“Algunas compañías han tenido que adaptarse al entorno nacional porque saben que la corrupción es una forma de avanzar y de ganar mercado. Algunas empresas lo han asumido de tal forma que incluso, como vimos en el caso de Odebrecht, cuentan hasta con un Departamento de Sobornos dedicado a gestionar el pago a funcionarios. Las empresas se han ido adaptando al entorno mexicano donde predomina la corrupción.”

Por Sergio Ramos.

Antes y después de Odebrecht, ha habido otras redes trasnacionales de corrupción en las que participan empresas dispuestas a sobornar a funcionarios mexicanos con tal de conseguir permisos o licitaciones, y funcionarios dispuestos a dejarse sobornar aunque sus decisiones representen una amenaza a la salud de la población, al patrimonio nacional o al presupuesto público.

Conocer los antecedentes de cómo es que México llegó al punto de ubicarse en el tercer sitio mundial de corrupción corporativa es uno de los objetivos del periodista Raúl Olmos en su libro El Saqueo Corporativo, en el que presenta decenas de casos de empresas internacionales que han tenido que adaptarse al entorno mexicano en el que un soborno abre las puertas a contratos, permisos y licencias.

¿En qué sectores encontraste más casos de empresas que entregaron sobornos para recibir contratos con entidades del gobierno?

Raúl Olmos: Este tipo de corrupción, entendida como la entrega de dádivas en efectivo o especie a cambio de contrataciones, se ha dado con mayor frecuencia en el sector energético, principalmente en el petrolero, aunque también se dan casos de forma muy acentuada en el sector de los alimentos y de la salud.

De todos estos sectores, ¿cuál es el que mayores beneficios económicos ha dejado a las partes involucradas, tanto a los funcionarios sobornados como a las empresas que obtuvieron los contratos?

Yo creo que el sector petrolero, pero hay que tomar en cuenta que los contratos asignados en este sector regularmente son por miles de millones de pesos. La práctica de la corrupción está muy arraigada en la petrolera mexicana, de tal manera que es en ese sector donde más se evidencia el pago de sobornos, no solo a funcionarios de muy alto nivel sino a los que pertenecen a los niveles más bajos.

Uno de los sectores más golpeados por la corrupción es el sector Salud. Usted aborda en el libro ejemplos de sobornos tanto a médicos de consultorios como a directivos y administrativos que toman las decisiones de compra de equipo. Háblenos sobre esto tomando en cuenta que ahorita es cuando más se necesitaría una infraestructura hospitalaria adecuada.

Se trata de una práctica frecuente de algunos laboratorios, no en general, pero sí es recurrente el trato privilegiado no necesariamente a cambio de efectivo sino de viajes, pago de asistencia a congresos o viajes personales para que los médicos receten tal o cual fármaco a sus pacientes. Esta práctica se pudiera combatir si se regularan, no quiero decir que se prohíban los promotores de los laboratorios, pero sí que se regulen y que haya condiciones transparentes y que no esté condicionada a presentar tal o cual medicamento a cambio de recibir un beneficio.  En el libro menciono casos de médicos que recetan o promueven fármacos de muy alto precio que los pacientes muchas veces no se pueden costear. Por otro lado, la asignación de contratos para la compra de medicamentos tras recibir un soborno es un daño al patrimonio público. Voy a explicar porqué: si un laboratorio que soborna a un funcionario para que le asigne el contrato, generalmente la medicina o el equipo adquirido irá con un sobrecosto para que el laboratorio cubra el gasto del soborno. Si algo costaba por decir 100 pesos, y se pagó un soborno del 10%, entonces aquello terminará costando 110 pesos. Y ese extra que se paga se vuelve una cantidad muy cuantiosa cuando se multiplica. Entonces la corrupción termina quitándole recursos para cuestiones de salud, de educación, de obra pública. En el caso concreto de ahora le está quitando recursos urgentes a la atención de salud en el caso de la pandemia, que hemos visto que ha sido muy demandante en la cuestión de adquisición primero de equipos, segundo de medicamento.

¿Quién busca a quién? ¿los políticos reciben los sobornos o los solicitan, o los empresarios los ofrecen o aceptan darlos porque es la única manera de acceder a contratos en el entorno mexicano?

