Para el presidente López Obrador el tema de la planta de amoniaco en Tolobampo ya está resuelto. Sin embargo, la consulta indígena realizada el 9 y 10 de julio en Ahome, El Fuerte y Guasave no se realizó en las tres comunidades que promovieron los juicios de amparo ante la SCJN. Los representantes de las etnias yoreme-maya de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones rechazan la operación política diseñada desde los gobiernos estatal y federal para convencer, cooptar o intimidar a la población que se opone al proyecto.
Por Redacción De Primera Noticias.
El pasado 15 de julio, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio por concluido el proceso de consulta indígena en el norte de Sinaloa, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si se reanudan o no los trabajos de construcción de la planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo.
“Se llevó a cabo una consulta para que una empresa alemana se establezca. Se hizo una primera consulta. Hubo una inconformidad, un amparo, se ordenó desde el Poder Judicial que se hiciera otra consulta. Se terminó ya la semana pasada. De 13 comunidades, 12 aprobaron. Y una no es que no haya aprobado, sino que no participaron. Pero ya está resuelta la cuestión legal”, declaró el mandatario.
Sin embargo, dichas aseveraciones son incorrectas, en primer lugar porque el proceso de consulta indígena no ha terminado, y en segundo lugar porque la inconformidad no inició con la primera consulta no vinculante que autoridades estatales realizaron el domingo 28 de noviembre de 2021, en la que el 81.9 por ciento de los votos fueron a favor de la construcción de la planta.
La primera etapa de la consulta indígena que se realizó el sábado 9 y domingo 10 de julio incluyó 12 asambleas deliberativas en comunidades indígenas de los municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave. Sin embargo, no participaron las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, que fueron las que interpusieron el recurso de amparo ante la SCJN y por cuya demanda se ordenó precisamente la realización de esta consulta.
Esas 12 primeras asambleas se realizaron en los centros ceremoniales de las comunidades de El Colorado, 5 de Mayo, Carrizo Grande, San Miguel Zapotitlán, San Isidro, Vallejo y La Florida, pertenecientes al municipio de Ahome. Así como Cerro Cabezón, Juan José Ríos y Salsipuedes, Guasave. En tanto que por el municipio de El Fuerte se realizaron asambleas de votación en Mochicahui y Charay.
En todas, salvo en Juan José Ríos, se votó a favor de la construcción de la planta de amoniaco. Las asambleas en las comunidades que interpusieron la demanda ante la SCJN están programadas tentativamente para el 7 de agosto (Ohuira), 14 de agosto (Lázaro Cárdenas) y 21 de agosto (Paredones).
Durante las asambleas se colocaron Mesas Consultivas encabezadas por funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y Secretaría de Gobernación (SEGOB), además de los gobernadores indígenas de cada comunidad. Los pobladores interesados en participar llegaron en camiones desde otras localidades más apartadas para reunirse en los centros ceremoniales. Primero se registraron, luego hubo un espacio para expresar dudas e inconformidades y posteriormente se llevó a cabo la votación a mano alzada. De acuerdo con la SEGOB participaron mas de 2 mil 400 integrantes de los pueblos indígenas mayo-yoreme.
“El objetivo de este ejercicio fue determinar si la SEMARNAT renovará el permiso de Manifestación de Impacto Ambiental al proyecto de instalación de la planta, el cual está desfasado debido a la suspensión dictaminada por un juzgado federal ante los amparos interpuestos por habitantes de los campos pesqueros Ohuir, Paredones y Lázaro Cárdenas”, señaló la SEGOB en un comunicado de prensa.
El propio gobernador Rubén Rocha Moya tuvo que salir a desmentir las palabras del presidente López Obrador. Aclaró que la consulta no terminará hasta que sean consultadas todas las comunidades indígenas enclavadas en el polígono de afectación en un radio de 45.5 kilómetros alrededor de la planta de amoniaco.
“Sí, eso, sí porque le están dando esa prerrogativa y respetar a esos grupos, entonces sí, hasta que terminen la consulta, las autoridades federales están partiendo de la idea de que la consulta termina cuando consulten a todos”, comentó Rocha Moya.
Los argumentos que esgrimen activistas de las tres comunidades que no participaron en las primeras asambleas son que el Gobierno del Estado y las dependencias federales se han encargado de hacer una operación política encaminada a convencer a los indígenas, no ha escuchar las opiniones divergentes ni a atender las demandas de la población.
Criselda Sánchez Leyva, líder yoreme del campo pesquero Lázaro Cárdenas, aseguró que en los pueblos originarios existe irritación contra el gobierno por los constantes engaños, las mentiras lanzadas por los funcionarios y por las tramas orquestadas para favorecer a como dé lugar a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), subsidiaria mexicana de la compañía alemana PROMAN, encargada de la obra.
Señala que los habitantes de estas tres comunidades, las más cercanas a la bahía de Ohuira donde se planea construir la planta de amoniaco, están decididos a defender su territorio y actividad pesquera incluso a riesgo de su propia vida.
Rene Rojo Ahumada, comisario ejidal del campo pesquero El Muellecito, perteneciente a Lázaro Cárdenas, denunció que el gobierno está usando a los integrantes del Comité Campesino Número 5 para intimidar a las comunidades que se oponen a la planta de amoniaco. Además, critican que la consulta indígena se haya realizado entre comunidades que no se verán directamente afectadas por la planta de Topolobampo.
Los indígenas rechazan, además, los constantes pronunciamientos por parte del gobernador Rubén Rocha Moya a favor de la planta. Consideran que sus declaraciones son “tendenciosas” y solo abonan a la impresión de que el gobierno estatal está inmiscuido dentro del proceso, no para defender el proceso y la decisión de los pueblos originarios, sino para trabajar al servicio de la empresa alemana. Señalan incluso que antes de la votación del 9 y 10 de julio hubo intentos de soborno por parte de funcionarios para que los indígenas votaran a favor.
Cuestionado por estas denuncias, Rocha Moya rechazó tajantemente cualquier intento de soborno: “Usted no le haga caso a lo que se diga, tráigame pruebas, no me anden con especulaciones, nosotros no sobornamos a nadie, nosotros gobernamos con honestidad a Sinaloa. Tráigame usted pruebas y no me diga qué se dice, dígame quién dice”, le respondió a un reportero que lo abordó por este tema.
Durante la presentación del Plan Municipal de Desarrollo del alcalde Ahome, Rocha dijo lamentar que haya personas que aún consideren que a los indígenas se les puede manipular. Sin embargo, él mismo, en un gesto de absoluta discriminación paternalista, invitó a un representante indígena que se encontraba en el evento a tomar el micrófono y que hablara en mayo. “¿Y nos puedes hablar en mayo? Ven pa´ca y danos un saludo en mayo”, le ordenó. “Y dinos qué te gusta y qué no te gusta de este gobierno”. Segundos después lo interrumpió: “ya le paré porque si no se iba a agarrar viada”. En ese mismo evento, Rocha reconoció que en efecto ha estado haciendo campaña a favor de la construcción de la planta, intentando convencer a los gobernadores tradicionales de los beneficios del proyecto.
Sin embargo, es claro que en las tres comunidades donde aún no se realiza la consulta, la votación será claramente en contra del proyecto, por lo que para evitar ese resultado, se continuará operando políticamente para convencer a los pobladores, aunque sus líderes están más politizados y organizados que en otras comunidades donde ni siquiera hubo las previas asambleas informativas.