La aplicación de protocolos para la búsqueda de mujeres desaparecidas se ha convertido en una simulación más por parte de las autoridades, simulación que le cuesta dinero a la sociedad y que no sirve para localizar a las víctimas. Estos recursos, pagados a un puñado de burócratas que no hacen bien su trabajo, termina por comprobar la ineficiencia de las autoridades para proteger a la ciudadanía.

Redacción Deprimera Noticias

El 16 de diciembre de 2019, el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa registró el acuerdo con el que se crea el Protocolo Alba, un mecanismo interinstitucional que, en teoría, debería poner a trabajar de manera coordinada a 36 dependencias para que cuando se reporta la desaparición de una niña, adolescente o adulta mayor, sea más afectiva una búsqueda.

Al menos eso dice la publicación que le da la facultad a la Fiscalía General del Estado de incidir en este mecanismo, pero en la realidad, las cosas no funcionan como en el papel, en las declaraciones optimistas y, mucho menos, en las cifras alegres que esconden una verdad: en Sinaloa ser mujer es ser vulnerable ante la violencia de las desapariciones.

De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía de Sinaloa, desde marzo a noviembre de 2020, se han emitido 52 Alertas Albas, que incluyen a nada más a adolescentes y adultas, de las cuales 18 continúan activas y 34 ya han sido desactivadas, ya sea porque la víctima fue localizada con vida o muerta.

Pero las 18 alertas activas hablan del mismo número de mujeres que en el estado siguen sin aparecer por ningún lado y que, a decir de grupos feministas que trabajan el tema, nadie las busca, sencillamente porque los mecanismos de búsqueda institucionales no funcionan, están inoperantes y sin recursos.

Anquilosado

Para la activista Priscila Salas, líder del colectivo feministas No se Metan con Nuestras Hijas, asentado en Culiacán, el logro de que el Protocolo Alba se comenzara a gestionar fue de los grupos feministas que exigieron a las autoridades un trabajo formal en el campo de las desapariciones de mujeres.

“Nosotras (los colectivos) fuimos quienes negociamos la implementación del protocolo con el gobernador Quirino Ordaz, la Comisión de Equidad del Congreso y la Fiscalía”, comentó a medios.

Fue por eso que en el Presupuesto de Egresos 2020, el Congreso del Estado aprobó una partida de 7 millones de pesos encaminados a fortalecer los enlaces institucionales que permitan una comunicación expedita cuando se trata de buscar a una mujer reportada como desaparecida.

Este presupuesto fue autorizado a petición de la Fiscalía General del Estado, pero apenas a principios de noviembre, ya para casi finalizar el año, salieron los primeros dos millones 100 mil pesos para atender esta problemática.

“Lo del presupuesto es muy interesante porque, cuando fuimos junto con la diputada Francisca Abelló (de la comisión de Género) a preguntar qué se necesitaba para implementarlo, el fiscal Ríos Estavillo dijo que dinero. Hemos estado investigando si de verdad este mecanismo se está implementando”, expresó.

Sin embargo, en los hallazgos de este colectivo en favor de la mujer, se ha encontrado que está inoperante, sobre todo en los municipios.

“Nosotras estamos encontrando evidencias de que todavía hay municipios sin enlaces de coordinación para hacer funcionar el Protocolo Alba. Las autoridades aún no entienden cómo es la coordinación interestatal. Es necesario el presupuesto si se va a utilizar como debe ser, si sólo va a quedar en fichas, no tiene caso. Deben saber cómo gastarlo y si no saben nos pueden preguntar”, expuso.

Y es que, hasta ahora, la misma persona que realiza las Alertas Amber es la que se encarga de las Alertas Albas, algo que puede generar equívocos en la gestión de los casos.

Mejor la familia

El primero de noviembre se emitió una Alerta Alba con el nombre de la joven Crystal. Desde ese momento las redes sociales se inundaron de publicaciones pidiendo compartir la ficha informativa para dar con su paradero.

A los días, luego de que las autoridades no realizaran una verdadera investigación, los padres de la víctima realizaron un video, y pidieron que se hiciera llegar al estado de Jalisco, particularmente Guadalajara, donde se sospechaba que estaba Crystal.

“La Fiscalía no sabe todavía qué es un trabajo interinstitucional, ya ves el video para dar con Cristal, los padres nos pidieron hacerlo llegar a Guadalajara, Jalisco”, señaló Salas.

El protocolo obligó a que en Sinaloa se crearan instituciones inexistentes como la Fiscalía Especializada en la Desaparición de personas, para lo que también, debería usarse el presupuesto.

En entrevistas a medios, Ríos Estavillo aseguró que se necesitaban al menos 18 millones de pesos. Hasta ahora solo se han liberado 2 millones 100 mil pesos, equivalente a tres meses de operación.

“Si bien es cierto, podríamos decir que no se necesita un presupuesto, pero es necesario para que funcione de la manera adecuada, porque nosotras estamos entendiendo que no se está capacitando a las personas que están atendiendo al protocolo. Por ejemplo, se está usando a la misma persona que hace las fichas ámbar, para las albas. Necesitamos a una persona que se dedique solo a eso”, dijo Salas.

Las activistas feministas, son las mismas que han capacitado en materia del Protocolo Alba a instituciones como el Secretariado Ejecutivo Del Sistema Estatal De Seguridad Pública, Instituto Sinaloense de las Mujeres y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en el estado.

Contradicciones

En febrero pasado se instaló el comité técnico del Protocolo Alba en un evento realizado en el Congreso del Estado. En ese momento, Ríos Estavillo comentó que “no era dinero lo que se necesitaba, sino la coordinación bajo un consejo técnico interinstitucional, para que se realice la búsqueda de mujeres desaparecidas bajo los tres órdenes de gobierno”.

En la coordinación interinstitucional, dijo, “no intervendrán una o dos instituciones sino un cúmulo de autoridades federales, estatales y municipales”, al momento que se denuncie la desaparición de una mujer.

Pero desde febrero a la fecha, no se ha aplicado por falta de recurso y capital humano, de acuerdo a la misma institución.

En el mismo mes de la instalación del Consejo Técnico, instituciones como DIF, Secretaría de Turismo e Ismujeres señalaron no estar al tanto de la organización para este protocolo.

El pasado 4 de noviembre el Congreso del Estado festejó que se contará “por fin” con los millones para poder operar. Desde febrero del año en curso, la Fiscalía General del estado ha emitido fichas de búsqueda con el diseño de este mecanismo, dando a entender que se está actuando como lo marca el manual del protocolo, aunque en los hechos no es así.

¿De qué se trata?

Según el Periódico Oficial, el Protocolo Alba tiene como objetivo instrumentar y aplicar estrategias y acciones, para realizar la búsqueda e investigación, para la localización de niñas y mujeres que hayan sido reportadas como desaparecidas o no localizadas, de manera inmediata, exhaustiva, continua, especializada, con perspectiva de género, transversalidad y respeto a los derechos humanos; mediante la colaboración coordinada de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y niveles de la estructura Institucional.

La autoridad a quien corresponderá dar inicio del expediente por la desaparición o no localización de una niña o mujer y la activación de la Alerta Alba, será a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Para efectos de atender las Alertas Alba, deberá conformarse un Grupo Técnico de Coordinación y Colaboración, integrado por las distintas instancias públicas y/o de autoridad.