Es complejo porque es una trama de corrupción muy arraigada en nuestro país. Muchas empresas que tienen reglas muy claras anticorrupción, que cuentan con oficiales que vigilan que no se violen las leyes, que en sus países de origen obedecen normas rígidas de control para que no se incurra en malas prácticas, tienden a flexibilizar sus posturas en países donde saben que la corrupción es una práctica cotidiana. Ese es el caso de México. Algunas compañías han tenido que adaptarse al entorno nacional porque saben que la corrupción es una forma de avanzar y de ganar mercado. Algunas empresas lo han asumido de tal forma que incluso, como vimos en el caso de Odebrecht, cuentan hasta con un Departamento de Sobornos dedicado a gestionar el pago a funcionarios. Las empresas se han ido adaptando al entorno mexicano donde predomina la corrupción y acaban incurriendo en prácticas irregulares. La única manera de combatir esto es siguiendo políticas muy claras de castigo, tanto al que recibe dinero como al que lo da, porque solamente volteamos a ver al que recibe el soborno, a los funcionarios corruptos, pero la corrupción corporativa, la que involucra a las empresas, rara vez es castigada. De hecho, yo diría que hay una especie de pacto de impunidad entre el poder económico y el poder político para que permanezcan sin castigo las empresas que son sorprendidas en actos de corrupción. Una evidencia de lo anterior es que hay empresas que a pesar de que fueron sorprendidas en malas prácticas siguen operando como contratistas del gobierno. La única forma de evitarlo es seguir el ejemplo de otros países donde hay castigos ejemplares, no nada más inhabilitaciones temporales como ocurre en México, para las empresas corruptoras. En países como Estados Unidos se les aplican sanciones multimillonarias que desalientan volver a incurrir en actos de corrupción.

Un ejemplo paradigmático de esto es la empresa brasileña Odebrecht. Háblenos sobre este caso en relación a México.

Se trata de uno de los casos de corrupción multinacional más paradigmáticos que existen. De 2010 a 2016, Odebrecht obtuvo en México contratos por más de 4 mil millones de dólares. ¡Una cantidad monstruosa! El monto que ahora se sabe que pagaron en sobornos en México supera los 16 millones de dólares. Esa cantidad no representa ni siquiera el 1% respecto de los beneficios económicos que obtuvo la empresa en nuestro país. 16 millones de dólares de sobornos frente a beneficios económicos de más de 4 mil millones de dólares. Una diferencia gigantesca. Esos sobornos terminan siendo cacahuates respecto a los beneficios económicos que obtienen.

¿Podemos asegurar que los montos que han reconocido que entregaron en sobornos representan la cantidad real de lo que dieron? No me imagino a un político mexicano aceptando un miserable soborno de un millón de dólares cuando la empresa a las que va a beneficiar obtendrá ganancias de miles de millones. ¿Podríamos hablar de un subregistro de sobornos?

Sí. Yo creo que tanto de parte de las empresas que confiesan que dieron sobornos, como de los funcionarios que fueron sorprendidos recibiendo ese dinero, siempre mencionan una cantidad menor a la realmente pactada. Me parece que el término que manejas es muy adecuado, un subregistro de sobornos, porque lo que se llega a saber es lo que confiesan que dieron. Han surgido indicios de que el monto realmente es mayor al que confiesan. En la evidencia que surgió ahora con el caso Odebrecht, con las confesiones de Lozoya que cuando fue a la fiscalía a declarar pues cuando uno sumaba los montos que confesó, representaban más del doble de los que la propia empresa había reconocido. ¿De qué nos está hablando esto? De que hay efectivamente un registro inferior, un subregistro, respecto a lo que realmente se paga y respecto a lo que se conoce o a lo que se confiesa. ¿Por qué confiesan menos? Porque eso implicaría sanciones mucho mayores, escándalos políticos de grandísimo alcance y queda gran parte de esto en el secreto corporativo porque lo que hacen muchas de esas compañías es manejar estos fondos a través de dobles contabilidades. Eso no queda registrado en las contabilidades sino la llevan en forma alterna, por eso que Odebrecht manejaba gran parte de sus fondos incluso en efectivo, los transfería a través de los llamados maleteros u hombres que se dedicaban a sacar fondos en efectivo de Brasil, los llevaban a otras naciones, y allá no quedaba registro de esos fondos. O sea, así como hay un subregistro de los montos pagados, también hay un subregistro de las ganancias de las propias empresas.

¿Cuál es el costo para la sociedad de que haya empresas y autoridades coludidas en este intercambio de dinero por contratos? En el libro deja claro el asunto de la pandemia y de cómo los sobreprecios afectan el equipamiento de los hospitales.

