A inicios de noviembre el gobernador Rubén Rocha Moya cumplió su primer año al frente del Gobierno del Estado, un año en que ha dejado su impronta personal al hacer un sinfín de cambios en el gabinete, al llevarse a dos alcaldes por delante, dos secretarios estatales, adueñarse del partido y, sobre todo y de manera principal, dejar promesas incumplidas debido a que lo más importante para el jefe del Ejecutivo es hacerse lucir en sus conferencias semaneras, criticar a quien lo critica y buscar transformarse en un remedo, en un mini Andrés Manuel López Obrador, que apalea a sus adversarios políticos, activa la maquinaria de Estado, pero cuando se trata de sus cercanos, hasta los premia y deja ser. Este es el resumen de su primer año nefasto.

Por Santiago Rentería.

El gobernador Rubén Rocha Moya llega a su primer año de gobierno con una serie de imposiciones, cambios de rieles y promesas que no cumplió a pesar de manejar algunos temas sociales como de los más sentidos de su administración.

Nada más en el tema de las familias de personas desaparecidas y de las que fueron desplazadas por la violencia de zonas serranas y rurales, Rocha Moya les prometió a las primeras un panteón forense, un laboratorio de análisis de ADN y una mejor eficiencia en la Fiscalía General del Estado.

A las familias desplazadas, les prometió en su segundo día de gobernador que se activarían los recursos presupuestados para paliar sus necesidades básicas, así como la demanda sentida de vivienda, tal y como lo establece la Ley en materia de desplazados aprobada en 2021 en el Congreso del Estado.

Sin embargo, al menos en estas dos promesas con ambos grupos vulnerables, el gobierno de Morena no cumplió. El panteón forense todavía no es una realidad, puesto que el avance ni si quiera está a un 50 por ciento.

Hasta el momento, se cuenta con el terreno y la Secretaría de Obras Públicas comenzó a aplanar el sitio para comenzar con la edificación, la licitación apenas está en curso y no se ha emitido un fallo.

Del laboratorio ni si quiera se ha tocado el tema y mucho menos en restructurar todo el aparato de procuración de justicia, sumido en la dilación y en la corrupción sistémica con la fiscal Sara Bruna Quiñones, imposición de Rocha y de su secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares.

En el tema de desplazados, familias de Mazatlán y de Guamúchil han salido en los últimos días a realizar manifestaciones debido a que la Secretaría de Bienestar, dirigida por María Inés Pérez, y la Comisión de Vivienda del Estado, no avanzan en los proyectos en materia de vivienda.

Los resultados han sido magros, después de un año: en Mazatlán se compró un terreno que hasta ahora se ha lotificado, pero no cuenta con servicios públicos. En Salvador Alvarado ya se tenía un terreno, pero nada más se instalaron las plataformas

En Culiacán ni siquiera se ha realizado nada en este tema y en Guasave tampoco se ha aterrizado gran cosa. Lo que sí, es que se han entregado algunas despensas a las familias.

Un cártel poderoso

Aunque en materia de inseguridad el gobernador Rubén Rocha presume que la incidencia en homicidios y feminicidios ha disminuido con respecto a la administración de Quirino Ordaz Coppel, lo cierto es que el Cártel de Sinaloa se ha visto fortalecido con las inacciones de los gobiernos estatal y federal.

El grupo criminal encabezado por los hijos del Chapo Guzmán y por Ismael Zambada García han conseguido mantener un equilibrio en la plaza sinaloense para evitar confrontaciones y continuar con el negocio de manera soterrada.

Con las corporaciones locales a su servicio, la delincuencia organizada ahora ya no tiene que confrontarse, pues basta con respetar los acuerdos de violencia a su mínima expresión para continuar con la fiesta. Eso incluye bajo perfil y poca exposición de comandos en las calles, salvo lo necesario.

Por el contrario, los delitos que han aumentado en Sinaloa son aquellos que afectan al patrimonio de los ciudadanos, como el robo a comercio, a casa habitación, la violencia familiar, la violación sexual, entre otros.

Otro delito que se mantiene es el homicidio culposo, es decir, aquel que ocurre en accidentes automovilísticos. De hecho, Sinaloa aparece en tercer sitio a nivel nacional en cuanto a muertes viales, lo que detona la poca eficacia de programas en materia de tránsito.

Gobernabilidad

Desde la semanera, el púlpito estatal de Rocha, el mismo gobernador ha hecho públicos problemas que mantiene la administración pública, como los diferendos en la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) para solucionar el problema de los planteles dañados.

Desde esa tribuna, que le cuesta a los sinaloenses 92 mil pesos cada semana, (van 52 realizadas, es decir, unos cuatro millones 784 mil pesos), Rocha ha despotricado en contra de integrantes de su propio Gabinete estatal.

Al primero que corrió con el dedo flamígero fue a su titular de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, usando de excusa viejas demandas civiles que interpuso contra comunicadores, luego su secretaria de Bienestar, Ruth Díaz Gurría, prefirió renunciar al cargo luego de una serie de “grillas” internas gestionadas por la hoy titular, María Inés Pérez.

Actualmente Rocha y su equipo compacto, le quitó a María Inés responsabilidades de su encargo, como el programa de becas para las personas discapacitadas y el ejercicio de proyectos para los desplazados. El primero se lo cedió a su segundo ahijado, Omar López, delegado de Bienestar, y el segundo a Obras Públicas.

También a su secretaria de Pesca le quitó el programa de apoyos a pescadores para que sea gestionado directamente por Omar López.

En el tema de gobernabilidad, también gestionó la caída en desgracia del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Al aferrarse a la soberbia, a la irresolución de problemas sociales en Culiacán, así como al desorden administrativo que había en el Municipio, Rocha y su gente trabajaron en dar un “golpe de estado” en el ayuntamiento.

Usando a su brazo político en el Congreso, liderado por el diputado Feliciano Castro Meléndrez, el gobernador defenestró a Estrada Ferreiro, concertó con la Fiscalía y el Poder Judicial para enderezarse denuncias penales que a más de tres meses de haber sido accionadas, mantienen en una guerra de desgaste al ex alcalde.

Para proceder, Rocha necesitó del permiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo concedió al ver que Estrada no resolvió el problema de las pensiones de las viudas de policías, cuando desde un año atrás le había solicitado que otorgara las homologaciones exigidas.

El otro caso fue el de Mazatlán, en donde sin ningún rubor, provocó que la maquinaria de Estado se le lanzara a Luis Guillermo Benítez Torres, para quitarlo de la jugada política.

Aprovechando un contrato oscuro que le otorgó a la empresa Azteca Ligthing, el gobernador hizo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentara una denuncia penal contra El Químico por el anticipo de 60 millones de pesos que ya había entregado.

A diferencia de Estrada que decidió luchar en los tribunales, El Químico optó por la negociación, pero cuando lo iban a llevar a la inmolación en la plaza pública, desde Palacio Nacional se dio la orden de detener todo: Benítez se fue a la Secretaría de Turismo, y en el Ayuntamiento se quedó su segundo de abordo: Édgar González Zatarain. Fue un descalabro para Rocha.

Con este escenario, el primer gobernador de ascendencia morenista llega a su primer año en la administración pública, sumando a priistas de viejo cuño, dejando de lado a la militancia de Morena, pero adueñándose del partido, expulsando al Partido Sinaloense de la alianza, y teniendo un control férreo de la política en el estado.