Con el mismo estilo de “al diablo las instituciones” que los ha caracterizado desde que asumieron las presidencias municipales de Mazatlán y Ahome, Luis Guillermo Benítez Torres y Manuel Guillermo Chapman Moreno violentaron las normas del Sistema Estatal Anticorrupción para lograr que los titulares del Órgano Interno de Control, que es el responsable de cuidar el uso de recursos públicos, sean serviles a los dos políticos y les cubran las espaldas ante casos de mal uso del dinero que es del pueblo.
Por Redacción De Primera Noticias.
“Están violando la ley y tendrán que atenerse a las consecuencias”, les advirtió la síndico procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y al grupo de nueve regidores que consumaron el martes 13 de octubre un nuevo ataque al sistema legal que existe para combatir la corrupción en Sinaloa.
“El Químico” logró que la fracción rastrera del Cabildo llevara a cabo la ratificación de Rafael Padilla Díaz en el cargo de titular del Órgano Interno de Control, a pesar de que la Síndico Procurador había corrido el procedimiento legal para elegir a quien debiera ocupar ese puesto, resultando seleccionado Moisés Ríos Pérez. Sin embargo, el alcalde y sus regidores impusieron al que ha sido cómplice en vez de fungir como auditor del gobierno de Mazatlán.
Las leyes del sistema estatal y municipal anticorrupción, la de responsabilidades de servidores públicos y la del gobierno municipal solamente autorizan a la síndico procuradora a que realice el proceso que marca la norma jurídica para convocar, elegir y proponer a quien opera como una especie de “zar anticorrupción” en los municipios.
Pero a la fuerza, de una manera autoritaria, seguido por los regidores que le son leales, Benítez Torres se alzó con el calificativo de infractor de la legalidad y tendrá que ir ante los tribunales electorales y penales a explicar su pose de tirano y prepotente. Minutos después de alcanzar la ratificación de Padilla Díaz le tomó protesta al viejo estilo de la ley de Herodes: “o te jodes, o te jodes”.
“Yo no lo propongo y por tanto no puede ser votado”, reclamó Elsa Isela Bojórquez, quien desde su posición de síndico procuradora le ha señalado al alcalde Benítez las veces que ha incurrido en irregularidades en el desempeño de la función pública. “Me imaginé muchas cosas pero nunca que fueran a llegar a estos límites donde la norma jurídica les vale y la violentan ante los ojos de todos”, señaló.
“Están yendo en contra de los principios de la Cuarta Transformación, que llama a combatir la corrupción”, le gritó al “Químico”, mientras ella y los que se negaron a avalar la farsa abandonaron la sesión de Cabildo.
A favor de la postura de Benítez Torres votaron los ediles morenistas José Manuel Villalobos Jiménez, Paulina Guadalupe Osuna Castañeda y Santa del Carmen Tirado Díaz; los priistas María Teresa Núñez, Ricardo Michel Luna, María Isabel Gamboa González, Felipe de Jesús Velarde Sandoval, y, la independiente Guadalupe Aguilar Soto. En contra, Bojórquez Mascareño, Adalberto Valle Pérez, Alberto Lizárraga y Elizabeth Ríos Peña.
EL DICTADOR CHAPMAN
Pero desde casi un mes antes el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, había asumido la misma actitud ilegal al designarse también a un auditor a modo. Procedió a prologarle el cargo a Pavel Roberto Castro Félix, el mismo titular del Órgano Interno de Control que le ha solapado al presidente municipal las diferentes conductas constitutivas de delito en que ha incurrido.
La sesión fue secreta, en lo oscuro, tomando como pretexto las restricciones que impone la pandemia de coronavirus. A través de un boletín de prensa se hizo público el atropello a la legalidad también normalizado por la mayoría de los regidores que fingieron no saber que la designación del responsable del OIC es atribución únicamente de la oficina del Síndico Procurador.
“Dicha sesión se realizó de manera privada atendiendo los protocolos de la nueva normalidad, por lo que se transmitió a través de las plataformas oficiales del Ayuntamiento de Ahome”, informó escuetamente el Ayuntamiento sin dar el soporte jurídico con el cual “Billy” Chapman se asignó facultades que no le corresponden.
Pavel Castro, que paradójicamente es quien debe auditar al mismo alcalde que lo ratificó en el cargo, trabajó la primera mitad del período de Chapman como “tapadera” de los desaseos administrativos y financieros de su benefactor. Ninguna observación, cero declaraciones y revisiones que incomoden al morenista que gobierna en Ahome.
El procedimiento es el mismo al que utilizó Benítez Torres en Mazatlán. La Síndico Procuradora Angelina Valenzuela Benítes, impugnó el nombramiento que otorgó Chapman pero los regidores que actúan como servidumbre del alcalde del Ahome hicieron su parte para que se concretara el pisoteo al estado de derecho.
Angelina Valenzuela y los regidores Fernando Arce (PAS) y Gerardo Amado y Ramón López Félix (Morena) declararon que Chapman volvió a violar la ley y deberá responder ante los tribunales por conductas que atacan los diferentes ordenamientos que facultan a la Síndica Procuradora como única que deba proponer a Cabildo al titular del Órgano Interno de Control.
El regidor Fernando Arce consideró que el alcalde de Ahome es una parodia mala de la película La Ley de Herodes porque se burla de la ley a placer para que una camarilla de políticos mantengan el poder a toda costa. Diferentes organizaciones llevarán el caso ante el Tribunal Electoral de Sinaloa y el Sistema Estatal Anticorrupción.