La corrupción hay que visualizarla como una problemática que atañe al ciudadano común, porque algunas personas se imaginan la corrupción como en las altas esferas y que es un asunto de arreglos oscuros entre hombres de dinero y políticos de alto poder. Pero no. Cualquier acto de corrupción termina afectando al ciudadano común, porque resulta que, por ejemplo, cuando se otorgan asignaciones directas, sin licitación pública, a empresas mediante contratos ya arreglados entre funcionarios y las corporaciones, pues se quita la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso a productos y servicios mucho más baratos. Por decir algo, si se lanza una licitación pública de un hospital y ese hospital se asigna directamente en lugar de llevarse a la licitación y ese hospital se construye en mil millones, pero por otro lado, si se hubiera hecho la licitación, hubiera costado 500 millones, hay 500 millones que se llevo la corporación en ese contrato directo cuando pudo haberse realizado mediante una competencia abierta, pública y transparente a la mitad del precio. Eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de los respiradores, donde hubo adjudicaciones directas en los ventiladores para Covid-19 al triple del valor real del producto, es decir, pagar ese sobrecosto le quitó fondos al presupuesto que pudieron invertirse para adquirir más equipos, más medicamentos, contratar más médicos, etc. Entonces ahí el daño está directamente en la salud de la población, en la atención de salud a la población, y si esto lo llevamos a distintos ámbitos de la vida, a distintos ámbitos donde la administración pública está obligada a llevar un correcto manejo de los recursos, pero no lo hace porque privilegia algunas empresas, algunas corporaciones con asignaciones directas, con contratos con sobrecosto, con añadidos a los contratos originales, es decir, una serie de maniobras y estrategias que encarecen los productos y los servicios que contratan, todo eso contribuye a quitar recursos al Estado, recursos que deberían administrarse en forma más eficaz y beneficiar a mayor cantidad de personas. Por eso hablo yo de un concepto de saqueo, porque cuando se dan estos arreglos, estos contubernios entre hombre del poder político y hombres del poder económico, pues se le está quitando recursos a la población en general, recursos que podrían… alcanzar de manera más generalizada y con mayores beneficios a la sociedad en general.

Unos de los fenómeno que aborda en el libro es que las empresas que han entregado sobornos y han sido descubiertas, solo se les castiga temporalmente, pero luego vuelven a participar en licitaciones y vuelven a ganar contratos. ¿Por qué se da esto? ¿No hay más empresas que ofrezcan estos medicamentos, estos servicios, estos productos?

Yo creo que lo que ocurre es que faltan reglamentaciones más estrictas y normatividades mucho más duras que restrinjan la participación de empresas que han incurrido en faltas graves. Una de las consecuencias para las empresas que incurran en estas prácticas me parece que debería ser la reparación del daño, algo que no se aplica en nuestro país. Eso por ejemplo se está litigando ahora en EUA: un par de compañías que incurrieron en estas faltas se está litigando para tratar de que reparen el daño, el daño que ocasionaron con contratos amañados o con contratos con sobreprecio. Eso debería ser una práctica congruente aquí en México y estoy seguro que con este tipo de medidas desalentaría a las corporaciones a volver a incurrir en estas faltas.

En la administración actual no ha habido un cambio sustancial con respecto a este tipo de prácticas. Usted menciona ejemplos de empresas que en administraciones anteriores fueron castigadas, multadas y siguen recibiendo contratos actualmente.

En la administración actual el esquema que se sigue, y qué bueno que lo mencionas, es el de privilegiar cada vez más las asignaciones directas. Es preocupante que en la actual administración se privilegien menos las licitaciones públicas porque se abre la puerta a actos de corrupción, sobre todo porque esos actos de discrecionalidad se pueden prestar a negociaciones entre el funcionario y una empresa interesada en obtener un contrato. Las adjudicaciones directas deberían ser excepciones y no una práctica, como está ocurriendo en el actual gobierno federal. Y de hecho esta práctica va a contracorriente del discurso presidencial de combate a la corrupción. Si realmente se quiere combatir la corrupción, un primer paso debería ser propiciar las licitaciones públicas, los concursos abiertos, de manera que se garantice la libre participación de todas aquellas empresas que se consideren en condiciones de competir para tener un contrato público. Esto le reduciría el margen a las corporaciones que han venido dominando grandes contratos en los últimos sexenios, porque permitiría la creación de consorcios entre varias empresas mexicanas para poder competir en fortaleza y capacidad con grandes corporaciones. Pero en el momento en que se decide otorgar contratos directos se quita esta posibilidad de libre competencia.