz Coppel, parece que le molestan las víctimas y, por el contrario, realiza dispendios en cosas que a su parecer le dan buena imagen a Sinaloa como los estadios y los millones invertidos en publicidad. Lo cierto es que en 2020, de nueva cuenta, el Poder Legislativo autorizó 40 millones de pesos para un fondo de vivienda para las víctimas de este delito que simplemente ha quedado en las buenas intenciones.

Por Redacción Deprimera Noticias

Desde hace dos años el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y los diputados les han prometido una vivienda para tratar de resarcir el daño patrimonial que sufrieron cuando fueron desplazados por los grupos delincuenciales en la zona serrana de Sinaloa. Sin embargo, todo ha quedado en buenas intenciones, en papeles que no se materializan, lo que impide resolver esta problemática social en el estado.

En Mazatlán, las familias desplazadas de los altos de Concordia han salido a manifestarse varias veces, tomando avenidas de la zona hotelera e incluso la última vez se hicieron presentes en una playa para protestar contra la administración estatal que solamente les ofrece promesas, pero no respuestas concretas.

En Culiacán, familias de Badiraguato y Sinaloa de Leyva denuncian que también desde hace dos años el padrón que posee la Secretaría de Desarrollo Social sobre las familias desplazadas ha sido alterado conforme a los intereses políticos de los funcionarios.

“Lo que hacen en Gobierno es que solamente le dan apoyo a quienes ellos quieren, según jalen o no con el PRI”, comenta una mujer que vive situación de desplazada desde 2016.

Hasta ahora, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Desarrollo Social, los 40 millones de pesos asignados por el Congreso en el Presupuesto 2020 no se han usado para generar vivienda. Por eso, los desplazados en Mazatlán han salido a tomar las calles, pues aseguran que solamente los traen con mentiras.

Un papel no hace una promesa

En diversas solicitudes presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la SEDESO dirigida por el priista Ricardo Madrid Pérez, quien aspira a la alcaldía de Culiacán, ha sido omisa al informar plenamente la forma en que se usa el recurso autorizado por el Congreso del Estado.

En una primera respuesta que otorgó, la dependencia con enfoque social reveló que no se ha gastado el presupuesto debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas no lo ha traspasado a las cuentas de SEDESO.

“La Secretaría no ha ejercido el recurso etiquetado para el programa de desplazados por la violencia, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas no ha radicado el recurso”, señala la respuesta dada en el oficio SEDESO/DNR/096/2020.

En cambio, al interponer un recurso de revisión debido a que se aportó información incompleta, a los días Desarrollo Social envió vía Infomex los documentos de los convenios que se elaboraron hace apenas unos meses, en donde se aparecen asignados diez millones de pesos para el proyecto del municipio de Choix, otros diez millones para Salvador Alvarado y otros diez para Mazatlán.

“Sin embargo, se informa que a la fecha del 20 de octubre no se habían ejercito estos recursos”, aclaró la Unidad de Enlace. Es decir, solamente está el “papel”, pero no la concreción de los proyectos.

En una revisión realizada por Deprimera de estos documentos se observa que se trata de un “convenio de colaboración” entre Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con participación de la Secretaría General de Gobierno, así como la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, dirigida por Salvador Reynoso.

Los tres convenios apelan al fondo de vivienda de 40 millones de pesos presupuestados por el Congreso del Estado para “El Programa Especial de Atención en Vivienda de Personas Desplazadas por la Violencia”.

Como ya se dijo, para cada uno de estos tres municipios se destinan 10 millones de pesos para sus proyectos, desde la compra de terrenos hasta la edificación de casas.

Además, se establece en las cláusulas que los diez millones de pesos para cada municipio se sacarán del presupuesto 2020, cosa que no ha ocurrido hasta poco menos de un mes de que se agote el año y que el Poder Legislativo vuelva a aprobar un nuevo presupuesto para 2021.

El convenio le otorga la facultad a la SEDESO para traspasar a cuentas bancarias de la Comisión de Vivienda el recurso y así gestionar el proyecto que hasta ahora ha quedado en buenas intenciones.

Aunque desde abril pasado Ricardo Madrid presumió que ya se tenían terrenos en el municipio de Guasave, lo cierto es que la Comisión de Vivienda confirmó mediante acceso a la información que el Cabildo no ha autorizado la compraventa de las hectáreas.

Así, en la investigación realizada, se ha podido establecer que en Mazatlán solamente se cuenta con el terreno disponible, en donde desde hace algunas semanas el Ayuntamiento mazatleco ha realizado trabajos de desmonte y nivelación.

En Choix también se han realizado similares trabajos y en Guamúchil apenas se cuenta con las hectáreas, pero no se ha metido maquinaria para nivelar. En Culiacán, por los dichos de Madrid Pérez, se sabe que apenas se va a concretar, hacia fin de este año, la compra de 3 hectáreas en la zona de la Loma de Rodriguera.

Al final, se han ido dos años solamente en “planear proyectos” y tener buenas intenciones para las víctimas del desplazo.

La justificación del pretenso a la alcaldía

Cuando se le cuestionó a Ricardo Madrid sobre el por qué no se ha estado ejecutando el recurso público autorizado por el Congreso, en un problema social urgente como es atender, aseguró que sí se ha ejercido, solamente que el proceso es lento.

“Se ha estado ejecutando conforme el convenio y las autorizaciones, pero ¿qué es lo que pasa? No es que no se esté ejecutando, es que el compromiso de la ejecución no es inmediato, estamos haciendo preparación de tierra, licitaciones, compactación, todo esto lleva un gasto conforme al presupuesto, pero la verdad es que los primeros meses muchas dependencias se nos cerraron (por la pandemia) y necesitamos autorizaciones de Conagua, de CFE, autorizaciones de cabildos, todo eso nos llevó complicación durante la pandemia, pero ya brincamos todo eso”, externó Madrid Pérez.

Sin embargo, como ha quedado demostrado en los documentos de la propia SEDESO, el recurso no se ha movido. Aun así, Madrid Pérez argumentó que una cosa es la introducción de los servicios públicos y otra la edificación de las viviendas, la cual está sujeta a licitaciones por parte de la Comisión de Vivienda de Sinaloa.

Aunque hay familias que han pedido el terreno de una vez y posteriormente fincar conforme llegan los recursos, el dinero que presupuesto el Congreso para 2020, dijo, es insuficiente.

“No son suficientes 40 millones de pesos para atender a todas las familias desplazadas, pero estamos priorizando a quienes están en mayor grado de vulnerabilidad y cumpliendo con los acuerdos”, apuntó Madrid Pérez.

En el caso de Culiacán, las tres hectáreas en la zona de la Loma de Rodriguera serán para familias de Badiraguato, Tepuche y otras latitudes del estado, y que hoy en día subsisten con lo menos.

“No estamos incumpliendo, ni hemos tenido una reasignación, al contrario, hemos estado ejecutando de una manera transparente, ordenada, conforme a la normatividad y cuidando todas las etapas”, dijo.

Señaló que ojalá y se pudieran hacer las casas sin tener que seguir los pasos de compra, compactación y licitación.

De acuerdo con las leyes presupuestarias, si en un año fiscal no se ejerce un presupuesto, se tiene que regresar como subejercicio, por lo que son las personas beneficiarias de los apoyos quienes directamente se ven afectadas por el nulo ejercicio presupuestario.