Chapman ha sido citado en diferentes ocasiones para que responda por sus manotazos autoritarios. En más de una ocasión los ahomenses han presentado solicitudes de juicio político para que el Congreso del Estado le abra procedimientos que lo destituyan del cargo. Por esa razón, para quienes lo critican por darse un contralor a la medida solamente se trata de una mancha más al tigre de la corrupción en que se ha convertido “Billy”, el que se habituó a estar en el banquillo de los acusados.
ACUSANDO A LOS TIRANOS
Diferentes organizaciones han optado por llevar ante las instancias legales los casos de Mazatlán y Ahome que han derrumbado lo sistemas municipales anticorrupción. Se trata de demandas de tipo penal y de restauración de derechos ciudadanos esperándose que esta vez no queden en la impunidad como acostumbran actuar las autoridades.
En Mazatlán, la Síndico Procuradora dio a conocer que elevará una demanda ante el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en contra de los miembros del Cabildo que votaron por la ratificación de Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control, pues es su facultad hacer la propuesta para quien ocupe ese cargo y ella no lo hizo.
“Denunciaremos que están violentando mi derecho a ejercer la función como Síndico Procuradora, metiéndose en lo que no les corresponde. Desafortunadamente sí fue verdad, yo pensé que estábamos en una irrealidad y la ciudadanía lo vio, están al pendiente de lo que estamos haciendo, y si yo no demando, va a ser omisión mía, legalmente tengo que hacerlo”.
De igual manera agrupaciones de la sociedad civil tratarán que se establezcan sanciones contra Benítez Torres y sus regidores. Por ejemplo, Observatorio Ciudadano de Mazatlán y la Contraloría Ciudadana de Mazatlán informaron que ejercerán acciones penales en contra del Cabildo de Mazatlán por considerar que la Sesión Extraordinaria 25 de Cabildo estuvo plagada de irregularidades e incumplimientos penales al avalar la ratificación de Rafael Padilla Díaz como titular del Órgano Interno de Control.
Gustavo Rojo Navarro y Jorge Figueroa Cancino, representantes de las dos organizaciones de la sociedad civil, señalaron que con su actuación el Cabildo perdió la oportunidad de impulsar un proceso legal y transparente, como se lo habían recomendado. Coinciden en que el Congreso del Estado debe revisar la reelección de Padilla Díaz en el OIC Mazatlán y a estar atentos a lo que pasa en los restantes 17 municipios de Sinaloa, que pronto entrarán a un proceso de selección del titular del Órgano Interno de Control.
En la próxima semana serán llevadas a los tribunales las denuncias contra Benítez Torres y Chapman Moreno ante las autoridades competentes. La justificación legal es que los alcaldes y sus cabildos violaron el artículo 67 Bis de la Ley de Gobierno Municipal y el Artículo 20 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. ¿Esto es suficiente para procesarlos penalmente, someterlos a juicio político y destituirlos de los cargos? La bancada de Morena que controla la 63 Legislatura estatal tiene la palabra.
LO QUE EL QUÍMICO CONVIRTIÓ EN LETRA MUERTA
Un día antes de que Luis Guillermo Benítez Torres consumara el acto ilegal de designar a quien le revisará las cuentas desde el Órgano Interno de Control, 15 organizaciones que trabajan en México, Sinaloa y el mundo en materia de combate a la corrupción le habían pedido que rectificara y se apegara al marco legal.
“Hacemos un llamado al presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y al cuerpo de regidoras y regidores, a valorar la trascendencia de la selección, asegurando en cada paso prácticas altamente confiables, alejadas de cualquier interés personal y partidista, y apegadas a altos estándares de transparencia, participación efectiva, rendición de cuentas y pertinencia cultural”.
“Las y los exhortamos a valorar también los criterios establecidos en el Decálogo de Designaciones Públicas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que sugiere procedimientos concretos para garantizar la imparcialidad y objetividad de las y los evaluadores”.
Advertían las organizaciones que lo hecho por “El Químico” representa un grave retroceso para Sinaloa y el país debido a que se optaría por la vía más arbitraria, opaca y discrecional para elegir a quien ocupará la vacante en este cargo.
“El acuerdo del Cabildo para reponer el proceso representa una oportunidad para que el Ayuntamiento de Mazatlán garantice los 10 principios que dotan de credibilidad a los procesos de designaciones públicas. El Observatorio de Designaciones Públicas destaca los siguientes: (1) Acceso a la información, (2) Perfil idóneo, (3) Evaluación de los perfiles, (4) Deliberación pública, (5) Certeza jurídica, (6) Valoración exhaustiva, (7) Máxima publicidad, (8) Participación ciudadana, (9) Fundamentar las decisiones, y (10) Méritos y capacidades”.
Pero plantado en el municipio donde manda como cacique, el tiránico Luis Guillermo Benítez no entendió y mandó a donde pudo a la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa, Observatorio Designaciones Públicas (Fundar y Artículo 19), Iniciativa Sinaloa, Coparmex Sinaloa, Transparencia Mexicana, Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción (Jalisco), Observatorio Legislativo ITESO (Jalisco), Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Consejo Cívico de las Instituciones (Coahuila), Red por la Participación Ciudadana (Chihuahua), Fuerza Ciudadana Anticorrupción y Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome.